#SomosPlurinacionales: Brasil
Por Redacción La tinta
Somos plurinacionales y nos reconocemos hermanes en el Abya Yala. Creemos que todas las voces nos construyen en los feminismos que somos. En medio de una pandemia que nos quiere individuales, dispersas y aislades, nos tejemos evadiendo las fronteras patriarcales. Por todo eso y más, aquí, comenzamos una serie de entrevistas para acercarnos a lo que está pasando en algunos de los países de Nuestra América.
En esta oportunidad, Josefina Mastropaolo, feminista y docente de la Universidad Federal de Río de Janeiro, nos cuenta sobre la situación actual del país hermano que está siendo el epicentro de la COVID-19 de la región, con más casos positivos después de Estados Unidos. Las noticias y las imágenes que nos llegan son devastadoras, hay denuncias sobre subnotificación de casos, mientras vemos cómo se acelera desigualmente la pandemia.
En medio de chistes, burlas y comentarios públicos racistas, odiantes e irresponsables, el presidente Jair Bolsonaro minimiza y descalifica la emergencia sanitaria mundial. Convoca a la ciudadanía a marchas contra las medidas de aislamiento, desoyendo recomendaciones de distintos sectores de la comunidad médica, la Organización Mundial de la Salud (OMS) e, incluso, gobernadores y alcaldes, confrontando hasta a parte de sus sectores aliados, lo que ha llevado a renuncias de ministros.
—¿Cómo caracterizás la gestión política que se está llevando adelante desde el Estado Nacional en el contexto de esta pandemia?
—La gestión política de Bolsonaro es mafiosa y genocida, hoy, Brasil es uno de los peores lugares del mundo para estar. La crisis que vivimos es económica y sanitaria, pero, al mismo tiempo, es política e institucional. El carácter genocida de la (no) política sanitaria del gobierno Bolsonaro no lo es por defecto u omisión, sino por deliberación, es una estrategia política que busca deliberadamente la muerte. Bolsonaro es, hoy, el peor presidente del mundo, es el único que defiende la aglomeración de personas en el contexto de la pandemia, contradiciendo todas las investigaciones científicas y las recomendaciones epidemiológicas de los órganos competentes.
Es importante decir, para dimensionar su alcance, que este trazo genocida de enfrentamiento de la crisis no es una novedad de esta coyuntura. Sino que es posible porque está anclada en una dinámica que lleva años. Yo vivo en Río de Janeiro, aquí, por ejemplo, tenemos, desde hace muchos años, índices de muertes violentas equivalentes a las que permiten caracterizar un conflicto como guerra civil. Vivimos un genocidio racial, ya que las principales víctimas de esa violencia son los y las jóvenes negros/as. La pandemia no modificó el perfil socio-racial de las principales víctimas. En el último mes, las muertes de negros y negras han aumentado más que las de la población blanca.
Resulta cada vez más evidente, de forma muy explícita a partir del asesinato de Marielle Franco en 2018, que el presidente de Brasil es un “miliciano”, como parte de las estructuras del crimen organizado, que se han expresado en las intervenciones y chanchullos que viene articulando dentro de la Policía Federal. Si bien el gobierno pierde popularidad, mantiene apoyo del ejército, que, evidentemente, elige mantenerlo en el poder y ocupar todos los cargos de primera línea del gobierno. Lo consideran una figura tosca, pero juegan al mal menor. Y también mantiene también el apoyo de las empresas de fe neopentecostales. Otros sectores de la derecha, institucional, empresarial y mediática, entre la que se encuentra hoy la Red Globo de televisión, buscan distanciarse de esta figura, tal vez pensando en el escenario de las elecciones de 2022, pero no consiguen, por ahora, articular una oposición contundente.
—En relación a lo que planteás como políticas genocidas (no) sanitaristas, ¿podés profundizar cómo están siendo las medidas en relación a la pandemia con un Ministerio de salud donde ya renunciaron dos ministros?
—En 2016, el gobierno golpista de Michel Temer sancionó la Enmienda Constitucional 95, que, en ese entonces, fue llamada “PEC da morte”. La cual estableció un techo de gastos para salud y educación congelándolos por 20 años. Por tanto, nos encontramos tras 4 años bajo un régimen de desfinanciamiento del Sistema Único de Salud y de la educación, lo que ha afectado necesariamente la inversión en ciencia y técnica. Las agencias de financiamiento de investigaciones están desfinanciadas, las universidades y la Fiocruz, además, sufren sistemáticamente ataques a su legitimidad y función social. Sólo en 2018, la inversión en salud cayó 22.500 mil millones de reales.
El gobierno no tiene una política sanitaria para enfrentar la pandemia, al contrario, somos testigos, desde el comienzo, de la negación a desarrollar una política de Estado de cuidado de la población. Bolsonaro se ha manifestado contrario al aislamiento que, sin embargo, fue asumido por la población y, en parte, regulado por los gobernadores e intendentes. Ante estas medidas tomadas a niveles más locales, el gobierno federal defiende el fin del aislamiento social.
No olvidemos que Brasil es uno de los dos países más desiguales del mundo, que no tiene condiciones materiales para mantenerse en aislamiento social. El presidente enarbola un discurso en el que caracteriza al aislamiento social como una acción egoísta y propia de gente privilegiada, como una forma de buscar apoyo para justificar el desgobierno.
