El fiscal José Mana acusa a Lautaro Olmedo de ser parte de la asociación ilícita que llevó a cabo el complejo plan de estafas millonarias contra el Apross. Tiene 21 años, vive en San Vicente y lo único que lo vincula con el caso es haber sido cadete con su moto por apenas unas semanas. A su mamá le prometieron que, si no hablaba con la prensa, resolverían su irregular situación procesal, pero continúa detenido.
Por Redacción La tinta
Hace 34 días que Lautaro Olmedo se encuentra privado de la libertad, acusado por estafa y falsedad ideológica, por presuntamente ser parte del entramado vinculado al caso Apross.
La investigación sobre supuestas estafas reiteradas a la obra social provincial es llevada adelante por el fiscal provincial José Mana, que analiza cómo se armó la red que presentaba recetas falsificadas en farmacias y retiraba medicamentos a nombre de afiliados del Apross.
Según estimaciones del Ministerio Público Fiscal, el valor de la estafa podría alcanzar los 500 millones de pesos. Esa suma no se corresponde de ninguna manera con la vida que llevaba Lautaro antes de ser detenido, que vivía con su familia en una humilde casa de barrio San Vicente y que trabajaba de peluquero y de delivery para poder juntar unos pesos y ayudar en su hogar.
“Los que se llevaron toda la torta deben estar cagándose de risa, mientras hay un pibe comiéndose más de 30 días de encierro y una familia destruida física, económica y psicológicamente”, dice Solange, su mamá, quien pide que se resuelva la situación judicial de su hijo y lo liberen.
Lautaro fue detenido el 16 de julio y, recién a los veinte días, le tomaron declaración indagatoria. La prosecretaria del fiscal Mana, María José López, indicó a La tinta que la declaratoria se atrasó por circunstancias particulares de la cuarentena y le prometió a la familia que, si no hablaba con los medios de comunicación, su situación se resolvería una vez que declarara. Lautaro declaró y, diez días después, continúa preso en la Cárcel de Bouwer.
“Me habían dicho que, a cambio de que yo no hiciera público esto ni hablara con los medios, le iban a tomar una pronta declaración y lo iban a liberar, como ya liberaron a los otros chicos imputados, pero Lauti sigue preso. Si bien podía no declarar, él se puso a derecho, dio datos precisos de dónde trabajaba, para quién, a qué farmacias lo mandaban, aportó todo lo que sabía, pero no le resolvieron la situación”, dijo Solange.
El abogado de la familia solicitó, incluso, que se realicen pericias caligráficas para que se demuestre que Lautaro sólo realizó el trabajo de cadetería, sin participar de la realización de recetas apócrifas, pero aún no ha sido tenido en cuenta.
“Hago público mi descargo porque me ampara el deber de mamá. Busquen, investiguen, pero no a costa de nuestra defensa que nos cuesta dinero que no tenemos, días de sufrimiento y angustia sin fin”.
Lautaro no tiene pruebas contundentes en su contra; no tiene antecedentes; no representa peligro de fuga ni de entorpecimiento de la causa; y en plena pandemia, lleva 35 días privado de su libertad en una situación claramente irregular y bajo responsabilidad del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Córdoba. Con qué derecho.
* Por Redacción La tinta
