Con manipulaciones, desinformación y denuncias, trabajadores de la salud y funcionarios del gobierno obstaculizaron el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) de una niña que fue violada y vivió múltiples violencias. Una vez más, urge gritar: “Niñas, no madres”.
Por Redacción La Tinta
María -nombre ficticio con el que se nombra a la niña para proteger su identidad- vive en un barrio popular de La Banda, Santiago del Estero. Tiene 12 años y, junto con su familia, es cartonera. Hace unos días, se conoció la tristísima noticia de que cursa un embarazo consecuencia de una violencia sexual. También se difundió que ha tenido múltiples situaciones de violencias a lo largo de su corta vida.
Con 20 semanas de gestación, se enteró de que estaba embarazada cuando consultó al sistema de salud por dolores en el abdomen y posterior realización de una ecografía. En ese momento, no le brindaron la información necesaria para poder acceder a una ILE, tal como estipula el Código Penal en su artículo 86, como así también el Fallo FAL y el Protocolo para la atención de personas con derecho a la ILE del Ministerio de Salud de la Nación.
No le dieron opciones el 2 de abril cuando fue a la consulta. El 7 de mayo, comenzó a divulgarse la información y el Ministerio de Salud local también se desentendió.
Vale recordar que tanto el gobernador Gerardo Zamora como su pareja, la diputada Claudia Ledesma Abdala, se opusieron en 2018 al proyecto de Ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo como así también a la Ley de Identidad de Género, el Matrimonio Igualitario y la ley de Educación Sexual Integral. En reiteradas ocasiones, han sido vinculados con grupos antiderechos y con sectores eclesiales.
Sumado a las violencias mencionadas y contrario a lo que establece el Fallo FAL, judicializaron la situación y presentaron una denuncia en la Comisaría del Menor y la Mujer N°2. Recordemos que, para poder garantizar una ILE, es fundamental la respuesta ágil y no esperar a que ningún órgano se expida. Cualquier parecido con las situaciones del año pasado ocurridas en Jujuy y Tucumán, NO es ninguna pura coincidencia.
Desde la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, denuncian: “Una vez más, asistimos a la negación de derechos por parte de las Instituciones de Salud de nuestra Provincia, que debieron garantizar la salud integral de María, quien, desde temprana edad, fue víctima de abuso sexual, producto del cual hoy cursa un embarazo, que, por su corta edad, 12 años, está tipificado como violación. Así lo explicita el ‘Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a Interrupción Legal del Embarazo’ que se apoya en el Fallo F.A.L y en el Art. 86 del código Penal, que sostiene, desde hace 100 años, que el aborto es legal en Argentina cuando el embarazo es fruto de una violación o cuando corre riesgo la salud de la persona gestante, entendida, según la Organización Mundial de la Salud, como el completo bienestar físico, psíquico y social. Claramente, ambas causales están presentes en la situación de María. Su contexto social es de extrema vulnerabilidad”.
La maternidad forzada es Tortura: Niñas, no Madres
Esta consigna es una campaña que nos recuerda la crueldad a la que muchas niñas están sometidas, con la complicidad de la sociedad y de las instituciones públicas. Informes de UNICEF remarcan que “las niñas tienen cuatro veces más riesgo de morir durante el embarazo y el parto. Cuatro de cada diez niñas-madres dejan de estudiar, de jugar, para dedicarse a tareas de cuidados. Tendrá menos oportunidades laborales, se perpetúa la pobreza y la discriminación. Su vida cambiará para siempre”.
Desde la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, reclaman la adhesión inmediata al Protocolo ILE en la provincia de Santiago del Estero, la reparación por parte del Estado de los daños ocasionados a la salud y vida de María y su familia, que se instrumentalicen las sanciones correspondientes para lxs profesionales de la salud que incumplieron normativas negando el acceso al aborto legal y seguro para la niña, así como el tratamiento y aprobación inmediata de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
* Por Redacción La tinta. Imagen de tapa: (Nicolás Stulberg)
