La semana pasada, hubo una instancia judicial en la que se informó a lxs vecinxs de Villa Parque Santa Ana acerca de la apelación interpuesta por el gobierno de la provincia de Córdoba contra la Sentencia dictada el pasado 30 de diciembre. En la misma, la Justicia dictaminó que el predio elegido por Cormecor no es apto para el enterramiento sanitario.
Por Débora Cerutti para La tinta
Santa Ana sigue luchando por la vida. Luego de cinco años de litigio, la Justicia concluyó que la Secretaría de Ambiente de la Provincia otorgó, de manera arbitraria, científica y técnicamente infundada, la licencia ambiental a Cormecor, afirmaron en un comunicado titulado “Schiaretti: basta de basura”.
Vale recordar que funcionarios provinciales no lograron fundamentar por qué no respetaron el apartamiento mínimo de 4 km de zonas habitadas recomendado por el Instituto Superior de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Córdoba.
El Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa, y aprobado por la provincia, decía que había 5 km entre el predio y la localidad más cercana, Villa Parque Santa Ana. Sin embargo, las pericias oficiales demostraron que había menos de 1 km entre el predio y la misma, menos de 3 km de distancia al ejido de Bouwer y menos de 4 km a Los Cedros. De hecho, en la zona de impacto directo, quedaba el paraje Potrero del Estado, incluida su escuela, afectando, de esta manera, a más de 20 familias que habitan en la zona rural Alto El Durazno y el sector Este de Villa Parque Santa Ana.
José Gremo, vecino de Villa Parque Santa Ana, narró a La tinta que “todo el proceso estuvo plagado de vicios, errores y falencias de funcionarios públicos. Hubo errores garrafales. Como vecinos y ante el contexto social y económico que vivimos, hoy nos cuesta mucho, nos ha sido muy duro llegar hasta acá porque ellos, con los dineros públicos del Estado, hacen cualquier cosa, pero nosotros como vecinos para todo nos hace falta dinero”.
En el comunicado, señalaron que las pericias oficiales son muy contundentes y “que los funcionarios públicos actuaron de manera arbitraria e infundada”. Afirman, además, que, en el proceso de evaluación del impacto ambiental, se violó el derecho a la participación ciudadana, invisibilizando, de esta manera, a lxs afectadxs: “Los principales afectados jamás hemos sido tenidos en cuenta. No fuimos debidamente informados de la audiencia pública que se realizó entre gallos y medianoche a más de 50 km de nuestra localidad, aunque nosotros contamos con múltiples instalaciones adecuadas para tal fin. El intendente de Santa Ana y los pocos vecinos que llegaron a la audiencia fueron abucheados, agredidos y amedrentados. No fuimos recibidos jamás por los funcionarios estatales, aunque enviamos numerosos pedidos de audiencia con el gobernador y el intendente de Córdoba. No se nos respondió cuando concurrimos a la Secretaría de Ambiente a solicitar el expediente correspondiente a Cormecor -a pesar de que la ley señala la obligatoriedad de entregar la información pública ambiental-. Cuando concurrimos a casa de gobierno con nuestros hijos, unos días antes de navidad, nos recibieron con un vallado de dos metros, perros y policía”.
Desde la agrupación de vecinxs, afirmaron que, si en el 2015 se hubiesen hecho bien la cosas, hoy, Córdoba tendría un proyecto y un predio adecuado para el establecimiento del enterramiento sanitario, obligando a la empresa a llevar adelante un plan riguroso de reducción, separación, recolección diferenciada y reciclado de residuo.
*Por Débora Cerutti para La tinta / Imagen de portada: Santa María sin Basura.
