Ministerio de la Mujer: eso que llaman asistencia es trabajo precarizado

Ministerio de la Mujer: eso que llaman asistencia es trabajo precarizado
27 abril, 2020 por Redacción La tinta

Durante la pandemia por el Covid-19, las situaciones de violencia hacia mujeres y niñes no se detienen. Las políticas de géneros que atiendan esta problemática son centrales para pensar las condiciones de aislamiento de las mujeres en riesgo. ¿Cuáles son las políticas que lleva adelante el Ministerio de la Mujer y cómo funcionan?

Por Redacción La tinta

El niño de tres años que estuvo junto a su madre en un refugio para mujeres en situación de violencia, y dio positivo en el análisis del virus COVID-19, volvió los ojos de la sociedad hacia el Ministerio de la Mujer y, específicamente, hacia el Polo Integral de la Mujer. Las comunicaciones oficiales indican un aumento de la violencia desde que comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio, con una multiplicación en la cantidad de llamadas para asistencia y denuncia. Mientras escribimos esto, por ejemplo, encuentran el cuerpo sin vida de Cecilia Basaldúa que llevaba 20 días desaparecida en Capilla del Monte. 

Sin embargo, durante los últimos días, se hicieron públicos diferentes reclamos hacia el Ministerio de la Mujer. Los programas provinciales suspendidos por tres meses afectan a personas en situación de violencia de género, sumado al recorte del programa Córdoba con Ellas y a los reclamos históricos por las condiciones de precarización que vienen denunciando las trabajadoras, hoy, agravadas por la pandemia. 

Políticas de cuidado

El cuidado y la reproducción de la vida es uno de los ejes que más costó hacer ingresar en la agenda pública. Una lucha iniciada por los feminismos en su expresión marxista a fines de los años 60, que visibiliza el rol del trabajo no remunerado en el proceso de acumulación capitalista, que piensa y denuncia la relación perversa (pero necesaria al sistema) entre desigualdades de género y división sexual del trabajo. 

Este año, comenzamos a escuchar desde el Estado nacional, y de la mano de las compañeras feministas que dirigen algunas dependencias, la preocupación por la dimensión política y social del cuidado pensada en términos de derechos, y la urgencia de diseñar políticas públicas que tiendan a reconocer económicamente este trabajo. En este sentido, previo a la pandemia, se creó la Dirección de Cuidados Integrales del Ministerio de Desarrollo Social, una política pública inédita y sorprendente que reconocería la fuerza de trabajo invisibilizada con lineamientos de un sistema integral de cuidados.

Si bien esta iniciativa fue tomada con gran interés, en el contexto actual, desde las provincias, se intenta poner parches a las urgencias. Conversamos con las trabajadoras de distintas áreas del Polo Integral de la Mujer para intentar comprender cuál es el estado de las políticas públicas provinciales que pretenden gestionar el cuidado de personas en situación de violencia, a quiénes y cómo cuidan.

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(Imagen: La tinta)

Polo Integral de la Mujer

La provincia de Córdoba adhirió en el año 2016 a la Ley 26.485, sancionada en el 2009, de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Esta adhesión se dio bajo la presión de las organizaciones feministas y ante el aumento del registro de femicidios en la provincia. Ese mismo año, se creó el Polo Integral de la Mujer como el espacio que nuclea las políticas sobre violencia de género, familiar y trata de personas.

Actualmente, en el marco de la crisis sanitaria, esta institución funciona con asistencia en línea las 24 h, con equipos de asistencia específicamente del área de violencia de género y familiar, y de Delitos contra la Integridad Sexual, y con Brigadas de Protección de la Mujer, realizando trabajo presencial.

Las trabajadoras nos cuentan sobre la centralidad de la línea 0800 888 9898, el número gratuito provincial ​para asesoramiento y denuncias en violencia familiar y de género que “no para de sonar, ha aumentado la demanda y, ahora, nuestra jefa está pidiendo un turno paralelo porque, en algunos turnos, no damos abasto, entra todo por ahí, ya que las otras instituciones no tienen una línea específica”, nos explican. “La mayoría de las profesionales estamos abocadas al 0800 y, para eso, no hemos recibido capacitación más que un instructivo básico para leer y los aparatos que no todos son nuevos ni funcionan bien”. Una vez más, la buena predisposición y el compromiso de las trabajadoras hacen la diferencia, “no es que no queremos laburar, pero sí queremos buenas condiciones, trabajar desde la casa no es siempre posible, en la mayoría de los casos, somos mujeres y madres. Sin embargo, el 0800 funciona re bien, muy operativo, nos sacamos las dudas entre nosotras, evacuamos las consultas que nos hacen”, pero insisten que “el teletrabajo es precarizante”.

