Hoy se cumple un nuevo aniversario de la muerte de Rafael Nahuel, ocurrida durante el intento de desalojo de Prefectura a la Lof Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi. La causa no tiene un solo procesado.
La causa que investiga la muerte de Rafael Nahuel se encuentra aún en etapa de investigación, empantanada en la tercera pericia que ordenó la Justicia para determinar si el proyectil extraído del cuerpo de Nahuel pertenecía al arma del prefecto Francisco Pintos.
“Hay consenso de todas las partes para cerrar la etapa de instrucción e ir a juicio, a excepción de la defensa de Pintos”, dice a Al Margen Sebastián Feudal, abogado de la querella que impulsa la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Bariloche. En ese consenso al que hace referencia Feudal, están incluidos los abogados de los otros cuatro prefectos involucrados en el intento de desalojo a la Lof Lafken Winkul Mapu el 25 de noviembre de 2017.
La pericia balística está a cargo del Cuerpo de Investigaciones Fiscales del Ministerio Público de la provincia de Salta. Fue ordenado por el juzgado federal, luego que la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, Río Negro, tras determinar la falta de mérito del prefecto Pintos. El pedido se justificó en los resultados contradictorios de dos pruebas anteriores.
La primera de ellas, realizada por los peritos de la Policía de Río Negro, Roberto Nigris y Karina Uribe, y la especialista en criminalística, Silvia Bufalini, determinó que el proyectil fue disparado por el subfusil asignado a Pintos.
La otra pericia fue realizada por la Dirección de Criminalística de Gendarmería, la fuerza comandada por la entonces ministra Patricia Bullrich, quien alentaba la teoría de un enfrentamiento entre fuerzas federales e integrantes del pueblo mapuche. Esa prueba, solicitada por el primer juez (subrogante) que entendió en la causa, Gustavo Villanueva, determinó que el disparo no había provenido del subfusil de Pintos.
El elemento más endeble de la versión de Bullrich, según la querella, es que Prefectura disparó, al menos, entre 114 y 129 veces con munición de plomo, y que no está probada la tenencia de arma de fuego de Nahuel.
En su regreso al cargo tras cumplir funciones en el Consejo de la Magistratura, el juez Leónidas Moldes procesó en enero de 2019 a cinco prefectos, incluido Pintos. Los acusó de haber incurrido en el delito de “homicidio agravado en legítima defensa”. De esta manera, Moldes impuso en la causa la teoría del enfrentamiento.
Luego, la Cámara de Roca corrigió el fallo: procesó a Pintos por homicidio agravado, le dictó prisión preventiva y resolvió la falta de mérito para el resto de los prefectos. Ahora, el expediente llegó a la Cámara Federal de Apelaciones, que ordenó la tercera pericia balística. Moldes se jubiló y lo subroga el juez Zapata. La familia y amigos de Rafael Nahuel reclaman justicia.
*Por Colectivo Al Margen / Imagen de portada: ANRed.
