El país sudamericano es donde los defensores de la tierra corren más peligros, debido a los asesinatos y amenazas constantes que reciben.
Por Prensa Latina
La ONG Global Witness denunció ayer que 212 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente fueron asesinadas en 2019 y Colombia fue el país con más cantidad de casos. “En 2019, los asesinatos en Colombia alcanzaron los 64 activistas, el número más alto jamás registrado por Global Witness en el país. Informes muestran un aumento drástico de asesinatos a líderes comunitarios y sociales en dicho país en los últimos años”, subraya en su informe anual.
El reporte precisa que las personas defensoras asesinadas en Colombia en 2019 representan el 30 por ciento de los crímenes documentados a nivel mundial. También significa un aumento de más del 150 por ciento en comparación con el año 2018 y la mayor cantidad de asesinatos que Global Witness haya registrado en el país.
Asimismo, la ONG puntualizó que los grupos indígenas estuvieron particularmente en riesgo y representan la mitad de los asesinatos documentados, a pesar de representar solo el 4,4 por ciento de la población.
Global Witness precisó que la región del Cauca es uno de los lugares más peligrosos del mundo para defender el medio ambiente, porque más de un tercio de todos los asesinatos de personas colombianas defensoras de la tierra y del medio ambiente ocurrieron en esa región.
Sin embargo, es una historia que se repite una y otra vez en comunidades de todo el país, que están en la primera línea de protección del planeta, y los ataques contra líderes y lideresas han llegado a un punto crítico.
La ONG consideró que estos asesinatos ocurren por el incumplimiento del Acuerdo de Paz de 2016, alcanzado entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el gobierno de Juan Manuel Santos. A su vez, en el informe, se describió que grupos del crimen organizado y paramilitares, muchos de los cuales se han apoderado de áreas anteriormente controladas por las FARC-EP, son responsables de un alto porcentaje de los asesinatos que documenta.
Un aspecto clave del acuerdo de paz fue otorgar un incentivo para alejar a los agricultores del cultivo de coca, reduciendo así la producción de cocaína e interrumpiendo el comercio de drogas que había alimentado el conflicto, pero este programa de sustitución de cultivos fue mal implementado.
En una cultura de impunidad generalizada, los perpetradores pueden confiar en la posibilidad de escaparse de la justicia: se estima que el 89 por ciento de los asesinatos de personas defensoras de derechos humanos no terminan en una condena.
“Algunos sostienen que esta impunidad es impulsada por un gobierno que intenta clasificar estos asesinatos como crímenes localizados, en lugar de considerarlos como parte de un intento de varios actores de continuar reprimiendo el cambio social de manera violenta”, refirió el informe.
Además, se argumentó que las mujeres defensoras se enfrentan a crecientes amenazas en Colombia, mientras la Organización de las Naciones Unidas (ONU) documentó un aumento de casi el 50 por ciento en el asesinato de mujeres entre 2018 y 2019.
*Por Prensa Latina / Foto de portada: Revista Semana
