Hacia una nueva ley de Educación Superior
El Presidente prometió enviar al Congreso una nueva ley de Educación Superior para “fortalecer el sistema universitario”. Conversamos con rectores de universidades nacionales acerca de una propuesta que también involucra la discusión sobre los planes de estudio.
Por Ludmila Ferrer para El Grito del Sur
Durante la apertura de sesiones legislativas, el presidente Alberto Fernández prometió enviar al Congreso una nueva ley de Educación Superior para “fortalecer el sistema universitario” y que tendrá como “punto de partida la gratuidad y el acceso irrestricto”, reemplazando así la ley actual sancionada en 1995. Si bien todavía no hay un proyecto elaborado, el mandatario convocó a un “gran acuerdo federal por la igualdad educativa”. El Grito del Sur conversó con rectores de universidades nacionales acerca de la propuesta del Presidente.
“Esta es una expectativa que tenemos hace mucho tiempo”, dijo a este medio Delfina Veiravé, presidenta del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rectora de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). “Me parece necesario que se haga un debate y que participen el sector académico y otros sectores de la sociedad que tengan que decir algo de cuál es la universidad o educación superior que requiere el futuro de nuestro país”, afirmó y señaló que no solo se refiere al universo del trabajo y la producción, sino también a “comunidades y organizaciones sociales que hoy demandan formas de educación superior”.
La ley 24.591 de Educación Superior (LES) -modificada en 2015- regula “las universidades e institutos universitarios, estatales o privados autorizados y los institutos de educación superior de jurisdicción nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de gestión estatal o privada” por lo que, además de la voluntad del gobierno nacional, es necesario que debatan los gobiernos provinciales que financian a las instituciones de educación superior que no son nacionales.
Veiravé destacó que la ley creó la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) que “ha sido un organismo de regulación de la expansión del sistema” y que ha mantenido la calidad educativa. “Eso es resultado del procedimiento de evaluación institucional y de calidad de la CONEAU”, aseguró.
Ernesto Villanueva, rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), opinó que esta es una buena oportunidad “para hacer un balance y ver qué podemos corregir”. “La ley tiene un cuarto de siglo, en su momento fue muy resistida, pero ha atravesado muchos gobiernos y hoy tenemos un gobierno que ve en las universidades una herramienta fundamental. Por eso, nos tenemos que autoexigir para ver en qué podemos mejorar”, señaló.
“Tenemos que pensar, por ejemplo, en la duración de los planes de estudio de nuestras carreras. ¿Estamos conformes o no? ¿Cómo están en relación a lo que ocurre en otras carreras del mundo? ¿Están elaborados de modo tal que garantizan más soberanía y mayor justicia social o fortifican las desigualdades?”, cuestionó Villanueva.
Para el rector de la UNAJ, otro de los problemas es “la deserción universitaria”. “La diferencia entre ingresados y egresados es enorme -sostuvo-. El tránsito por la universidad fortifica a las personas aunque no se reciban, pero, si no se van a recibir, tenemos que pensar en títulos intermedios”.
Por su parte, Juan Carlos del Bello, rector de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), señaló que otro de los puntos a tratar en una reforma de la LES es la inclusión de un sistema de créditos para medir el progreso académico. “Hay que salir del corset, de la rigidez del sistema tradicional. Ese es un problema que tenemos y una reforma no puede tratar solo el ingreso irrestricto”, dijo del Bello a este medio.
El sistema de créditos, explicó el rector, se aplicaría a algunas carreras y la ventaja que tiene es “que permite armar tu carrera en función de tus intereses”. “El plan de estudios tiene un núcleo duro obligatorio y después créditos que miden la dedicación horaria en aula y estudio -desarrolló del Bello-. Si te gusta una materia que está en otra universidad, la podés cursar y se hace una transferencia de créditos para validarla”.
Este sistema, agregó, no se aplicaría a “carreras reguladas por el Estado” como medicina y las distintas ingenierías, donde no es posible flexibilizar el plan de estudios.
