Por Redacción La tinta
El Colectivo de Organizaciones y Vecinxs Autoconvocadxs del Valle de Paravachasca denunciaron un hecho insólito: el propio Secretario de Ambiente de la Municipalidad de Alta Gracia realizó desmontes de bosque nativo de extrema conservación.
El pasado miércoles 25 de noviembre, efectivos de Policía Ambiental Provincial realizaron una clausura en un campo perteneciente a Roberto Urreta en La Isla, zona ubicada dentro del ejido de la Comuna de La Paisanita.
“Consideramos que el hecho es doblemente grave, debido a que, no solamente se llevó adelante un desmonte en una zona que correspondería a Categoría Roja; sino que, además, el aparente responsable es un funcionario público encargado, nada más y nada menos, que de velar por la protección, conservación y restauración de nuestros bienes comunes, especialmente, luego de que el Valle de Paravachasca sufriera, en los últimos meses de este año, una de las mayores pérdidas de biodiversidad de su historia, con terribles consecuencias socio-ambientales”, expresaron desde la Asamblea Paravachasca.
De acuerdo al mapa elaborado por el equipo técnico de la asamblea, se puede observarse que el terreno desmontado corresponde a Zonas de Categoría Roja, es decir, de alto valor de conservación que no deben transformarse y para las cuales, tanto la Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos como la Ley Provincial 9.814 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Córdoba, prohíben expresamente cualquier cambio de uso de suelo y desmontes.
Desde distintos medios, informaron que Urreta -quien también se desempeña como Secretario General de Alta Gracia- le solicitó al jefe comunal de La Paisanita, Ignacio Sala, una autorización para llevar adelante una “sustracción de vegetación exótica” en la zona.
Al respecto, desde la Asamblea, indicaron: “Sería conveniente, y esperamos explicaciones públicas por parte de la comuna de La Paisanita, sobre cuáles fueron los controles que realizaron para corroborar, por un lado, sobre las especies que iban a ser sustraídas; por otro lado, si se solicitaron las autorizaciones correspondientes de Ambiente de la Provincia -autoridad de aplicación, encargada de solicitar el estudio de impacto ambiental para cualquier intervención sobre estos territorios-, para informarse a qué categoría de suelo pertenece esta zona”.
En relación a la clausura realizada por Policía Ambiental, les vecines señalan que es “fundamental” que sea de público conocimiento el estado de situación de dicha infracción, tanto por la gravedad del asunto como por el presunto responsable de los hechos.
La Ley provincial 9.814 prevé que el infractor deberá remediar el daño ambiental causado reforestando con especies nativas, de acuerdo a lo que imponga la Autoridad de Aplicación, quien, además, puede clausurar el área afectada para su regeneración natural y su consecuente restauración (Art. 48). Por otra parte, establece que el infractor ingresará al Registro Provincial de Infractores, administrado por la Autoridad de Aplicación que debe estar actualizado en forma permanente y será de acceso público (Art. 53).
Desde la Asamblea Paravachasca, remarcan que, si se confirma la infracción de Urreta, sería “al menos paradójico” que continúe en su cargo, ya que es el funcionario responsable, precisamente, de generar políticas públicas que promueven la preservación, conservación y restauración del bosque nativo.
* Por Redacción La tinta
