La caravana de autos contra la comunidad indígena que tomó posesión de tierras en Villa Mascardi en 2017 reavivó un conflicto que tuvo a Rafael Nahuel como una de sus últimas víctimas. ¿Un nuevo capítulo de estigmatización para correr el foco del gran negociado inmobiliario?
Por Pablo Bassi para Canal abierto
Una caravana de cincuenta autos que intentaba llegar este sábado a Villa Mascardi desde Bariloche, 30 kilómetros al sur, fue bloqueada por la Policía de Río Negro a mitad de camino. El grupo de personas, en su mayoría hombres, bajaron de los vehículos, prendieron fuego, entonaron el himno con banderas argentinas y desplegaron piedras sobre la Ruta Nacional 40. Y no se querían ir. Habían sido convocados bajo la consigna “Banderazo patriótico”, que, en el grupo de Facebook “Apoyo a los vecinos de Villa Mascardi”, alentó una mezcla de justicia por mano propia, venganza y odio sobre la comunidad Winkul Mapu, que tomó posesión de parte del territorio en noviembre de 2017 cuando, en su intento por evitarlo, Prefectura mató por la espalda a Rafael Nahuel.
No es la primera vez que un puñado de vecinos apuesta por una solución represiva al conflicto. Horas después del asesinato de Nahuel, 500 barilochenses marcharon por el centro de la ciudad en respaldo al accionar de las fuerzas federales, por entonces al mando de Patricia Bullrich. Durante su gestión, el Ministerio de Seguridad militarizó la zona sobre la construcción de un imaginario: el pueblo mapuche radicalizado como enemigo interno.
Con la asunción de nuevas autoridades en diciembre, el Estado argentino desistió de avanzar en su ofensiva judicial contra la comunidad Winkul Mapu, si bien mantiene la denuncia por “usurpación” de hectáreas cuya propiedad se adjudica la Administración de Parques Nacionales. El Gobierno apostó, en cambio, por una mesa de diálogo encabezada por Gabriel Fuks, secretario de Articulación Federal de la Seguridad, que viajó hasta Mascardi, mantuvo contacto con los actores involucrados y diseñó una agenda de trabajo.
La nueva orientación política colisionó con la convocatoria a la marcha del sábado. Algunos perfiles arengaron a armarse y el Director Nacional de Cooperación Judicial y Ministerios Públicos de la cartera de Seguridad de la Nación, Jonatan Firun, presentó una denuncia penal por la posible comisión de los delitos de “instigación a cometer delitos”, “apología del crimen” y “asociación ilícita”. Ni Clarín ni La Nación le perdonaron la vida a la ministra Sabina Frederic en su tapa dominical.
Una parte de los convocados prefirió llevar sus reclamos al Centro Cívico de Bariloche. Allí, circuló un petitorio que reclama “la intervención de las fuerzas federales de seguridad para el desalojo de los intrusos y la posterior custodia efectiva del territorio de dominio público y privado”. Además, solicita “que el gobierno provincial declare “personas no gratas” a todos aquellos funcionarios que se expresen en contra de lo manifestado por la propia gobernadora”.
Arabela Carreras, la gobernadora de Río Negro, había asegurado “no reconocer las reivindicaciones ni la presencia en el lugar de esta autodenominada comunidad, considerando que es una ocupación ilegal y defendiendo a los vecinos que, pacífica y legítimamente, habitan la región”. Finalmente, Carreras se hizo presente el sábado en el Centro Cívico y en el acto montado sobre la Ruta 40, y dijo: “Repudio la violencia de un grupo de encapuchados que no tiene ninguna legitimidad”, al tiempo que intentaba desactivar la protesta: “Violencia y confrontación no son una solución”.
La violencia a la que hace referencia la mandataria se encuentra, en realidad, en proceso de investigación judicial. Se trata de denuncias por presuntos ataques a la propiedad privada adjudicados a Winkul Mapu. Estas versiones fueron reproducidas en medios de comunicación locales y nacionales. Una de las últimas disparó la movilización del fin de semana.
El mensaje de ciertos medios de comunicación abonan a la destrucción de los puentes de diálogo. Durante la última semana, Clarín adjudicó a diversas organizaciones de trabajadores de la economía popular, entre ellas, la UTEP y Colectivo Al Margen de Bariloche, acompañar la ocupación de 60 hectáreas de la Reserva Natural del Mirador del Azul y Cabeza del Indio en El Bolsón, donde, desde el 22 de agosto, se asientan 140 familias. Este lunes, Al Margen iniciará acciones legales contra el multimedio y el autor de la nota, Claudio Andrade.
Para la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, órgano representativo de las comunidades indígenas de la región, la convocatoria al banderazo escondió “claramente un ataque xenófobo y racial contra la comunidad mapuche”. Las organizaciones calificaron la movilización como un “intento destituyente” del diálogo encausado con el Estado y particulares.
Dos datos resultan ineludibles en cualquier análisis. El primero es que, detrás de las denuncias sobre ataques a la propiedad privada, se encuentran dueños de cabañas y estancia con intereses inmobiliarios, y, según fuentes oficiales, presuntas compras irregulares de tierras a Parques Nacionales.
El segundo dato, reflejado en una cartografía publicada por Susana Lara en el portal El Cohete a la Luna, es la concentración de hectáreas de la zona en manos de Zorreguieta, Benetton, Roemmers y Lewis. La posesión de tierra en pocas manos se extiende por todo Bariloche y alrededores, e incide sobre otra realidad que no llega a la tapa de diarios: la presión inmobiliaria sobre el precio y la dificultad de acceso para las mayorías.
*Por Pablo Bassi para Canal abierto / Imagen de portada: Canal abierto.
