A 15 años de uno de los máximos logros fundacionales en la lucha contra la impunidad de los genocidas
Con la sanción de nulidad de las leyes 23.492 de Punto Final y 23.521 de Obediencia Debida en 2003, y su posterior declaración de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema, las causas y procesamientos que hasta ese momento habían permanecido frenadas salieron del profundo e inmoral letargo. De todas ellas, la causa Etchecolatz fue la primera en llegar a juicio y su inicio fue histórico desde múltiples dimensiones: “Creo que este juicio es producto de nuestra lucha, como lo serán todos aquellos que le sigan”, enfatizó con sentido premonitorio Adriana Calvo –la física y docente universitaria que sobrevivió a los crímenes de la dictadura y que brindó el primer testimonio en el Juicio a las Juntas en 1985- aquella mañana del 20 de junio de 2006. A 15 años de aquella gesta, el Programa de Apoyo a los Juicios, de la UNLP, y la CPM lanzan convocatoria para construir un registro colectivo de memorias del juicio.
Por Agencia ANDAR
El juicio pionero tuvo como único imputado al exdirector de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Miguel Osvaldo Etchecolatz, por los delitos de “homicidio calificado”, “privación ilegal de la libertad calificada” y “aplicación de tormentos” cometidos contra 8 víctimas entre octubre y noviembre de 1976.
Desde 2006 hasta hoy, Etchecolatz recibió 8 condenas a prisión perpetua y, en general, se dictaron 250 sentencias por crímenes de lesa humanidad en todo el país con más de 1000 imputados que recibieron condenas. Pero ni aquel comienzo de este tipo de juicios sería fácil ni el recorrido de 15 años estaría libre de obstáculos.
En la mañana del 20 de junio de 2006, se realizó, en las inmediaciones del Palacio Municipal de La Plata –en cuyo Salón Dorado se desarrollaría desde ese mismo día el juicio contra Etchecolatz-, un acto convocado por el espacio “Justicia YA en La Plata” que reunió a centenares de miembros de organismos de derechos humanos, familiares de víctimas, sobrevivientes y representantes de organizaciones sociales, gremiales y políticas que demostraron su apoyo al juicio y su repudio al genocida Etchecolatz. La CPM registraría con video todas las jornadas del debate, siendo actualmente uno de los pocos registros audiovisuales completos del juicio.
En el país, nunca se había realizado, hasta ese día, una audiencia de debate oral y pública por este tipo de crímenes, excepto por el Juicio a Las Juntas. “Este no es el juicio que queremos, pero es el que tenemos”, dijo Adriana Calvo, de la Asociación de ExDetenidos Desaparecidos, por no indagar esa causa en la totalidad del circuito de centros clandestinos de detención bajo el mando de Etchecolatz.
La valoración de la sobreviviente y testigo sería, en adelante, ratificada constantemente por el movimiento de derechos humanos argentino a raíz de la fragmentación de las causas y de los hechos ventilados, y de su no inserción dentro del plan sistemático de exterminio en muchos de los expedientes tramitados, además de las demoras en la instrucción de las causas que ha favorecido la impunidad biológica por el fallecimiento de muchos de los imputados.
De hecho, en los 15 años transcurridos desde el primer juicio, más de 700 imputados murieron antes de obtener sentencia. Y hacia fines de 2020, se registraban todavía 280 causas en etapa de instrucción, lo que, a juicio de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad, “requiere de la implementación de medidas y recursos urgentes que se orienten a permitir un avance y esclarecimiento en el menor tiempo posible”.
Pasado el mediodía de aquel 20 de junio de 2006, el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata –presidido en aquel momento por el juez Carlos Rozanski, y las vocalías de los magistrados Horacio Insaurralde y Norberto Lorenzo- dio inicio al histórico debate oral y público con la lectura de la acusación formulada por el fiscal federal Carlos Dulau Dumm.
Tal como registran las crónicas de la época distribuidas por Justicia YA, “en ese escrito, la Fiscalía comenzó por enmarcar los hechos investigados en esta causa dentro del plan sistemático de represión ilegal instaurado por la última dictadura. Recalcó que los casos abarcados en este expediente ‘son sólo una fracción’ de los delitos cometidos en el marco del terrorismo de Estado y destacó el funcionamiento total e interconectado del aparato represivo”.
“Está probado el señorío de Etchecolatz en el sistema de centros clandestinos de detención (…) Tenía dominio sobre esa estructura represiva”, agregó la Fiscalía respecto al exdirector de Investigaciones de la Policía de la provincia de Buenos Aires, cargo que ocupó entre el 5 de mayo de 1976 y el 28 de febrero de 1979.
