#SomosPlurinacionales: Colombia – Parte 1
Por Redacción La tinta
Somos plurinacionales y nos reconocemos hermanes en el Abya Yala. Creemos que todas las voces nos construyen en los feminismos que somos. En medio de una pandemia que nos quiere individuales, dispersas y aislades, nos tejemos evadiendo las fronteras patriarcales y ponemos a circular relatos de organización y resistencia. En esta entrega, algunos trazos de lo que está pasando en Colombia.
Colombia es el quinto país de la región más castigado por la pandemia en número de muertes y contagios, y ha atravesado por un confinamiento estricto que se ha ido relajando a partir de las presiones por el colapso de la economía. Actualmente, se han vuelto a cerrar hasta el 1° de agosto, como consecuencia de un pico de casos en las mayores concentraciones urbanas como Bogotá y Medellín. Pero allí dentro, en las casas, aparecen, como en toda la región, las mujeres e identidades disidentes, que se vieron obligadas a quedarse en contextos desfavorables para su salud y hasta su vida, en el marco de un sistema de atención a las violencias y a la salud sexual y no reproductiva que ya colapsaba antes de la pandemia. Aparecen para acompañar y abrazarse, para denunciar y exigir al Estado medidas de protección y atención.
Conversamos con Martina, integrante del colectivo gráfico Acción Contra Mi Estado (ACME), de Mujeres de Mi Barrio (organización de comunicación alternativa) y de Futbola, colectivo conformado por hinchas populares de un equipo de fútbol de Bogotá, quien nos contará, en esta primera parte, cómo se está viviendo la situación del país en contexto de COVID y la particularidad de las luchas feministas que están llevando adelante. Pero el contexto colombiano está atravesado por una multiplicidad de violencias que no desaparecen con la pandemia. Por eso, en una próxima entrega, ahondaremos en la cotidianeidad profunda del feminismo en esta realidad.
—La pandemia por COVID-19 que padecemos en la región tiene complejidades específicas para las mujeres y disidencias. ¿Cómo viven desde los feminismos en Colombia el contexto actual?
—Un poco desde la invitación que se propone para hablar de estas complejidades, pienso que es importante visibilizar ciertas realidades, que yo creo que no son ajenas a lo que veníamos reivindicando históricamente, sólo que ahora, en esta ciudad, nos explotan en la cara porque se profundiza y se agudizan efectivamente. Uno de los mensajes más claros en el mundo ha sido el «quédate en casa». Quédate en casa, en unas condiciones materiales, simbólicas y familiares completamente diversas para las mujeres y disidencias. Lo que hemos encontrado en esta agudizaciones de situaciones es un incremento de las violencias porque casa debería ser, en estos países de “constitución tan familistas”, los lugares más seguros, pero encontramos que son de los lugares donde más se presentan violencias sexuales, físicas, económicas, psicológicas, patrimoniales y simbólicas tan complejas. Entonces, este tema de violencias ha sido demasiado profundo y demasiado fuerte, tanto es así que, efectivamente, también por presión de estos movimientos de mujeres, disidencias, feministas, los medios de comunicación no han tenido de otra que informar. Informar a las personas cuáles han sido las rutas de acceso preparadas por el Estado ante esto que, efectivamente, es insuficiente. Lo que tiene que ver con violencia y la poca respuesta ante esto. La violación a los derechos sexuales y reproductivos, como el derecho a la información sobre interrupción voluntaria del embarazo. Que en Colombia, desde el año 2006, en sentencia 355, está despenalizado en 3 causales. Efectivamente, hay poco acceso a métodos anticonceptivos, también información sobre el tema, como así también al papanicolau. Son consultas que quedan en segundo plano frente a toda la realidad que nos entrega la pandemia. Pero que también afecta de manera diferente a muchos cuerpos diversos. Y sin nombrar también el tema del cuidado que viene siendo un agravante importante en medio de estos confinamientos, donde sabemos quiénes son las personas que asumen la mayor carga de cuidado de niñas, niños, de personas mayores, de su mismo cuidado, del cuidado de la familia, de la salud y el poco entendimiento en salud mental que hay en este sentido.
