Entre el 17 y 22 de junio, las autoridades costarricenses clausuraron 92 empresas agrícolas ubicadas en el norte del país, que operaban sin permiso sanitario y que empleaban a trabajadores migrantes en condiciones de semiesclavitud.
Por Giorgio Trucchi para ALAI
Una vez más, la imagen-país de Costa Rica como herramienta de marketing choca con la realidad inquietante de la explotación laboral y el trabajo semi-esclavo de miles de migrantes.
Lo que las autoridades “descubrieron” en estas empresas agrícolas es tan sólo la punta del iceberg de una situación de barbarie de sobra conocida, e irresponsablemente desdeñada y desatendida, que la Rel UITA ha abordado y denunciado en diferentes oportunidades.
Fueron 148 las empresas inspeccionadas. Además de las 92 que fueron cerradas (entre fincas y empacadoras), a 57 se les aplicó órdenes sanitarias y 21 fueron sancionadas por infringir el código laboral. La inspección abarcó a casi 6.000 personas, dijo el ministro de Seguridad, Michael Soto.
De la decenas de los trabajadores migrantes con condición migratoria irregular, sobreexplotados y sin derechos, varios de ellos dieron positivos coronavirus.
En el epicentro de los controles, están empresas productoras, empacadoras, comercializadoras y exportadoras de piña, caña de azúcar, tubérculos y cítricos. En estas mismas zonas (San Carlos, Upala, Los Chiles, San Ramón, Guatuso, Sarapiquí) es donde, en las últimas semanas, ha habido un fuerte aumento de los casos de la COVID-19.
Para nadie es un secreto que las condiciones inhumanas de vida y trabajo de cientos de trabajadores y trabajadoras son una bomba de tiempo anunciada, que obliga a las autoridades a asumir sus responsabilidades ante el tiempo perdido.
Años de explotación y desidia
“Más del 60 por ciento de las empresas inspeccionadas fueron clausuradas. Ahora se rasgan las vestiduras, pero se han mantenido años mirando para otro lado. En el norte del país, hay un estado de apartheid de hecho. Una vergüenza. Ahora vamos a ver si las autoridades se atreven a inspeccionar a las grandes plantaciones del gran capital transnacional”, dijo Frank Ulloa, asesor de la Rel UITA.
Para la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), estas empresas, todas de capital transnacional que operan a través de intermediarios nacionales, serían responsables de los delitos de trata de personas, incumplimiento culposo y propagación de epidemia.
Este importante espacio de lucha ecologista apunta el dedo, en especial, contra la expansión de las plantaciones de piña en Costa Rica. Algo que también, desde hace años, la Rel UITA y sus organizaciones afiliadas y aliadas, vienen denunciando internacionalmente. “Todas estas empresas piñeras que fueron cerradas deben ser investigadas por la fiscalía para sentar las responsabilidades de manera clara”, manifestó la FECON en un comunicado.
Una de ellas, Exportaciones Norteñas S.A., es socia de la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP). Desde el año 2015, ha sido cuestionada por mantener a centenares de trabajadores en condiciones de semi-esclavitud y por su anti-sindicalismo, advirtieron en el Sindicato de Trabajadores de Sector Privado (SITRASEP). Durante la inspección que llevó a su cierre, el Ministerio de Salud detectó, al menos, 21 trabajadores con la COVID-19.
Para Dany Villalobos, presidente de la FECON, esta y otras empresas habrían actuado de mala fe. “El sector agroindustrial no sólo ha sido reacio a seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias, sino que ha venido presionando para que el gobierno flexibilizara las disposiciones. Su único objetivo es continuar acumulando ganancias por encima de la salud de trabajadores y poblaciones rurales”, señaló Villalobos en el comunicado.
Trabajadores migrantes y trata de personas
Tampoco ha habido avances en las denuncias por la contratación de personas migrantes indocumentadas. En una investigación realizada por el Semanario Universidad, se advirtió que “ni una sola empresa agrícola ha sido sancionada por contratar a personas migrantes indocumentadas que cruzan día a día la frontera con Nicaragua para realizar labores agrícolas”.
La Dirección General de Migración y Extranjería, y el Ministerio del Trabajo y Seguridad, se bolearon la responsabilidad de la carencia de acción.
“En el trabajo de campo, nueve de cada diez trabajadores son migrantes y, de ellos, siete de cada diez están en condición irregular”, dijo a Semanario Universidad, Gustavo Gatica López, investigador del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE).
Para el catedrático Mauricio Álvarez, lo que ha ocurrido en estos días ha dejado en claro que el Estado “no tiene la capacidad, los deseos o el interés de meterse a fondo en una actividad que ha demostrado ser amo y señor de Costa Rica”.
*Por Gregorio Trucchi para ALAI / Foto de portada: Jeffrey Arguedas – EFE
