Urbanismo feminista para la ciudad de Córdoba
La semana pasada, el Ejecutivo Municipal anunció un proyecto de ordenanza de asignación de usos del suelo en la nueva mancha urbana. Se pretende modificar una normativa que tiene más de 35 años sin revisión y que ha consolidado una distribución y acceso desigual al espacio y los servicios urbanos en la ciudad. La tinta habló con referentes de CISCSA y de JÜNTAS, dos espacios locales que -desde el feminismo- revisan el estado actual de la ciudad y reflexionan sobre las nuevas iniciativas.
Por Redacción La tinta
El Ejecutivo Municipal envió al Concejo Deliberante un nuevo proyecto de ordenanza de asignación de usos del suelo en la nueva mancha urbana. Funcionarixs de la Secretaría de Desarrollo Urbano ingresaron -para su debate- el proyecto denominado “Plan de Ordenamiento Territorial del Área Intermedia y Periférica de la ciudad de Córdoba”, que establece un nuevo ordenamiento territorial y tiene como objetivo frenar la expansión de la ciudad e impulsar la ocupación de tierras disponibles en zonas ya urbanizadas.
El intendente Martín Llaryora prometió, con esta nueva normativa, terminar con la “anarquía” en el crecimiento urbano de la ciudad que, según expresó, se ha dado una expansión sin densificación y se encarecieron todos los servicios, mostrando un caso de «deseconomía» urbana.
La Ordenanza que se busca modificar es la Nº 8133 y data de 1985. Desde entonces, la ciudad tuvo una importante expansión hacia el noroeste y hacia el sur. El nuevo proyecto ingresado la semana pasada está abocado a las zonas intermedias de la ciudad (aquellas que se encuentran por fuera de los barrios pericentrales y hasta Circunvalación) y a las periféricas (que son las que están desde Circunvalación hasta el límite del ejido municipal). Según lo dicho en la presentación del proyecto, una de las metas es favorecer los procesos de consolidación, densificación y extensión urbana selectiva orientada al principio rector de una ciudad compacta, policéntrica y sostenible.
Más de tres décadas después, cabe preguntarse qué debates o disputas políticas existieron en la gestión del uso del suelo y la planificación urbana, también cuando el intendente y su partido fueron oposición. Vale recordar los procesos que vivió esta ciudad de “erradicación de villas miseria y relocalización en barrios ciudad, en el cordón de la periferia” o los procesos de gentrificación de barrios como Güemes y Alberdi, entre otros, avalados tanto desde el Municipio como desde Provincia. Cambian los liderazgos, pero la política de fondo tiene la misma conformación desigual y patriarcal.
¿De qué manera se construye una normativa que afecta la vida de cada cordobés y cordobesa? ¿Qué voces serán incluidas en el debate? ¿Pensando en qué ciudadanía? Y luego, ¿con cuáles políticas públicas se instrumentará? En nuestra ciudad, existen organizaciones y espacios que trabajan desde una perspectiva feminista para pensar las ciudades que queremos.
“La forma de construcción actual de nuestra ciudad nos está llevando a un estado crítico de las variables físicas y perceptuales, ya que se profundizan las problemáticas mediante la división social y económica que generan las especulaciones del mercado, el desequilibrio ambiental y la crisis de los cuidados. Es por ello que los gobiernos se ven obligados a generar procesos de planificación urbana tendientes a mejorar las condiciones de habitabilidad. Desde nuestra organización, entendemos que cualquier reflexión y propuesta urbana debe estar interpelada por la perspectiva de género: las mujeres son quienes más utilizan cotidianamente los espacios urbanos”, afirman desde JÜNTAS por el derecho a la ciudad.
La organización está integrada por mujeres jóvenes de diversas disciplinas -arquitectas, politólogas, sociólogas, comunicadoras y antropólogas- que trabajan en los campos de la arquitectura, el territorio y la ciudad. “El urbanismo con perspectiva de género busca hablar, pensar, observar, analizar, planificar, proyectar y mantener las ciudades desde y para las mujeres, pero no de manera exclusiva ni excluyente. La perspectiva de género no se basa en considerar a las mujeres como una minoría ni como un grupo homogéneo al cual atender, sino que sitúa a las mujeres en el centro para ser agente activa de derechos y, en ese sentido, hacedoras de ciudades”, expresan en sus redes.
“La ciudad de Córdoba es una ciudad extensísima y de muy baja densidad, el área municipal es 24 km x 24 km, una enormidad. Es cierto que esa extensión sobre la ciudad ha favorecido a unos pocos y ha perjudicado a la mayoría de lxs cordobeses y queremos creer que, cuando el intendente plantea esta nueva normativa, está pensando en todos y todas las cordobesas, en particular, en las mujeres y diversidades. Hay muchas propuestas en América Latina en clave feminista de cómo se consolidan y generan servicios de proximidad, porque son las mujeres, en la división sexual del trabajo, las que más sufren las distancias, la movilidad, la falta de accesibilidad urbana y los tiempos de traslado”, detalla Ana Falú, Directora Ejecutiva de CISCSA. La ONG, desde 1985, contribuye al fortalecimiento de las voces y organizaciones de mujeres y a la incidencia en políticas públicas vinculadas al derecho de las mujeres a la ciudad y el hábitat desde una perspectiva crítica y feminista. Integrada por un equipo interdisciplinario, que incluye arquitectas, psicólogas, abogadas, politólogas, comunicadoras y contadoras trabajan) desde un enfoque interseccional y latinoamericano, han aportado con argumentos y propuestas concretas en la visibilización discriminaciones y opresiones múltiples.
