En salud mental, la urgencia es construir en Comunidad

En salud mental, la urgencia es construir en Comunidad
25 septiembre, 2020 por Redacción La tinta

Por séptimo año consecutivo, el Colectivo por el Derecho a la Salud Mental prepara una serie de acciones que complementarán intervenciones en distintos territorios de Córdoba (sin movilización de personas) y acciones virtuales, y una programación central que, a mediados de octubre, visibilizará el lamentable estado del sistema de atención a la Salud Mental en el territorio de la provincia de Córdoba. En esta entrevista, conversamos sobre aspectos centrales de la situación y las demandas del colectivo con Jaschele Burijovich, referente en el campo e integrante del Colectivo por el Derecho a la Salud Mental.

Por Martin Passini para La tinta

Las luchas sociales siempre son colectivas. Y, a la vez, los colectivos están integrados por personas que han puesto cuerpos, historias, voluntades e identidades a la construcción colectiva transformadora. En el movimiento social que pugna hace años por una salud mental basada en los derechos humanos, hay nombres propios que resuenan como referencia, que condensan años de lucha por la realización de un sistema de atención que al fin esté basado en la perspectiva comunitaria, integral e inclusiva, y el enfoque de los derechos humanos. Uno de esos nombres es el de Jaschele Burijovich, con quien dialogamos en esta nota.

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(Imagen: Somos sociales)

En el Colectivo por el Derecho a la Salud Mental, Burijovich participa desde dos organizaciones de las que es integrante: el Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos de Córdoba, espacio que hace años viene desarrollando un importante trabajo de investigación, incidencia y monitoreo de las políticas de salud mental en la provincia y el país; y de la Asociación Civil Confluir, Usuarixs en Acción por el Derecho a la Salud Mental, que reúne a personas usuarias de servicios de salud mental y trabajadorxs, aliadxs, del campo, y que desarrolla un ejercicio activo de incidencia política y participación de las personas usuarias en las políticas públicas tanto a nivel provincial como nacional.

Ambas organizaciones participan en la actual conformación del Consejo Consultivo Honorario en Salud Mental y Adicciones, organismo nacional de participación creado por el decreto reglamentario de la Ley Nacional de Salud Mental, que, en mayo, emitió una extensa declaración detallando el preocupante estado de la salud mental en Córdoba (se puede acceder a ese informe aquí). Y son instituciones activas dentro del Colectivo por el Derecho a la Salud Mental.

—¿Qué acciones se han desarrollado, en el contexto de la pandemia, para la atención y protección de los derechos humanos de las personas usuarias de salud mental internadas en hospitales monovalentes?

—A pesar de todas las recomendaciones internacionales que plantean que las personas institucionalizadas, alojadas en instituciones psiquiátricas, son especialmente vulnerables a este contexto de pandemia por las condiciones de habitabilidad de esos centros, el hacinamiento, las dificultades para el aislamiento y por la debilidad en la atención; no se tomó como prioridad este tema y, muy por el contrario, se recrudecieron las medidas de manicomialización y de encierro.

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(Imagen: La tinta)

En algunos lugares, eso ha sido, podríamos decir, brutal, porque se han generado traslados compulsivos, sin consentimiento y sin dar más información a las personas que la mención de que se las trasladaba a otros lugares por organización del Ministerio de Salud frente a la pandemia. En definitiva, ese argumento desvirtuaba toda la atención que requiere la atención en salud mental. 

Este tipo de atención, que debería ser garantizando los derechos humanos de personas que requieren especial protección, por el contrario, fueron vulnerabilizados. Esto implicó un mayor aislamiento, dificultades para los contactos familiares, el cierre total de las posibilidades de externación y de prácticas de salud basadas en experiencias terapéuticas, culturales, artísticas y comunitarias, limitando los abordajes a lo meramente psicofarmacológico.  Y todo ello no debe ser aceptado, pero hace meses que venimos constatando este tipo de situaciones que se han implementado en Córdoba y otras provincias. Este contexto de pandemia no puede ser un argumento para justificar este tipo de vulneraciones a los derechos humanos.

