Las movilizaciones se multiplican por las calles de todo el país. Mujeres y hombres rechazan las políticas oficiales que le dan la espalda a la pandemia del coronavirus y refuerzan el sistema de corrupción imperante.
Por Mariano González para Rebelión
El sábado 21 de noviembre, miles de personas salimos a manifestar en contra del gobierno del presidente Alejandro Giammattei, de los diputados del Congreso y de un sistema político corrupto hasta la médula.
Hay varias razones para protestar. Desde el inicio de la pandemia por la COVID-19, el gobierno ha aprobado préstamos cuyo fin supuesto es luchar contra la enfermedad, pero que, en realidad, se han ido a los bolsillos de los gobernantes. Hay acusaciones directas de corrupción que la Fiscal del Ministerio Público no ha investigado. La gota que rebalsó el vaso fue la aprobación acelerada del presupuesto 2021 que disminuye fondos para la desnutrición (cuyos niveles son alarmantes) y aumenta el presupuesto para alimentación de los diputados, entre otros graves problemas.
Todo ello, en un contexto en el que los hospitales están sin medicinas, los médicos sin pagos y los números de la pandemia suben. La economía se ha resentido, miles de personas han perdido sus trabajos y los precios de alimentos y otros bienes han subido.
Por ello, se convocó a manifestar a distintas “plazas” del país, incluyendo la “Plaza de la Constitución” (antiguo parque central) y lugar en el que tradicionalmente confluyen muchas protestas del país. Sin embargo, varias cosas cambiaron respecto a las multitudinarias manifestaciones de 2015 contra la corrupción del gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.
Las principales exigencias eran la renuncia del presidente y de los congresistas, el cese a la corrupción y la anulación del presupuesto 2021. Pero también se portaban miles de carteles con otras variadas exigencias, incluyendo una Asamblea Constituyente.
Ya no hubo una sola manifestación en la plaza. Jóvenes, muchos de ellos estudiantes, se dirigieron al Congreso de la República y, en un incidente que está por esclarecer, se prendió fuego a unas ventanas del edificio que alberga al repudiado Congreso y algunos manifestantes entraron a destrozar el odiado lugar. Hay versiones de que fueron infiltrados del propio gobierno para justificar la represión subsiguiente, pero también es posible que los ánimos de los manifestantes estuvieran mucho más caldeados.
Posteriormente, la policía antimotines se dirigió a la Plaza de la Constitución, donde la concentración era totalmente pacífica, mientras cientos de jóvenes trataban de impedir la acción policial. A los manifestantes se les tiró bombas lacrimógenas y se les persiguió.
Esta acción de jóvenes de ambos sexos retrasó la llegada de los antimotines y permitió que la concentración principal manifestara durante un buen tiempo sin sufrir los efectos de las lacrimógenas. Sin embargo, los antimotines sí llegaron a tirar bombas a la Plaza y afectaron a niños, niñas, adultos y personas de la tercera edad.
En otros puntos del país, también hay informes de la policía atacando las manifestaciones pacíficas y, en el resto de la tarde y noche del sábado, el centro de la ciudad fue testigo de diversos enfrentamientos, muchos de ellos captados por los teléfonos de los manifestantes. Se capturó a más de 40 personas, incluyendo mujeres y hombres.
¿Se está a las puertas de otro ciclo de protestas similar al de 2015? ¿Alcanzará niveles de confrontación violentos? Lo que queda claro es que existe un sentimiento de cólera e indignación en contra del gobierno, que fue expresado de distintas formas (pacíficas y violentas), mientras el gobierno no puede o no quiere dar una respuesta a las exigencias ciudadanas.
Las calles y las redes sociales parecen empezar a arder.
*Por Mariano González para Rebelión / Foto de portada: Johan Ordoñez – AFP