Falú hace hincapié en que son las mujeres, en general, quienes se trasladan “llevando alguna persona, niñxs, mayores, enfermxs, discapacitadxs o, simplemente, cargadas con bultos, ya sea para el abastecimiento del hogar o con elementos que les sean útiles. Las mujeres tienen otras formas de moverse en la ciudad, hacen otros tipos de recorridos y usan el tiempo de manera distinta -la evidencia nos dice que las mujeres usan más del triple del tiempo cuando combinan el trabajo que les genera ingresos con el trabajo que asegura la reproducción de la vida familiar y social-. Con la pandemia, han sido las mujeres en los barrios las que han atendido aún en medio de la carencia las necesidades de higiene, de alimentación, las que han asegurado los merenderos y comedores, y son las que están mayormente en el mercado informal y las que han disminuido sus ingresos o perdido sus empleos, a la vez que aseguran la reproducción de la vida familiar y social”.
Ante el crecimiento exponencial que Córdoba ha experimentado en los últimos años, las urbanistas de JÜNTAS explican a La tinta que el problema no es la demografía, sino la distribución desigual de esa población en el territorio y cómo la disputa de intereses por el acceso a los recursos urbanos ha implicado que gran parte de esa población quede por fuera de algo imprescindible para la vida: el derecho a la ciudad, que asegura el acceso democrático a bienes y servicios públicos, al bienestar colectivo y derecho a una vivienda digna en entornos seguros y saludables.
Las profesionales afirman que lo necesario es volver el foco a la participación ciudadana para obtener mejores resultados en la planificación de la ciudad.
“Durante los últimos 10 años, el crecimiento de la ciudad de Córdoba estuvo marcado por un solo factor: la presencia de grandes inversores privados que explotaron y ocuparon grandes porciones de tierra a lo largo y ancho de la ciudad, modificando el valor del suelo con muy baja densidad urbana, generando así ´modelos urbanos´ que poco tienen de accesibles y sostenibles, donde se replican las bases de ciudades fragmentadas y desiguales: barrios de perímetro controlado alejados del área central, con murallas materializadas hacia el resto de la ciudad, edificios en altura que impactaron negativamente en el entorno ambiental de los barrios, periferias donde predominan los asentamientos informales, presiones a los estados de generar nuevas infraestructuras y tendidos de servicios, etc.».
«Por ello, es indispensable que, en esta nueva etapa de pensar la ciudad, se le pueda dar lugar a las organizaciones sociales y barriales, centros vecinales, a las entidades académicas y de investigación”.
Las urbanistas cuentan que, como organización, están participando de la Mesa Intersectorial de Políticas de Suelo de la región Centro del país, iniciativa impulsada por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación que reúne, por regiones, a diversos actores institucionales: académicos, organizaciones de la sociedad civil y cámaras, colegios profesionales y organizaciones gremiales. “Esta instancia resulta ejemplar para trasladar al municipio, ya que habilita el debate e intercambio de ideas acerca de la política nacional de suelo, entendiendo como fundamental abordar iniciativas integrales de democratización y apropiación de la ciudad por parte de la ciudadanía a través del diálogo entre Estado, organizaciones sociales y sociedad civil”, aseguran.
La investigadora de CISCSA enfatiza en la importancia de tener proyectos y ordenanzas que revisen el uso del suelo y la extensión de la mancha urbana, pero aclara que estas nuevas ordenanzas sobre planificación urbana no serán nuevas si no tienen una decisiva inclusión de la perspectiva de género: “Llamamos ciudades feministas a las que son democráticas, con inclusión social, son las ciudades que no quieren la desigualdad brutal en el territorio. Las ciudades feministas buscan que hagamos evidente esos sujetos omitidos en una falsa neutralidad que es invisibilizar a las mujeres y diversidades”.
La planificación urbana no es solo un tema de decisores y técnicos políticos, demanda de las voces de las mujeres y disidencias para definir y reflexionar sobre las prioridades y temas que más les preocupa, en esos territorios, que habitan y donde resuelven la vida.
“La planificación del territorio debe realmente pensar la escala del territorio-cuerpo de las mujeres, las niñas y las diversidades que se mueven en el territorio urbano. Así como la casa, el barrio y la ciudad son escalas distintas, cada una con sus complejidades, son imprescindibles para explicar, comprender y transformar las formas en las que nos relacionamos con el territorio. Las contradicciones sociales y económicas que persisten en nuestra sociedad son una deuda social de la democracia, como lo es la seguridad o las no violencias. Las ciudades son el escenario privilegiado para dar cuenta de esas injusticias y las enormes brechas entre riqueza y pobreza, así como para transformarlas desde una propuesta interseccional”, concluye Falú.
* Por Redacción La tinta