—En el 2020, año del cierre definitivo de los manicomios, ¿en qué situación nos encontramos? 

—Lamentablemente, tenemos que plantear que, a pesar de todo el esfuerzo y toda la lucha que han llevado adelante los distintos movimientos que han planteado el derecho a la salud mental, aún es muy poco lo que se ha avanzado. Llegamos a un 2020 con un sistema de salud mental que es absolutamente hospitalocéntrico. En realidad, la característica de hospitalocéntrico (es decir, que esté centrado en la atención en grandes instituciones hospitalarias y con un primer nivel de atención en los barrios y territorios muy debilitado) le corresponde a todo el sistema de salud. Pero, en salud mental, la gravedad es que es hospitalocéntrico y, a la vez, centrado en lo monovalente. 

Así está la situación, con todas las dificultades para, efectivamente, hacer ese salto hacia la comunidad que planteamos. Es un sistema aún muy hegemonizado por la psiquiatría y por tratamientos biologicistas. 

En agosto de 2020, vencía el plazo para que las provincias y la CABA presentaran sus proyectos de readecuación y esto no se ha cumplido. Entonces, llegamos este año sin cumplir la meta de la sustitución definitiva de los manicomios. Aún persisten los manicomios en nuestro país, que son una vergüenza para el campo de los derechos humanos.

—¿Cuáles son las acciones que se están desarrollando en la comunidad?

La Ley Nacional de Salud Mental tiene todo un abordaje en relación a los derechos de los pacientes, que están contemplados en el artículo siete del texto normativo. Allí, por ejemplo, se reconoce a recibir siempre la alternativa terapéutica “que menos restrinja sus derechos y libertades”, a ser acompañado antes, durante y luego del tratamiento por sus familiares y otros afectos, o a “tomar decisiones relacionadas con su atención y su tratamiento dentro de sus posibilidades”. También la ley plantea la sustitución definitiva de los manicomios y la prohibición de crear nuevos manicomios; la prohibición de las salas de aislamiento; todas cuestiones ligadas al encierro. 

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(Imagen: La tinta)

Pero, sobre todo, al mismo tiempo, la ley tiene una parte muy importante ligada al tipo de abordaje que se propone al padecimiento subjetivo. Este abordaje tiene que ver con equipos de salud mental insertos en los equipos de salud trabajando en comunidad y acompañando los proyectos de vida de las personas con padecimientos. Entonces, como decíamos antes, si el primer nivel de atención es una debilidad en el sistema de salud en su conjunto, más aún en lo que tiene que ver con salud mental: hay muy pocos equipos de salud mental en territorios, muy poco trabajo interdisciplinario en esta problemática. Algunos de los equipos realmente llevan adelante trabajos que son valiosos, que deberían tener un efecto de demostración al resto y a las autoridades, y, sin embargo, muchas veces no sucede. Por ejemplo, como se ve en Córdoba, un equipo icónico como es el que hace años viene trabajando en Villa El Libertador, que fue junto al equipo de barrio Maldonado, del hospital Martínez Estévez, de los primeros equipos que se crearon en los primeros años desde que recuperamos la democracia, cuando ni siquiera existía una visión de la salud mental comunitaria. Sin embargo, en este último año, miembros de este equipo han sido trasladados y se ha borrado la historia de lo que significa ese equipo, con todo lo que ha construido con las organizaciones sociales de la comunidad. 

Por eso, teniendo en cuenta el incumplimiento del 2020 sin manicomios y los retrocesos en los modestos avances conseguidos, el colectivo organizador de la marcha ha definido para este año la consigna “2020 ni un paso atrás, la urgencia es construir en comunidad”. Ni un paso atrás en las demandas por la aplicación plena de la ley, en las prácticas y experiencias comunitarias. Ni un paso atrás en la defensa de experiencias comunitarias y territoriales históricas.

*Por Martin Passini para La tinta / Imagen de portada: La tinta.

Palabras claves: Colectivo por el Derecho a la Salud Mental, pandemia, Salud Mental

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