El anuncio de indagar posibles crímenes de guerra cometidos por Israel y las milicias palestinas en Gaza, en 2014, significa un hecho histórico. Las disputas políticas y los obstáculos son tan grandes que pueden anular toda búsqueda de verdad.
Por Diego Haddad para La tinta
Cuando la Corte Penal Internacional (CPI) confirmó su jurisdicción sobre los territorios ocupados por Israel desde 1967 (Gaza y Cisjordania), sólo era cuestión de semanas para que la Fiscalía de la Corte diera luz verde a una investigación en Palestina. En 2015, Palestina firmó el Estatuto de Roma de 1998, que sirvió de base para la creación de la CPI. Israel criticó la decisión, ya que no reconoce como Estado soberano a Palestina y asegura que no tiene derecho a apelar al tribunal.
El anuncio de la fiscal Fatou Bensouda de comenzar la investigación representa un hecho inédito en materia de derechos en los territorios palestinos ocupados. Sin embargo, a pesar de las abrumadoras cifras de muertos y una gran posibilidad de que hayan existido tales crímenes, podemos presumir que la investigación de la CPI no llegará a buen puerto.
La fiscal aseguró que “existe una base razonable para creer que Israel y Hamás cometieron crímenes de guerra, en el contexto de las hostilidades de 2014 en Gaza” y declaró su intención de investigar la política de asentamientos israelíes en Cisjordania como un posible crimen de guerra. Además, abordará la brutalidad israelí en las protestas pacíficas palestinas a lo largo de la valla de Gaza con Israel, realizadas en el contexto de la “Gran Marcha del Retorno” entre 2018 y 2019. Durante esas movilizaciones, las fuerzas militares israelíes mataron a más de 180 palestinos.
La noticia fue recibida con beneplácito por parte del líder de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abbas, que no sólo celebra el señalamiento a Israel, sino también al principal rival político de su partido Fatah. Por otro lado, Israel dejó de cuestionar la jurisdicción de la Corte y, en su lugar, señaló de antisemitismo al tribunal.
En la guerra de 2014, murieron más de 2.100 palestinos, en gran parte civiles, mientras que las facciones palestinas ultimaron a 67 soldados israelíes y a cuatro civiles. No obstante, a pesar de las abrumadoras cifras, aliados de Israel como Estados Unidos, Canadá y Alemania ya han condenado la decisión de la CPI, y ponen su empeño en desacreditar al tribunal internacional.
En mayo del año pasado, el entonces Secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, amenazó a la CPI con sanciones ante una “investigación ilegítima”, argumentando que no tiene “jurisdicción sobre Israel, que, al igual que Estados Unidos, no es parte del Estatuto de Roma que creó la Corte”. Igualmente, los jueces aseguraron, el mes pasado, que Palestina es un firmante del Estatuto y “se aplica el procedimiento correcto y ordinario”.
Bensouda, que adoptó la decisión después de examinar el caso durante cinco años, sufrió persecución y fue sancionada por Estados Unidos, junto con otros miembros del tribunal. La fiscal abandonará su cargo en junio y le sucederá un juez británico. Israel espera que este cambio ponga fin a la investigación.
Lo cierto es que la investigación podría encontrar un final en cualquier momento, debido a las presiones norteamericanas y la baja influencia palestina sobre la agenda internacional. En caso de que la causa de la CPI corrobore que Israel y Hamás llevaron adelante crímenes de guerra, la falta de poder de la Corte podría hacer que la investigación, simplemente, acabe en la nada.
*Por Diego Haddad para La tinta / Foto de portada: A/D
