Con el actual estado de la propiedad intelectual de las vacunas para coronavirus, los países del tercer mundo no tendrán capacidad de inmunizar masivamente hasta 2023.
Por El Salto Diario
Un año después de que el virus Sars-Cov2 transformase el mundo, se expandiera en forma de pandemia y matase, hasta el 25 de abril de 2021, a más de tres millones de personas, la humanidad ha producido vacunas eficaces y seguras. La cuestión que queda por determinar es cómo y cuándo llegarán las vacunas a los distintos puntos del planeta.
Una investigación de The Intercept publicada el pasado viernes 23 de abril muestra cómo 100 lobbistas de las grandes farmacéuticas han desplegado su trabajo en Washington DC para evitar las medidas de liberación de patentes. El reportaje, firmado por Lee Fang, da los nombres del ex congresista Mike McKay, en la actualidad empleado de Pfizer, o de Elissa Alben, también en Pfizer y previamente personal del Consejo Internacional de Comercio.
La movilización de los grandes laboratorios se enfoca a que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, descarte el levantamiento temporal de las reglas de la Organización Mundial del Comercio (WTO, por sus siglas en inglés). En concreto, la sociedad civil mundial pide un levantamiento parcial de los “aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio”, conocido como TRIPS y vigente desde 1994.
A iniciativa de India -que, con 190.000 muertes, es la cuarta nación más afectada por la COVID-19 en términos absolutos- y Sudáfrica -54.000 muertes-, la solicitud, respaldada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y otros 100 países, quiere garantizar que las vacunas lleguen cuanto antes posible al conjunto de la humanidad.
Se oponen a ese plan los laboratorios, que han operado, según la información de The Intercept, a través de los grandes lobbies de Washington: la U.S. Chamber of Commerce, el Business Roundtable y la International Intellectual Property Alliance.
Las críticas a la excepción han sido transversales a electos republicanos y demócratas. Un senador republicano solicitaba, a finales de abril, que Biden se opusiera “a todos y cada uno de los esfuerzos encaminados a renunciar a los derechos de propiedad intelectual”.
Según la OMS, solo el uno por ciento de las 100 millones de dosis de vacunas producidas se ha destinado hasta la fecha a los países de ingresos más bajos. La organización Global Justice Now! se hizo eco de las informaciones de The Intercept para pedir “vacunas para gente”, tras recordar que “millones de personas continúan muriendo porque los monopolios farmacéuticos han creado escasez de vacunas en el sur global”, a través de su portavoz Heidi Chow.
En un artículo de opinión publicado en The Guardian, el divulgador científico Stephen Buranyi estimaba que, desde enero, se han producido alrededor de 430 millones de dosis para alrededor de 215 millones de personas y que, de las dosis ya administradas, “aproximadamente la mitad se destinó al 16 por ciento más rico de la población mundial”.
“Las personas pobres de África, Asia, América Latina y de todo el mundo tienen tanto derecho a estar protegidas del virus, a vivir, como las personas de las naciones más ricas. Para mí, este no es un tema de debate, esto es algo de moralidad básica”, ha declarado Bernie Sanders, senador demócrata y contendiente de Biden en las primarias del partido Demócrata previas a la elección de noviembre de 2020. Sanders es uno de los promotores de una iniciativa ciudadana que ha conseguido dos millones de firmas para pedir a Biden que autorice la suspensión temporal de la propiedad intelectual.
Sin un cambio de tendencia en cuanto a patentes, se estima que 85 países del sur no podrán empezar la vacunación masiva al menos hasta 2023. Entre ellos, se encuentran la mayoría de los países africanos, Bolivia, Paraguay y Venezuela -en Latinoamérica-, y Pakistán o Afganistán en Asia.
Frente al esfuerzo ciudadano global por la liberación de las patentes, hay millones de dólares puestos en juego por la industria, explican las fuentes que presenta el reportaje de The Intercept. El modo de funcionar va desde las cartas hasta la contratación de personal en los alrededores del poder federal o la redacción de artículos de opinión. El mensaje que se repite es que la distribución de vacunas llegará de forma más eficiente si se trata a través de donaciones voluntarias.
Los cientos de partidarios institucionales de que se abran las patentes contraponen otro argumento: el hecho de que la investigación de las vacunas ha sido financiado por enormes cantidades de dinero público.
“Increíblemente, el debate público está tan dominado por la industria farmacéutica y sus aliados, que estamos viendo ante todo una celebración de las dudosas afirmaciones de éxito del sistema, en lugar de discutir sobre las formas en que el sistema nos falló y nos está fallando al abordar la pandemia”, escribía recientemente Dean Baker, codirector del Center for Economic and Policy Research.
*Por El Salto Diario / Foto de portada: A/D
