El país comienza la semana con masivas acciones de protestas contra el régimen de facto que busca anular las elecciones presidenciales y perpetuarse en el poder.
Por Alberto López Girondo para Tiempo Argentino
La Central Obrera Boliviana (COB) y las organizaciones nucleadas en el llamado Pacto de Unidad inician una escalada para la recuperación de la democracia, que comienza este lunes a la cero hora, con el bloqueo en todas las carreteras del país, según confirmó a este diario Juan Carlos Huarachi, el líder de la entidad sindical.
La decisión surgió de un Cabildo realizado el martes pasado en El Alto, en el que se declaró una huelga por tiempo indeterminado hasta que el gobierno de facto y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) vuelvan a la convocatoria original para elecciones el 6 de septiembre. “El cabildo ampliado en asamblea de varios sectores comunitarios, como corresponde al uso y costumbre -relató Huarachi a Tiempo Argentino-, aprobó un plan de lucha que se resume en un solo objetivo: el respeto a la democracia, a la salud, a la vida de todos los bolivianos”.
La fecha original del llamado a elecciones era en mayo, pero la pandemia representó una formidable excusa para que la presidenta de facto, Jeanine Áñez, demorara los comicios para elegir un presidente constitucional.
El régimen instaurado de manera violenta en noviembre de 2019 no pudo arrasar con todas las instituciones por el temor a un estallido de consecuencias impredecibles. De manera que se mantuvieron instituciones como la Asamblea Plurinacional y el TSE. En una entrevista con Tiempo Argentino, la senadora Adriana Salvatierra, quien presidía el órgano legislativo y, ante la renuncia del presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, hubiera sido la sucesora natural, explicó que tuvo que renunciar al cargo por las amenazas que recibieron dirigentes y familiares en esos acalorados días.
“Fui sometida a las mismas presiones que nuestros compañeros, una violencia de carácter fascista con autoridades nacionales y dirigentes; secuestraron familiares, destruyeron y quemaron viviendas”, recordó.
Ese mismo tipo de presiones padecieron dirigentes gremiales, lo que permitió un hueco en la red de alianzas que había mantenido al gobierno de Evo Morales en el poder. Pero esa misma violencia se volcó en contra de los golpistas, que debieron recular en su deseo de acabar de raíz con el proceso virtuoso encabezado, desde 2005, por Morales y los movimientos sociales, sindicales, de mineros y agricultores, y de intelectuales, que protagonizaron los cambios más potentes en la historia boliviana desde sus orígenes.
Pero a poco de andar, la senadora Áñez, que se ubicó en el lugar de Salvatierra para calzarse la banda presidencial -y con la Biblia en la mano-, mostró el rostro neoliberal de su gobierno. Lo que generó la caída del nivel de vida, la pérdida de derechos y, con la pandemia, el horror de muertos que se apilan en las calles ante la inacción oficial. La COVID-19 ya causó cerca de 2.900 muertos y más de 75 mil contagiados, en un país de 11 millones de habitantes.
“El gobierno hizo una pésima gestión sanitaria y se ha visto los casos de corrupción, como la compra irregular de respiradores al triple de su valor, la falta de insumos médicos y un mercado ilegal de remedios y recetas”, puntualizó Salvatierra. Lo más preocupante, con todo, es que el cambio del calendario electoral al 18 de octubre fue hecho sin pasar por la legislatura. Es decir, sin dictar una nueva ley que derogue la que está en vigencia y que había fijado la fecha para el 6 de setiembre. Sería la cuarta prórroga.
Demasiadas crisis para que la sociedad boliviana no saliera a protestar. De allí, que el cabildo de la semana que pasó sirviera para que la dirigencia percibiera que el ánimo estaba caldeado por la falta de una salida democrática, sumada a la tragedia sanitaria y a la debacle económica.
“Hemos articulado una demanda reivindicativa, no hay un interés partidario particular. El pueblo está demandando recuperar la democracia y así garantizar la estabilidad política, económica y social, porque vive una realidad muy diferente a lo que se ha vivido en gestiones pasadas, sufriendo la verdadera crisis económica que hoy está atravesando nuestro país”, dijo Huarachi. Con las únicas armas, recalcó, como son las de “la convulsión social, el elemento que tenemos como instrumento de lucha”.
La situación, sin embargo, se puede desmadrar más aún. El gobierno desconoció a la Asamblea no solo en cuanto a las elecciones, sino también a los ascensos de militares, que fueron hechos por decreto presidencial y sin anuencia del Senado, como es la forma constitucional. Incluso, se contrataron créditos del FMI sin acuerdo legislativo. La pregunta, entonces, sería si, en caso de permitir elecciones, los golpistas aceptarían el resultado, que, de acuerdo a las encuestas, se va perfilando para los candidatos del MAS-IPSP Luis Arce, ex ministro de Economía de Morales, y David Choquehuanca, su ex canciller.
Tanto Huarachi como Salvatierra apelan a la lealtad constitucional de los uniformados, cuyas cúpulas fueron claves para el golpe contra Evo. “No estamos interesados en una venganza”, asegura la joven politóloga. “La elección es una alternativa de pacificar el país con nuevas políticas que alienten la esperanza del pueblo boliviano”, dijo el dirigente minero. Habrá que ver qué sucede desde este lunes.
*Por Alberto López Girondo para Tiempo Argentino
