La Misión Internacional de Observación y Solidaridad señaló que se debe investigar al Estado colombiano por crímenes de lesa humanidad. El informe recoge denuncias de abuso sexual, asesinatos, persecución, detenciones irregulares y lesiones oculares.
Por Julián Inzaugarat para ARGMedios
La Misión Internacional de Observación y Solidaridad llegó a Colombia el 25 de mayo y realizó relevamientos en todo el territorio colombiano. Finalizada su visita, presentó su informe preliminar sobre la violación a los derechos humanos en el marco del Paro Nacional.
La delegación, compuesta por 21 personas, logró recoger testimonios en Cali, Medellín, Pereira, Siloe, Yumbo, Timbío, Popayán, Santander de Quilichao y Bogotá (Usme, Ciudad Bolívar, Portal de las Américas, Barrio Kennedy, Engativá, Suba), Soacha, Facatativá y Madrid (Cundinamarca), Teusaquillo, La Caldera, y Portal Norte, en Usaquén.
“Hicimos un trabajo muy serio relevando denuncias a distintas violaciones a los derechos humanos por parte de las diferentes fuerzas de seguridad del Estado, pero también por fuera de las fuerzas regulares, distintas personas armadas en coordinación con las regulares. Hay un abordaje de la protesta social como si se tratase de un enemigo interno y con una metodología de guerra”, sostuvo Laura González Velasco, legisladora porteña e integrante de la Misión Internacional.
En Colombia, se realizó una presentación del informe preliminar a la Comisión por la Paz del Senado colombiano, a las Nacionales Unidas, y se reunieron con representantes de la Unión Europea (UE). En los próximos días, se va a presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Algunos organismos, como la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la Procuraduría General de la Nación no nos recibieron, por lo cual no pudimos presentarles el informe. Esos organismos son de la justicia y deberían ser independientes del partido de gobierno, pero lamentablemente no es así. Eso explica que no nos hayan recibido”, agregó Laura.
En el informe, se evidencia que tanto la Policía Nacional y, en especial, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), de común acuerdo con el Ejército, descargan en las manifestaciones y sus adyacencias una combinación de conductas y arsenal sofisticado, con severas consecuencias en el cuerpo y la psiquis de sus víctimas.
Al mismo tiempo, señalaron que “es habitual que el personal policial dispare al rostro con balas de caucho, provocando lesiones oculares en numerosos manifestantes y transeúntes, del mismo modo que es frecuente la utilización de ‘caucheras’, honduras y aún la misma mano para arrojar piedras de gran porte sobre la multitud replegada”.
Una de las denuncias más graves que ha recolectado la Misión Internacional es la existencia de empresas privadas (supermercados y talleres) en las que se habrían dispuesto traslados de personas detenidas en las manifestaciones por efectivos uniformados y de civil, ingreso y egreso de móviles sin identificar, y hasta francotiradores. “El supermercado Éxito de la localidad de Calipso (Cali) y el taller mecánico La Playa (periferia de Bogotá) son los dos casos denunciados”, argumentaron.
Asimismo, en el informe presentado, se resaltan las denuncias de organizaciones de la sociedad civil por abusos sexuales cometidos por las fuerzas de seguridad, tanto en la vía pública como en los lugares de encierro. “Del total de abusos sexuales cometidos, el 79 por ciento fue sobre mujeres y el 8 por ciento sobre disidencias sexuales”, se remarca en el informe preliminar.
La presencia de fuerzas paraestatales también ha sido confirmada por la delegación de derechos humanos, a través de la denuncia del pueblo colombiano. “Se ha acreditado la participación de civiles armados, ya sea desde las mismas líneas de las fuerzas de seguridad o contando con su aquiescencia”, describe el informe.
En este primer informe presentado a la comunidad internacional, sostuvieron que “no hay dudas sobre el carácter de lesa humanidad de estos delitos, atento su carácter sistemático, generalizado y dirigido contra la población civil; ni tampoco sobre la procedencia de apertura de instancias jurisdiccionales universales”.
Entre los crímenes relevados, se recuenta la desaparición forzada de persona; delitos contra la vida (homicidios); delitos contra la integridad física (lesiones oculares, lesiones varias); delitos contra la integridad sexual (abuso sexual); delitos contra la libertad (privación ilegal de la libertad, detenciones arbitrarias, tortura); delitos contra la libertad de reunión y el libre ejercicio a la protesta; y delitos contra la propiedad (daño).
La Misión Internacional concluye que el Estado colombiano debe ser investigado porque, en el marco del Paro Nacional, y a través de sus fuerzas de seguridad regulares e irregulares, habría desaparecido, asesinado, torturado, abusado, perseguido, amenazado e intimidado a vastos sectores del pueblo colombiano.
Laura González Velasco explicó que la Misión Internacional “exigió que la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, se presente en Colombia para frenar la represión. Además, creemos que es necesario que se cumplan los Acuerdos de Paz. A cinco años de esos acuerdos, 272 firmantes del Acuerdo de Paz fueron asesinados, más de 1.500 líderes sociales fueron asesinados y hay acuerdos básicos que tienen que ver con reclamos de los sectores que no se cumplieron. No se cumplió con la entrega de tierra a los campesinos”.
En el informe, explicaron que el Estado colombiano debe ser investigado por haber desplegado sobre población civil indefensa prácticas inscriptas en la lógica bélica, disponiendo para ello de armamento sofisticado y letal, y de conductas brutales e inhumanas por parte de sus efectivos.
*Por Julián Inzaugarat para ARGMedios / Foto de portada: AP
