En medio de una profunda crisis económica y aún atravesados por la pandemia, los y las ciudadanas chubutenses se movilizan contra la megaminería. Las manifestaciones son intensamente controladas por las fuerzas policiales que también van más allá: efectivos de civil en las protestas, hostigamiento a asambleístas, causas armadas, golpes, personas marcadas. La última semana, hubo un operativo violento para detener a dos asambleístas cuando volvían a su casa.
Por Agencia Andar
“Estamos en un estado de vulnerabilidad absoluta”, dice Alejandra Guerra, integrante de la Comisión contra la impunidad de Chubut. Ella estaba el martes 24 cuando, en medio de la ruta entre Rawson y Trelew, en un operativo con distintas fuerzas, detuvieron violentamente a dos asambleístas que volvían de una marcha. Un auto civil, sin identificación, se le cruzó a una de sus compañeras que iba unos autos más adelante. “Se suman otro destacamento de la policía, el GRIM, la montada, móviles de gendarmería, sin decir ni siquiera por qué, sin identificarse. Y los detienen. Hubo personal de civil en toda la marcha, los marcaron ahí”, cuenta Guerra.
El clima en la provincia es tenso y opresivo. Hace tres años que hay crisis económica muy grande, cobran sueldos con meses de retrasos, por eso, muy movilizados con todo tipo de reclamos. El último y que los devolvió a la calle a pesar de la pandemia y las medidas de distanciamiento es la resistencia contra la instalación de la megaminería a cielo abierto.
“Chubut es muy pequeño, es grande el territorio, pero con pocos habitantes y estamos muy controlados. La criminalización es muy grande, hay muchas causas armadas a luchadores sociales. No los detienen in situ, sino posteriormente, o como decimos nosotros, los salen a cazar. La persecución es tan fuerte que nos han seguido autos de civil, móviles de la policía, estamos en un estado de vulnerabilidad absoluta”, describe Alejandra y agrega: “Durante la pandemia, las causas de violencia policial llovían, en comunidades súper chiquitas, había entre 10 y 30 casos por día”. Es en este contexto donde se da la puja contra el avance minero, con una resistencia muy grande de la población.
El NO a la mina
En 2003, mediante una consulta popular, el 80% de Esquel votó por el NO a la megaminería y logró la sanción de la Ley 5.001 que la prohíbe, pero “hecha la ley, hecha la trampa”, los intereses de las mineras siempre están buscando la forma de instalarse de todas formas “y por eso la zonificación”, dice la activista.
Durante la semana pasada, en la legislatura, se discutió el avance de dos proyectos enfrentados: uno, al que se refiere Guerra, y que pretende zonificar la provincia para activar la megaminería en la zona de la meseta, y el otro que parte de una iniciativa popular (IP) y ratifica la prohibición de la actividad con el aval de 30 mil firmas. Cualquier proyecto minero va a parar al mismo lugar y saca el recurso del mismo lugar: el río Chubut, el único que cruza toda la provincia. Y ese es uno de los argumentos más fuertes que tienen quienes se oponen.
Ahora quienes fueron perseguidos tras la última movilización radicaron la denuncia correspondiente y se suma a otras similares que lleva adelante el área de violencia institucional de la defensa pública. Desde la Comisión contra la impunidad, difundieron un comunicado donde consideraron que lo sucedido “es claramente una detención disciplinaria con el objetivo de amedrentar a las y los asambleístas que se manifiestan por el no a la mina”. Mientras, el pueblo movilizado espera novedades desde el parlamento donde los proyectos se discuten en distintas comisiones.
*Por Agencia Andar.