El sistema de salud está totalmente colapsado, a pesar de que hay una capacidad hospitalaria ociosa, pero que no se encuentra disponible. Existe una demanda social para que el gobierno desarrolle una política de unificación de las camas del sistema público y privado, sin embargo, no se tomó ninguna medida en ese sentido. Es más, un estudio reciente de la Universidad de Pelotas demuestra que, a pesar del contexto de emergencia, y después de 46 días de que el gobierno asumiera el compromiso de informar un panorama diario de la capacidad hospitalaria de terapia intensiva, todavía no se consiguen datos sobre ese recurso.
Por otro lado, se ha defendido el uso de la cloroquina, contradiciendo todas las orientaciones científicas sobre la ausencia de beneficios que el uso de este medicamento trae para tratar COVID-19 y los múltiples efectos colaterales nocivos a ella asociados. A esto, hay que sumarle la subnotificación alarmante de casos, algunos estudios sostienen que es de 7×1, otras, que es de 8 y hasta 12×1. La desvalorización de la gravedad de la crisis sanitaria parece ser uno de los recursos en los que se apoya el Estado Federal para transitar este momento sin desarrollar ninguna política pública en beneficio del cuidado de la vida. Estamos ante una tragedia que vemos suceder cada día; la cantidad de personas infectadas y muertas, muchas de ellas, profesionales de la salud y de la asistencia que están en la primera línea, con condiciones pésimas de higiene y cuidados.
Tal vez, también en función de una pérdida de popularidad, el gobierno desarrolla un discurso en el que pretende dar la impresión de que nada está fuera de control, entonces, defiende la idea de que la pandemia será controlada cuando alcancemos “inmunidad de rebaño”, sin embargo, según los primeros resultados de una investigación nacional, realizada en 90 ciudades brasileras por la Universidad Nacional de Pelotas, indica que, para alcanzar la “inmunidad de rebaño”, morirán 120.000 personas solo en la ciudad de San Pablo y la mayoría de los casos en la periferia de esta metrópolis.
—¿Cómo está impactando esta realidad de la COVID-19 en las comunidades indígenas y racializadas particularmente?
—Si el virus, como fue dicho, es “democrático” porque afecta a todas las clases por igual, lo que no es demócratico son las condiciones para protegernos de una posible infección. La población negra, que vive en comunidades que llamamos favelas, viene siendo la población que más muere por COVID-19. Y no es porque se infecta más, es porque, cuando se infecta, tiene más riesgo de morir. Es la población con mayor prevalencia de tuberculosis, con condiciones sanitarias más precarias y la más excluida del sistema de salud.
La única política estatal que “atiende” a estas comunidades es la militarización del territorio, a través de operaciones policiales que sistemáticamente mata, principalmente, a jóvenes, esta es un realidad de todos los días. Durante la pandemia, esta estrategia de guerra contra la población de las favelas continúa activa, cobrando vidas diariamente con grados de crueldad y de violación de la intimidad absolutamente bárbaras.
Los últimos asesinatos ocurrieron simultáneamente, al momento en que la comunidad organizada distribuía bolsones de alimentos, material de higiene y orientaciones sanitarias. Según los datos correspondientes al mes de abril divulgados por el ISP (Instituto de Segurança Pública), en este mes de 2020, la policía mató 43% más que en el mismo mes del año pasado.
Entre las comunidades de pueblos originarios, se registran más casos entre aquellos que viven en Reservas Indígenas, donde las condiciones sanitarias son extremadamente deficitarias, no tienen acceso a la tierra y, por lo tanto, no tienen la base material para vivir como pueblos originarios. Su supervivencia depende de la venta de su fuerza de trabajo, lo que implica interacciones permanentes con la ciudad.
Los pueblos que tienen base material para la soberanía alimentaria están un poco más protegidos, aunque las empresas de fe neopentecostal vienen haciendo una campaña de aproximación a los pueblos más aislados. Y estamos viendo un aprovechamiento espurio de la pandemia por parte de las instituciones del Estado para avanzar sobre los territorios. El propio Ministro de Ambiente, Ricardo Salles, declaró que es importante aprovechar el hecho de que los medios están ocupados con la pandemia para aprobar reformas en la política ambiental. Mientras tanto, continúan quemando la amazonia.
—¿Qué pronunciamientos y estrategias se vienen gestando y pronunciando desde los feminismos?
—La gran cuestión, en el marco de este escenario escabroso, es reconocer por dónde pasan las acciones de cuidado: colectivos de favelas, grupos de personas ad hoc, campañas y organizaciones de la sociedad civil son las que vienen garantizando la seguridad alimentaria para miles de vecinos y vecinas de las favelas, distribuyendo kits de higiene y dando orientaciones para la salud, organizando las estrategias de cuidados a partir de un reconocimiento de las condiciones de vida de cada comunidad.
Desde las organizaciones feministas, se denuncia el aumento de la violencia doméstica durante la pandemia y se han diseñado estrategias, tanto institucionales como de auto organización, para enfrentar este otro flagelo mortal que sufrimos las mujeres. Por ejemplo, la construcción de una Red de Combate a la Violencia Doméstica que está siendo desarrollada por las mujeres del MST (Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra) del estado de San Pablo, que viven en áreas de asentamientos y campamentos rurales. Como esta, múltiples otras acciones en el sentido de visibilizar y combatir la violencia doméstica.
También es importante destacar el esfuerzo de diferentes grupos de mujeres y sectores dentro del feminismo, que, a través de investigaciones, buscan visibilizar las formas diferenciadas en que la pandemia y el aislamiento social afecta a las mujeres e identidades diversas, que vienen mostrando el aumento exponencial del trabajo doméstico y la postergación de actividades propias y de cuidados de sí.
*Por Redacción La tinta / Collage de portada: Angela Camacho – @thebonitachola.
