Consenso biomédico y ley de salud mental en Chile
El proyecto aprobado profundiza la violencia biomédica a los y las usuarias de salud mental, ya que no contempla el cierre de hospitales psiquiátricos, los cuales han generado prácticas reiteradas de torturas.
Por Andrés Kogan Valderrama, desde Chile, para La tinta
La rápida aprobación del proyecto de ley de salud mental en Chile, tanto en la cámara de Diputados como de Senadores, ha sido presentada desde los grandes medios de información del país como un gran avance para quienes padecen algún tipo de malestar subjetivo.
No obstante, a pesar de ello, distintas organizaciones de la sociedad civil, usuarios/as, familiares, activistas y trabajadores/as de la salud mental, han planteado importantes críticas a este proyecto, próximamente a promulgarse como ley, por hacer justamente lo contrario a como se presenta, al no ser capaz de incorporar mínimos que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Es decir, no toma en consideración lo básico a nivel internacional, haciendo que se profundice una vulneración de derechos humanos histórica de parte del Estado chileno a las y los usuarios de salud mental.
Una de las críticas que más se repiten es que el proyecto de ley no incorporó buena parte de las observaciones de las distintas organizaciones existentes, reproduciendo un modelo biomédico de salud, el cual legitima, en el discurso y en la práctica, la estigmatización de miles de personas etiquetadas con “trastornos mentales”, como la aplicación de tratamientos psicofarmacológicos y cerebrocéntricos, que no contemplan la voz de los mismos usuarios.
De ahí que este proyecto profundice la violencia biomédica a los usuarios de salud mental, ya que no contempla el cierre de hospitales psiquiátricos, los cuales históricamente han generado prácticas reiteradas de torturas a las y los usuarios (encierros forzosos, electroshock, psicocirugías, esterilizaciones obligatorias), presentándose estas como tratamientos con base científica.
No es sorprendente, entonces, que en el proyecto explícitamente se refiera a enfermedades mentales, mostrando una desactualización total con la discusión mundial al respecto, en la cual se ha hecho hincapié en no patologizar los diagnósticos.
Asimismo, el proyecto de ley también deja fuera una mirada comunitaria, centrada en la promoción, prevención y rehabilitación, que apele a la idea de Bienestar Integral, como sugiere la evidencia internacional, que toma en especial consideración a poblaciones históricamente discriminadas y excluidas de derechos (niños, mujeres y adultos mayores).
Tampoco le da importancia a causas estructurales más amplias de tipo social (desempleo, bajos ingresos, endeudamiento, explotación laboral, falta de participación, falta de vivienda, discriminación, desigualdad territorial) y ambiental (pérdida de biodiversidad, contaminación, falta de agua), las cuales, evidentemente, afectan la salud mental de las personas en Chile.
Ante esto, es bastante preocupante que la clase política en el país, de izquierda a derecha, conservadores o progresistas, aprueben un proyecto de este tipo. Esto, sobre todo, considerando el momento histórico de carácter constituyente que vive el país, en donde lo que se trata es justamente responder a las demandas históricas de la población.
Al parecer, todos ellos son parte de un consenso biomédico sobre la salud mental, desconectado completamente de las necesidades de Chile en esta materia, dándole la espalda a miles de sobrevivientes de la psiquiatría, quienes, por suerte, muchos de ellos se encuentran fuertemente organizados desde la sociedad civil, apelando a una crítica mucho más estructural a la biopsiquiatría y al negocio farmacéutico que la sostiene económicamente.
Una de ella es Lorena Berríos (loca lúcida, activista eco-feminista), que plantea cómo la crítica al cuerdísimo biopsiquiátrico se entrelaza también con un sistema neoliberal, patriarcal, colonial y extractivista, que ve a las disidencias psicosociales como peligrosas al no ser “productivas” ni “útiles” para la sociedad de consumo, por lo que se busca incesantemente el control de sus cuerpos a través de la medicación y el encierro.
Por eso es que, en Chile y en distintos países en el mundo, se han generado, desde hace varios años, encuentros y marchas por el orgullo loco, los cuales buscan resignificar una etiqueta que ha sido largamente usada para denigrar y vulnerar derechos de personas, solo por ser diferentes y no estar dentro del imaginario occidental de un individuo moderno racional, separado de la comunidad y de la naturaleza.
Por lo mismo, quizás habría que ir más allá de la idea de Bienestar Integral propuesta y transitar hacia el Buen Vivir, que permita reconectar lo que el capitalismo separó (razón-emoción, cultura-naturaleza) en pos de promesas insostenibles como el progreso y el desarrollo, las cuales redujeron y destruyeron vínculos que sostuvieron a seres humanos por siglos.
En consecuencia, reivindicar a las locas, locos y loques no es otra que cosa que reconocer la diversidad psicosocial existente en el país, la cual pareciera que, para las y los parlamentarios en Chile, no fuera tema central, al situarse desde un paradigma biologicista de salud mental, que ha hecho más daño que aporte a la vida de muchas personas, quienes han padecido algún tipo de sufrimiento o malestar subjetivo en sus vidas.
Esperemos que las y los nuevos constituyentes que se elijan en mayo en Chile escuchen y recojan las demandas de este importante movimiento por la dignidad psíquica de las personas, para así construir un país distinto, que no deje fuera a nadie.
*Por Andrés Kogan Valderrama / lustración de portada: Camila Bolívar Manzano