—¿Cuál es la particularidad de las reivindicaciones actuales desde las organizaciones feministas de Colombia?
—Ante la particularidad de reivindicaciones actuales de los movimientos feministas, si bien no es un ejercicio totalizante, porque se está hablando y se sigue socializando y reflexionando sobre el mismo, sí hay un llamado importante al que se han sumado varias organizaciones sobre una declaratoria política.
Es generar la declaratoria de emergencia general por violencias y feminicidios ante el recrudecimiento que estamos viviendo actualmente. Tiene una exigencia a las comunidades, a los movimientos sociales que se dicen progresistas, donde también vemos un montón de violencias contra las mujeres y, de hecho, la misma crítica a decir que estas “luchas privadas” no son políticas y no están al mismo nivel que las luchas sociales y de clase. También tienen una carga muy afectiva y muy fuerte.
Y como primera medida, estas reivindicaciones le apuntan la crítica al Estado, que sabemos que no ha sido suficiente para prevenir todo lo que ha ido ocurriendo. Entonces, en esta declaratoria, hay diferentes exigencias que tienen que ver con sistemas nacionales que nos permiten identificar y hacer seguimiento también en las medidas de protección, porque eso no existe. Nos permite hacer exigencias con relación a lo que significan realmente los enfoques de género y derecho diferenciales para que no queden solamente en el papel. Nos exige hacer una veeduría, ya que, en Colombia, estos temas de leyes y de violencias están regidos por la ley 2572008, sobre cuál es la real veeduría en contexto de pandemia y qué se puede hacer en ese sentido cuando encontramos tantas barreras de acceso a servicios, a información, acceso a la Justicia. Que se vea con lupa desde estas aristas, programas y proyectos, aunque, para prevención en salubridad, tienen un componente violento y discriminatorio muy fuerte. Tal es el ejemplo de Bogotá, donde se implementó por decreto distrital la estrategia para restringir la salida de personas por “pico y género” (esto hace alusión a una estrategia en Bogotá para la disminución de la contaminación, en donde los móviles particulares se dividen los días en “pico y placa” para diferenciar circulación en día de la semana según la terminación de las patentes pares e impares), pero en donde, un día, salían hombres y, otro día, salían mujeres, sin tener en cuenta a la diversidad de identidades. Y, entonces, ya conocemos cuáles eran los lugares de violencia y discriminación. Si le damos luz a esta situación tan absurda, entonces, la gente empieza a hablar, esto permite debate y se busca normalizar situaciones que las personas siguen viendo como tabú. Pero, efectivamente, esto fue a costa de la violencia para muchas personas, para muchos grupos diversos, por ejemplo, la Red comunitaria trans, que es un movimiento muy grande en Bogotá, fue muy juicioso al ponerle punto en la lupa a todos estos hechos de violencia, donde hubo descensos muy importantes y asesinatos por parte de la misma fuerza pública y discriminación. Sabemos qué significa la doctrina militar y la doctrina policial, y más en este escenario.
De igual forma, ha sido importante en estas reivindicaciones poner la salud en el centro, poner de presente cuáles han sido los accesos equitativos a los que nos hemos visto llamadas históricamente. Entonces, uno de los casos principales fue una mujer trans llamada Alejandra de un lugar que se llama en Bogotá, «lugares de tolerancia», que prestan servicios sexuales pagos. Trabaja en el sector, vive con VIH, es diagnosticada con COVID y muere en uno de estos lugares de inquilinato. Entonces, pues, toda la exigencia a las instituciones, gobiernos, a la administración distrital, es decir, cuál es el cruce en este sentido, en el derecho a la salud, en la pobreza histórica. La discriminación por sexos y géneros, por trabajos. Es muy importante poder visibilizar este caso como un caso cumbre, es que eso es lo que está sucediendo en toda esta región. Entonces, la reivindicación por la injusticia económica, la distribución desigual de estas oportunidades educativas y laborales, la expectativa de vida de las personas trans, que no tienen más de 35 años muchas veces, la negligencia estatal, la criminalización de las personas trans, la violencia policial, el impacto desproporcionado para las poblaciones trans o LGTBIQ y no binaries.