Los casos y hechos puntuales que se ventilarían en ese juicio fueron el homicidio calificado de Diana Teruggi; la privación ilegal de la libertad, torturas y homicidio de Patricia Dell’Orto, Ambrosio De Marco, Nora Formiga, Elena Arce y Margarita Delgado; y la privación ilegal de la libertad y torturas de Nilda Eloy y Jorge Julio López.
El salón Dorado de la Municipalidad estuvo colmado desde el inicio y en inquietante silencio mientras duró la lectura de la acusación: se mezclaban las expectativas acumuladas durante décadas y las novedades sobre una modalidad de juicio en la que casi todo resultaba un desafío para las querellas, la fiscalía y el propio tribunal.
Tras un breve cuarto intermedio, según describen los relatos de Justicia Ya sobre aquellas jornadas, “el presidente del Tribunal, Carlos Rozanski, llamó al estrado a Etchecolatz para tomarle declaración indagatoria. El juez le preguntó cuál era su profesión. ‘¡Asesino!’, se escuchó desde el público. Cuando el magistrado le preguntó si tenía condenas anteriores, el excomisario evadió la respuesta: ‘Varios, que no los recuerdo’, dijo, y agregó: ‘Y tengo varios pendientes’”.
Además “el represor —patrocinado por sus abogados particulares Adolfo Casabal Elía y Luis Boffi Carri Pérez— se negó a declarar, arguyendo que ‘el Tribunal no tiene autoridad para tratar estos casos, porque corresponden a la jurisdicción militar’ y ‘porque me asiste el sagrado derecho de la Constitución Nacional’”.
Por primera vez, un juicio por crímenes de lesa humanidad era televisado y transmitido por canales de aire y de cable; por primera vez, las víctimas y testigos podían hablar y contar lo que sabían ante la justicia federal, luego de haber testimoniado en los Juicios por la Verdad; por primera vez, la perspectiva de “cárcel común, perpetua y efectiva” se tornaba posible, cercana, palpable.
La escenificación de aquel juicio –el control del uso de la palabra y, en general, de lo que se puede y no se puede hacer, así como la disposición espacial de las partes y la presencia masiva de la “sociedad” frente a los que impartirían justicia, entre muchos otros aspectos- resultó un cambio radical que, con el correr de los meses, se convertiría en una imagen habitual en otros debates orales y públicos.
Y desde aquellas primeras jornadas del juicio contra Etchecolatz, quedarían grabadas en la memoria colectiva el coraje y el compromiso de quienes brindaron sus testimonios. Como el relato de Nilda Eloy, sobreviviente de los centros clandestinos Pozo de Arana, La Cacha y El Vesubio, integrante de la Asociación de exDetenidos-Desaparecidos y destacada trabajadora del Archivo de la Comisión Provincial por la Memoria que falleció en noviembre de 2017 tras una vida dedicada a la búsqueda de la Memoria, la Verdad y la Justicia.
Durante su exposición ante el TOF 1 brindada tres días después de la apertura del debate, el juez Rozanski le propuso un breve descanso para luego retomar su testimonio, pero ella respondió que no: “No voy a parar. Fueron muchos años de silencio”. Una respuesta que repetirían muchas y muchos de los testigos en cada juicio. El mismo día prestarían declaración testimonial las exdetenidas-desaparecidas Emilce Moler y Mercedes Borra.
María Isabel “Chicha” Chorobik de Mariani, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo y de la Asociación Anahí –en honor a su nieta desaparecida, Clara Anahí Mariani- y consultora académica de la CPM, brindó otro de los testimonios clave para la condena del represor. “Clara Anahí tiene treinta años. Me equivoqué muchas veces siguiendo caminos, pero vivo con la esperanza, la tengo intacta, no me puedo dar el permiso de morirme. Tengo que encontrarme con mi nieta”, dijo durante su extenso testimonio de más de tres horas frente al TOF 1 la histórica luchadora platense que falleció en agosto de 2018.
A 15 años del histórico juicio, el Programa de Apoyo a los Juicios, de la UNLP, y la CPM lanzan una convocatoria abierta para construir un registro colectivo de memorias del juicio. En este sentido, se invita a compartir fotografías, videos, audios, dibujos y notas, además de cualquier producción de la época, al correo fuegenocidio@comisionporlamemoria.org.
*Por Agencia ANDAR / Imagen de portada: ANDAR.