“También se puede discutir si los títulos tienen que seguir siendo habilitantes. Por ejemplo, en el sistema estadounidense, el título acredita una formación académica, pero el ejercicio profesional te lo autoriza el Estado. Si te recibís de abogado, después tenés que rendir un examen en el Estado para poder ejercer”, reflexionó del Bello.
La pandemia, agregaron los académicos, planteó otro desafío: la educación virtual. “En la ley, no se trató y hoy debería tener una importancia mayor. Hay que pensar cómo combinar la presencialidad y la virtualidad”, sostuvo Villanueva.
“Eso va a requerir pensar también en términos de financiamiento y presupuestario -agregó por su parte Veiravé-. Con la educación a distancia es posible llegar a lugares y sectores a los que no se llegaba porque es imposible tener una universidad en cada pueblo con la excelencia y calidad requeridas. Hay que pensar en potenciar las innovaciones que hoy se llevan adelante y también cómo pensamos los desafíos del futuro”.
Un problema urgente: el derecho a la educación de los pueblos indígenas y personas afrodescendientes
Antes del discurso presidencial, la Cátedra Unesco Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) organizó su segunda reunión para elaborar una propuesta que modifique la LES actual e incluir el derecho a la educación de los pueblos indígenas y las personas afro.
“Esta modificación es urgente y no puede esperar a una nueva ley. Cada día que pasa, las soluciones se demoran y siguen siendo violados los Derechos Humanos de estas personas”, dijo a El Grito del Sur Daniel Mato, director de la cátedra y encargado de elaborar el Reporte Regional del Informe Global de Educación (GEM) 2020 de la Unesco.
En el encuentro -del que participaron también Veiravé, del Bello y el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel-, se propuso modificar los artículos 2, 3, 9, 13, 28 y 29 de la LES actual para garantizar los derechos de acceso a la educación superior así como los derechos de participación y consulta de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. “Lo que proponemos es una modificación puntual con un objetivo específico y es lograr que la ley asegure los Derechos Humanos consagrados en el artículo 75 de la Constitución Nacional en sus incisos 17 y 22”, afirmó Mato.
“Argentina es uno de los países más atrasados de América en esta materia y eso es doblemente grave porque, en temas de Derechos Humanos, es uno de los más adelantados del mundo, no solo en lo que hace a Memoria, Verdad y Justicia, sino también en materia de género -apuntó el académico-. Nos sentimos orgullosos de estos avances. Mientras esto no sea ley, en el país, no hay una política de acción afirmativa o de discriminación positiva (que favorezca a los pueblos indígenas y personas afro)”.
Mato explicó que los datos plasmados en el GEM indican que “las personas indígenas y afro no acceden a la educación superior no porque esté prohibido, sino porque, para eso, tendrían que haber terminado el secundario”. “Cuando se ven los datos del censo del 2010, se encuentra que el porcentaje de personas con estudios de educación superior completa en personas indígenas es 40 por ciento menor al de la población en general -señaló-. Pero hay algo más grave y es que, de la población afrodescendiente, ni siquiera se produjeron datos. El Estado sigue negando la existencia de personas afrodescendientes”.
Para Mato, entre los problemas que tienen los pueblos indígenas para acceder a la educación primaria y/o secundaria están “la diferencia lingüística (en muchas comunidades son pocos los que hablan castellano), la distancia con los lugares de estudio o que se ven involucrados en el trabajo familiar”. “Y cuando llegan a las escuelas sufren eso que ahora se llama bullying y antes se le decía discriminación”, agregó.
“Yo estoy muy contento de que Alberto (Fernández) piense que tenemos que debatir una nueva ley de Educación Superior -manifestó Mato-. Pero eso va a tomar tiempo y esto es urgente porque es un tema de Derechos Humanos que se aplica al área de educación”.
*Por Ludmila Ferrer para El Grito del Sur / Imagen de portada: El Grito del Sur.