—Respecto a las políticas de Estado y a las situaciones que viven las mujeres y disidencias, ¿cómo es la situación de violencia de géneros en este contexto?
—En este contexto, se siguen manejando cifras oficiales y cifras al margen por los significados de la denuncia, del reconocimiento, de la preparación de fiscales jueces, personas que tienen que ver con el acceso a la Justicia, con el reconocimiento de acceso a estos derechos en estas problemáticas. Vemos unos abismos en materia de estas violencias, pero tiene que ver con los puntos que hablábamos anteriormente. El primero es la recarga de las labores domésticas y de cuidados, el segundo es el acceso a servicios en derechos sexuales y reproductivos, y las acciones insuficientes de los gobiernos frente a las violencias.
Hay una organización que se llama Observatorio de Feminicidio Colombia, donde nos dice que, en la región, desde el 16 de marzo al 16 de junio, es decir, en época plena de confinamiento, se notificaron 104 feminicidios.
Ellas hacen un recuento desde medios de comunicación, desde ciertos lugares no siempre oficiales, y nos alarma esto. La red comunitaria trans, que, si bien no recoge a todas las organizaciones y movimientos sociales disidentes, es un faro importante, primero, por el centralismo en el que seguimos viviendo, pues estar en Bogotá da una visualización diferente, hay un abandono hacia las regiones. Llevan la bandera denunciando las inequidades, la transfobia, los asesinatos que siguen ocurriendo en regiones y en Bogotá, con la persecución policial, es un contexto demasiado violento y fuerte. Donde encontramos, por ejemplo, que, en Bogotá, hay una Secretaría de la Mujer que canaliza propuestas de transversalización de estos temas en otras secretarías o gabinetes que atienden violencias, y que tienen profesionales también para la prevención, pero no es suficiente. Es muy poco y, además, se necesita la acción mancomunada y articulada con Justicia, con salud, con educación, sumado a que el presupuesto es bastante limitado. Encontramos que hay un programa de casa refugio para mujeres que han sido víctimas y están en riesgo de feminicidio (así se tipifica aquí en la Ley de 2015 que independiza del Código Penal estos asesinatos), pero son insuficientes. Hay atenciones telefónicas en el contexto de COVID que han podido contener ciertas situaciones, pero no contiene lo que significa hablar de violencias, por lo menos, en la ciudad de Bogotá. De esto también tenemos algunas cifras que provee la secretaría de la mujer.
Del 20 de marzo al 2 de junio, se hicieron 11500 llamadas aproximadamente al programa que se llama «Línea púrpura distrital» y, de estas, 7500 eran por violencias específicamente. Vemos que hay un incremento en las llamadas, en los pedidos de auxilio, de urgencia y emergencia, para las que el aparato institucional no es suficiente. Y si no es suficiente en Bogotá, Medellín y Cali, que son las ciudades que concentran la mayor población, es muy difícil identificar las consecuencias o, por lo menos, el acceso a estos derechos, en regiones diferentes a estos grandes sectores.
En este caso, lo que vemos es que pudimos identificar qué pasa en las regiones, quién se encarga de las regiones y hacer veeduría en estos espacios: haciendo énfasis en la sobrecarga laboral, la poca atención en salud mental, los contratos y la precarización laboral a lo que están expuestas las personas que están conteniendo estas situaciones de violencias, lo que significa también para las personas que denuncian este tipo de violencias, porque entendemos una justicia muy patriarcal. Entonces, los niveles de impunidad que siguen existiendo hacen que las personas, en general, no confíen en lo que significa la justicia y mucho menos en este contexto de guerra en el que hemos vivido en Colombia históricamente, en donde estos tentáculos han estado presentes en la justicia.
*Por Redacción La tinta / Collage de portada: Angela Camacho – @thebonitachola.
