Integrantes de la comunidad originaria Ticas de la localidad cordobesa de Bialet Massé indicaron que recibieron nuevamente amedrentamiento y amenazas por parte de personas que tienen intereses inmobiliarios en la zona de Punilla. Denunciaron disparos de arma de fuego y persecución sobre representantes ante el INAI, abogado y miembros de la comunidad.
Por Redacción La tinta
El pasado lunes 15 de febrero, la Comunidad Ticas decidió supervisar los avances del desmonte que se realizaba sobre un camino público en la zona de Las Vegas, donde se ubica la extensión de la Comunidad Ticas y tierras campesino-indígenas de las familias Pérez y Zapata, quienes tienen legítima posesión ancestral desde hace décadas.
Hace días que trabajadores del barrio cerrado “Miradores de Bialet” (ex Valle Esmeralda) realizan desmonte en la zona para abrir calles y servidumbres de paso con la intención de ampliar la venta de tierras impropias, a pesar que se trata de tierras protegidas por leyes nacionales y provinciales.
Al llegar al lugar se encontraron con vecinos que se asentaron en esas tierras a comienzo de este año y que argumentan haber comprado los terrenos a privados y que no pueden acceder a los servicios públicos, presuntamente, por culpa de la comunidad. Tras momentos de tensión, les Ticas reiteraron el derecho posesorio de las familias campesino-indígenas y explicaron que el trámite de servicios no está trabado por su culpa, sino que aún no se aprobó el pedido de cambio de uso de suelo que realizó el country Miradores de Bialet.
Al día siguiente, según denuncia la comunidad en un comunicado, las familias campesinas del territorio de Cochatalasacate fueron increpadas por una trabajadora del country e incluso habrían sido disparadas con arma de fuego desde la casa donde viven los empleados del emprendimiento desarrollista.
“La discriminación que tenemos que sufrir y soportar en nuestras propias tierras ya son aberrantes (…) Para vender las tierras tienen que manipular y cambiar el discurso a tal punto de hacerle creer a la gente que somos los responsables de robo, de usurpaciones y hasta de venta ilegal de tierras. No les basta el grave delito y la violencia territorial que vienen ejerciendo, además, deciden perseguirnos por la calle pública para controlar nuestros actos”, expresa el comunicado, que agrega que el country Miradores de Bialet tiene más de 30 denuncias por estafa, irregularidades en el uso del suelo e incumplimiento de leyes ambientales.
Desde la Comunidad Ticas, remarcaron que esperan que la Fiscalía eleve las causas a juicio y brinde “una pronta resolución para restablecer la paz social en Mirador del Lago, que, de hecho, está siendo el barrio un mercado clandestino de venta de tierras impropias”.
“A la Justicia toda y a las instituciones que son competencia, le solicitamos que, así como la fiscalía tuvo pronta resolución ante distintos asentamientos, puedan accionar sobre estas personas que no son de nuestra comunidad local y que mantienen causas abiertas por estafa, además de ser los causantes de recurrentes conflictos, causar daños a las personas, nuestra estabilidad laboral y emocional, y el daño a la propia naturaleza“, concluyeron.
* Por Redacción La tinta
