Ovando condenada: la Justicia misionera lo hizo de nuevo
En Eldorado, el Tribunal Oral Penal condenó a María Ovando, Lucas Ferreira y Marcos Laurindo. La causa, considerada una revancha contra la mujer por haberse atrevido a demandar al juez y al fiscal que la detuvieron en 2012 injustificadamente, vuelve a poner al accionar judicial de Misiones en la mira.
Por Alicia Rivas para Canal Abierto
Ante la estupefacción de quienes la acompañaban y quienes pedían por su absolución en todo el país, el Tribunal Oral Penal 1 de Eldorado acaba de condenar a María Ovando a 20 años de prisión, a Marcos Laurindo a 18 años y a Lucas Ferreira a 12, en un fallo que, desde el movimiento de mujeres, llaman “de la vergüenza”.
En 2012, María Ovando había sido absuelta por el mismo tribunal en un juicio oral al que llegó presa, acusada de negligencia en la causa por la muerte por desnutrición de su pequeña hija Carolina. Su niña murió en sus brazos cuando intentaba llegar a un hospital de la zona.
María vivía en la extrema pobreza y un ámbito violento. Fue madre a los 14 años y, a los 37, ya había parido doce hijos.
Su absolución, entonces, se dio en el marco de una gran movilización del movimiento de mujeres y una repercusión mediática en todo el país con la presencia en la ciudad misionera de activistas de diversas organizaciones sociales, feministas y de derechos humanos.
En esta ocasión, llegó acusada de un delito de omisión por no haber impedido el abuso sexual hacia una de sus hijas y una de sus nietas, al igual que Ferreira y Laurindo. Hechos sobre los cuales la investigación fiscal no pudo precisar el tiempo, el modo ni el lugar en que habrían ocurrido.
Como en la causa anterior, el prejuicio, los conceptos patriarcales, la mirada moralizante y el sesgo en la evaluación de las pruebas se hicieron presentes en el trabajo acusatorio de la Fiscalía, cuyo representante en el juicio, el fiscal Federico Rodríguez, fue el mismo que actuó en el debate de 2012. Esta vez, además, su actuación estuvo acompañada por expresiones públicas de misoginia y desprecio hacia María Ovando.
Un pedido de absolución masivo
En una situación distinta a la de 2012, con la posibilidad de acompañamiento físico limitada por las medidas de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio en vigencia, María igual no estuvo sola, como tampoco Laurindo y Ferreira.
La campaña por su absolución, encabezada por el Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género, reunió en pocos días más de 16 mil firmas, entre las que se cuentan las de Nora Cortiñas, Rita Segato, Melisa Melcer, Dora Barrancos, Claudia Baigorria, Silvia León, Ofelia Fernández, Ileana Arduino, Jazmin Stuart, Ana María Gorosito Kramer, Hilda Presman, Daniela Castro, Fremdina Bianco, Gabriela Saidón, Marisa Herrera, Vilma Ripoll, Perla Prigoshin, Cecilia Solá, Lucrecia Greco, María Teresa Bosio, Alicia Genolet, Gisela Spasiuk.
Por otro lado, varias organizaciones acompañaron la defensa en su pedido de absolución: Actrices Argentinas, la Red de docentes por el Derecho al Aborto Regional Misiones, el Colectivo de Acción Contra las Violencias de Géneros, el Paro Internacional de Mujeres y el Colectivo Nosotras Proponemos. Otras se presentaron en el caso como amicus curiae, sugiriendo al Tribunal criterios que podrían ayudar a brindar una sentencia en el caso con perspectiva de derechos. Es el caso del MP La Dignidad, la CTA Autónoma Nacional, la CTA Autónoma Buenos Aires y la Asociación Gremial de Abogados de la República Argentina.
Asimismo, el Parlamento del Mercosur aprobó un proyecto de comunicación en el que solicitan al Tribunal que el caso sea juzgado con perspectiva de género y la absolución de María Ovando. Una de sus integrantes, Cecilia Britto, presentó un pedido de intervención a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso.
También el flamante Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad presentó un informe al Tribunal sobre la necesidad de juzgar en casos como este con perspectiva de género y teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad de la y los acusados.
Luego del fallo que consideraron “ilegal”, desde las organizaciones feministas y de derechos humanos, planean presentar un habeas corpus y redoblar los esfuerzos para que los tres recuperen su libertad.
Una causa emblemática
Luego del juicio de 2012, el “caso Ovando” se constituyó en un objeto de estudio frecuente entre tesistas, catedráticos y cursos de jurisprudencia. Es también una referencia obligada en informes de organizaciones ligadas a la defensa de derechos y al estudio de cuestiones jurídicas como un caso emblemático en el cual la estigmatización hacia las mujeres pobres resulta en criminalización y punición cuando -por sus condiciones de vulnerabilidad extrema- no pueden cumplir acabadamente con los mandatos patriarcales sobre el ejercicio de la maternidad y son sindicadas como “malas madres”.
Esta segunda causa penal contra María fue un espejo de la primera, en la cual no se determinaron las conductas que debería haber prevenido, pero se la responsabilizó por no hacerlo.
Asimismo, en el debate oral, se probó lo que desde el inicio de la causa había estado planteando la defensa: la posibilidad de que las niñas hubieran sido abusadas en el seno de la familia que las tiene actualmente en guarda y que las tuvo a su cargo en el tiempo en que su madre había estado en prisión. La Justicia de familia no ejerció ni en aquella oportunidad ni en esta ningún tipo de control o seguimiento de lo que ocurría en ese ámbito, en el cual fueron puestas las niñas por decisión de la jueza Margarita Potschka.
La Justicia penal, tanto la fiscal como el juez de instrucción, se negaron a investigar la hipótesis planteada por la defensa. Para sorpresa de los acusados, la sospecha de que los abusos hacia las niñas ocurrieron en el ámbito de la familia guardadora se vio confirmada durante el juicio oral, cuando la propia Euvarta Godoy, denunciante en el caso, reveló la denuncia que había hecho contra su yerno Digno Monges Armoa por abuso sexual hacia la nieta de María Ovando.
Un hecho, dos causas
Monges Armoa fue condenado por abuso sexual simple contra la niña y el juez que intervino en el proceso es el mismo que hizo la instrucción en la causa contra Ovando, Ferreira y Laurindo. También son los mismos los miembros del Tribunal y de la Fiscalía que intervinieron en el juicio.
Ambas causas, cuyas denuncias iniciales se hicieron con pocos días de diferencia, nunca fueron acumuladas, por lo que se trataron sin que se investigase a fondo la posibilidad de que se estuvieran juzgando los mismos hechos. De esa manera, hace más de cinco años, Ovando es señalada y estigmatizada como una mala madre que omitió evitar los abusos sexuales contra su hija y su nieta, y Laurindo y Ferreira están en prisión en base a una acusación vaga e inexacta.
La Justicia misionera, cuyo accionar quedó severamente cuestionado por la misma Corte Suprema de Justicia en el fallo que absolvió a Cecilia Rojas y Cristina Vázquez en diciembre pasado por su deficiente evaluación de las pruebas y por apartarse de aplicar la duda a favor de las acusadas, volvió a mostrar su lado más oscuro.
*Por Alicia Rivas para Canal Abierto / Imagen de portada: Canal Abierto.
