Por Leandro Yanson para La tinta
Los últimos hechos ocurridos en Rosario muestran la cara menos visible de la violencia que tiene lugar en la ciudad: la de la red de poder que está detrás de los mercados ilegales, red que se encuentra en el Estado y que se encarga de producir las condiciones para que existan las bandas criminales. Mientras el oficialismo y la oposición santafesina se tironean por la situación, ya van más de 115 personas asesinadas en el año en el Departamento Rosario.
Rosario es un polvorín. Dos fiscales tuvieron que renunciar en el último mes luego de ser acusados de recibir coimas para garantizar el funcionamiento de un circulo de apuestas ilegales. En paralelo, el ex ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro, fue señalado por desviar fondos públicos para pagar los abogados de los policías imputados por la desaparición de Franco Casco. Y ejecutaron al ex concejal Eduardo Trasante, quien era uno de los impulsores de la causa judicial que juzgaba a cuatro integrantes de bandas narcotraficantes por el Triple Crimen de Rosario.
Santa Fe es la provincia que cuenta con la mayor cantidad de agentes de fuerzas de seguridad procesados en causas vinculadas al narcotráfico, que incluye a dos ex jefes policiales y la mitad de las muertes realizadas en Rosario tienen relación con la economía ilegal (mercados de armas, drogas, trata). De todas formas, la explicación de esta criminalidad no se encuentra en estos mercados, sino en quienes los controlan y los investigan.
Generalmente, al hacer la comparación entre las distintas ciudades del país, salta a la vista la gran tasa de homicidios que tiene la Cuna de la Bandera. Sin embargo, al poner en contraste muchas de las características que tienen cada una, se ve que lo que corresponde a las fuentes de la violencia en el “sentido común”, bandas narcos, por ejemplo, son cosas que existen en todas las ciudades grandes de la Argentina.
Según investigadores y funcionarios especializados en la temática, la clave está en el papel de la Policía. En palabras de Juan Sánchez, secretario de la fiscalía regional, la Policía en Rosario no gobierna la calle, en contraposición de lo que ocurre en provincia de Buenos Aires. Incluso el ministro de Seguridad, Marcelo Sain, afirmó en los medios que: “Si fuese la policía de provincia de Buenos Aires y viene ‘Guille’ Cantero (líder de la banda Los Monos), dura diez días. La bonaerense se los come crudos“.
Desde que se rompió el entramado que ponía los limites de los negocios entre la Policía santafesina y los grupos delictivos, el flujo de dinero proveniente de los mercados ilegales fue incrementando, el nivel de participación estatal en la movida también aumentó, así fueron apareciendo cada vez más casos de policías procesados judicialmente por estar comprometidos con las bandas de narcos.
La otra cara judicial
Hasta ahora, la Justicia local había sido noticia nacional por las distintas balaceras que sufrían los domicilios de los jueces que llevaban las causas por narcotráfico. Pero, esta semana, se produjo un quiebre: dos fiscales de Rosario fueron acusados por un empresario con antecedente en el juego ilegal, Leonardo Peiti, quien afirma haber pagado coimas a cambio de que no se investiguen posibles hechos delictivos. El fiscal de grado Gustavo Ponce Asahad fue procesado con prisión preventiva por 90 días por cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público. También quedó imputado el ex fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, quien también estaría involucrado en el caso de presunto cobro de coimas para proteger al capitalista del juego clandestino.
Para los investigadores, Ponce y un empleado suyo “con la participación del fiscal regional Patricio Serjal, diseñaron y ejecutaron un plan delictivo cuyo objeto fue recibir dinero del señor Leonardo Peiti” a cambio de protección.
Rompiendo los códigos
El 14 de julio pasado, dos hombres ingresaron en la casa de Eduardo Trasante, ex concejal por Ciudad Futura, y lo ejecutaron. En la provincia, existían antecedentes de amenazas, como fue la balacera a la casa del ex gobernador Antonia Bonfatti, pero el asesinato de Trasante marca un antes y un después para la política de la ciudad, ya que pateó los límites de lo “permitido”.
Se trata de una causa abierta, por lo que aún se desconocen los motivos que llevaron a este crimen, pero quien aparece nuevamente en la escena es la Policía. Tras la investigación descubrieron que faltaba el celular de la compañera de Trasante, que, luego de rastrearlo por GPS, fue encontrado en una casa en la que se encontraba un suboficial de la Comisaría 9ª.
A diferencia de la imagen que hay construida alrededor de la violencia rosarina, los homicidios mandatados, es decir, en los cuales una persona comanda a otra que cometa el hecho, representa sólo el 30% del total de los homicidios y, en esta cifra, difiere de casos de sicarios u otros.
El tutelaje político
El tercer acontecimiento es el que relaciona el descontrol policial a la política de gobierno. A raíz de una investigación de la ejecución de partidas presupuestarias llevada adelante por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, encontraron un desvío de fondos, en el cual la Dirección Provincial de Asuntos Internos de la Policía de la Provincia, ahora denominada Agencia de Control Policial, durante la gestión de Maximiliano Pullaro, utilizó dinero del presupuesto público para pagar los honorarios de los abogados de los imputados por la desaparición forzada de Franco Casco.
La gestión de Pullaro fue criticada en su momento por fogonear las internas entre los tres grupos policiales que conviven en la provincia. El encubrimiento de este crimen por parte de gente de adentro del Ministerio demuestra, una vez más, la complicidad que existe entre el poder político y el policial, y la clara intención de tapar todo tipo de protagonismo policial en las muertes de la ciudad.
Las ventajas estructurales de Rosario, como la presencia del puerto con acceso al contrabando y la errada orientación política respecto de las fuerzas policiales, dejaron un entramado muy complejo de desmontar, que, además, no tiene una salida generosa. El camino tomado por el actual ministro, muy apoyado por amplios sectores sociales, tiene también el defecto de poner a la defensiva a todos los actores involucrados, que, al intentar sabotear la efectividad de las medidas, ponen en el medio a los y las jóvenes, que son el 60% de las personas asesinadas en los casos que involucran a la economía ilegal.
* Por Leandro Yanson para La tinta
