La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de retiro del 10 por ciento de fondos de las Administradoras de Fondos de Pensión, uno de los sistemas estrella del modelo económico instaurado por Pinochet.
Por Juan Carlos Ramírez Figueroa, desde Chile, para Página/12
El miércoles por la tarde, fue aprobado en la Cámara de Diputados de Chile el proyecto de retiro del 10 por ciento de fondos de las AFP (Administradoras de Fondos de Pensión), uno de los sistemas estrella del modelo económico instaurado por la dictadura de Augusto Pinochet, que permite a los dueños de estas instituciones invertir y especular con el dinero impuesto obligatoriamente por los trabajadores para su jubilación, apropiándose de las ganancias, pero no de las pérdidas. Aunque eran necesarios 93 votos para lograrlo, la medida, finalmente, fue aprobada por 95 votos favorables, 36 en contra y 22 abstenciones.
Este es el segundo golpe que recibe el gobierno de Sebastián Piñera, un férreo defensor del sistema, tras la aprobación de legislar sobre este retiro el 9 de julio pasado. Incluso, el miércoles, el presidente había ofrecido, entre varias medidas, un bono de unos 635 dólares orientado a la clase media, que generó un descontento tal -por lo bajo de la cifra y lo confuso de las condiciones de acceso- que comenzaron espontáneamente los cacerolazos en todo el país, a eso de las 21 horas, para terminar a la medianoche con barricadas que dejaron una llamativa postal viralizada en redes sociales: una caja de mercadería repartida por el gobierno en llamas.
Estallido Social 2.0.
Desde el toque de queda y el confinamiento de marzo que no se había visto una protesta de tales dimensiones en la capital chilena. Carabineros contabilizó 28 barricadas en sectores emblemáticos de la resistencia ante la dictadura, pero también muy castigadas por la situación económica, como La Pincoya y Villa Francia. También se registraron, según datos de la policía, 13 saqueos -incluyendo automotoras y supermercados- y dos ataques a comisarías, dejando en total a 61 personas detenidas.
Mientras un helicóptero de carabineros sobrevoló toda la madrugada Santiago, en redes sociales, ya se empezaba a hablar de un “Estallido Social 2.0.”, con personas saliendo a protestar en sus barrios, a pesar del toque de queda y una pandemia que, hasta ahora, según el conteo que incluye a los casos sospechosos o no testeados que se entrega una vez a la semana, ya suma 11.227 fallecidos.
El gobierno cree haber aprendido de los hechos de octubre del año pasado, desplegando a la policía con rapidez, suspendiendo la entrega de cajas con alimentos (para evitar conflictos con los pobladores, supuestamente) y evitando exponer a Piñera. Así, el que dio la cara fue el ministro del Interior Gonzalo Blumel, quien dijo: “Lo de anoche no es solo delincuencia, es un intento de amedrentar y alterar nuestro proceso democrático”. También el de Salud, Enrique Paris, quien aseguró que estas protestas afectan la estrategia actual de salud: “No cumplen las normas sanitarias, salen de noche, atentan contra su propia salud y contra la salud de toda la población y de sus familiares”.
Entre la extorsión y el triunfo deportivo
La víspera de la votación fue tan intensa, como el debate en el Congreso de Valparaíso que se extendió desde las 11 de la mañana hasta cerca de las 15 del miércoles cuando, como en una final de fútbol, el resultado de la votación generó gritos, aplausos y bocinas que retumbaban en los edificios de Santiago. Aunque el proyecto deberá pasar al Senado, este resultado es un paso trascendental para su definitiva aprobación. Un ejemplo de esta alegría fue la excéntrica diputada de Partido Humanista, Pamela Jiles -con una fuerte base de fans jóvenes en las redes sociales-, quien apareció corriendo como el personaje de animé Naruto.
Los que no deben estar muy contentos son los que forman el núcleo duro del gobierno, que han visto cómo la propia derecha se dividió en torno a esta votación, al punto de denunciar públicamente intentos de extorsión, como lo hizo el diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis, en CNN Chile.
Según su versión, fue testigo de cómo su colega Cristhian Moreira (Unión Demócrata Independiente, también de derecha) terminó internado en una clínica por la misma presión de votar en contra del 10 por ciento, hasta que, finalmente, se abstuvo. “Lo tenían realmente hostigado, más encima con el conocimiento que tengo de que venía con problemas de salud. Encuentro irresponsable a aquellas personas que hayan insistido con tanta vehemencia e irresponsabilidad el haber tratado de esa forma de convencerlo, porque era desesperante”.
Y fue aún más lejos: “Me molesta que haya diputados que llamen a otros diputados como intermediarios de algunos ministros, ofreciendo algún tipo de beneficio de gracia y algunos puestos de gobierno, beneficios de gobiernos regionales, ofrecer puestos en los gobiernos regionales”, añadió. Uno de los nombres que mencionó fue el del diputado Diego Schalpern, de su mismo partido, a quien se refirió como intermediario que ofrece puestos o beneficios a cambio de un voto. El acusado evitó referirse al tema, aunque votó por rechazar el 10 por ciento.
Mientras, en Santiago, la temperatura ha subido bastante, lo que favorece el festejo, el gobierno, a través de Blumel, sólo ha reaccionado de forma predecible como defensor de las AFP, diciendo que van a insistir en el Senado para que esta ley no se apruebe: “Confiamos en que el Senado va a poder enmendar este error que ha cometido la Cámara de Diputados, confiamos en que vamos a poder convencer en que las propuestas que hemos puesto como Gobierno son mejores, son más justas, ayudan de mejor forma a la clase media”.
*Por Juan Carlos Ramírez Figueroa, desde Chile, para Página/12 / Foto de portada: AFP