Quienes no atienden la línea gratuita continúan haciendo el seguimiento y la atención de las urgencias desde las Brigadas de Protección a la Mujer, donde “la mayoría son monotributistas ultra precarizadas, que siguen yendo a trabajar, menos días, pero una por guardia y hacen de todo, son multifunción y, además, no tienen los elementos de seguridad mínimos”, cuenta una de las trabajadoras. La brigada es el área encargada de la atención de situaciones de emergencia y crisis, las activaciones de botón antipánico y tobillera, así como los femicidios e intentos de femicidio. Explican que atienden a todas las mujeres que van usando un mismo barbijo descartable durante seis horas seguidas. Con estos antecedentes, y ante la excepción de cuarentena a quienes realicen tareas de acompañamiento a situaciones de violencia, temen volver a trabajar sin garantizar las condiciones de seguridad.

En el comunicado emitido por las trabajadoras tras la noticia del diagnóstico positivo de COVID-19 a personas que habitaron la institución, explicaron que la “situación se podría haber impedido si se tomaban recaudos y medidas básicas de cuidado”. Aunque se trata de tareas esenciales, las trabajadoras son un eslabón débil de las políticas del Ministerio: “Hace años, venimos denunciando nuestras condiciones laborales, siendo, en su gran mayoría, monotributistas, sin obra social, ART ni derechos laborales básicos”. Respecto a las contrataciones, citan tres ejemplos de las condiciones laborales: “Hay 16 compañeras que vienen del Consejo de las Mujeres, las han dividido en distintas áreas y en distintas funciones dentro del Polo, y le dieron un contrato del ejecutivo que afecta negativamente su salario, entre $10.000 y $15.000 menos que antes”. Además, “las monotributistas están ganando $28.000, el último aumento lo tuvieron el año pasado y nunca más se actualizó”. Por último, narran la desvinculación de siete trabajadoras del programa Córdoba con Ellas.

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Contrastes

El programa provincial “Córdoba con Ellas” fue creado con el objetivo explícito de “promocionar el desarrollo, la inserción social y laboral de las mujeres a través de la implementación articulada y coordinada de acciones que amplíen las oportunidades de trabajo e inclusión social”. Así, contendría acciones estratégicas como la promoción del empleo, el fortalecimiento de la salud integral de las mujeres, el apoyo a la finalización de la escolaridad y la promoción de la integración familiar y la interrelación comunitaria. Este programa fue absorbido por el Ministerio de la Mujer de la provincia de Córdoba en diciembre de 2019.

En las últimas semanas, las trabajadoras denunciaron el despido de siete profesionales que, desde 2017, se desempeñaban en el programa. “El 13 de marzo, nos notificaron por teléfono que nuestros convenios finalizaron el último día de febrero y los directivos, desde ese día, no han concretado la firma del nuevo convenio”, cuenta una de las trabajadoras y explica que “la información que nos han dado ha sido, desde el inicio, confusa, contradictoria y sin confirmación en relación a nuestro sueldo del mes de marzo ni nuestra continuidad laboral”. Esta denuncia se suma a las que vienen sosteniendo desde hace años las trabajadoras, intensificadas en diciembre por el cambio de gestión y el clima de incertidumbre laboral de las monotributistas o becarias en espacios esenciales de cuidado.

Mientras, en este programa, se reduce personal, el Ministerio de la Mujer convoca a las egresadas de la Diplomatura Universitaria en Formación de Acompañantes Comunitarios/as contra la Violencia de Género a conformar una Red de Acompañantes Comunitarias COVID-19. Este programa de formación fue lanzado por el Gobierno de la Provincia de Córdoba a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, junto a todas las universidades públicas y privadas de Córdoba. El llamado a sus egresadas es para la realización de tareas de asistencia voluntaria y no remunerada, a las mujeres en el contexto de esta pandemia. La iniciativa, como dicen desde la institución, es propuesta “teniendo en cuenta la situación de aislamiento social y obligatorio que estamos atravesando por la pandemia causada por el COVID-19 y reconociendo el incremento del riesgo de violencia de género hacia las mujeres”. El Plan incluye acciones y medidas excepcionales para asegurar el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres en el contexto de pandemia. 


Es interesante preguntarnos sobre cómo se reproducen los sentidos sobre trabajo de cuidado no pago y voluntario, que atiende a una problemática de gran envergadura, mientras se recortan programas.


“El objetivo de dicha Red es acompañar territorialmente, y de manera rápida y efectiva, a todas las mujeres que se encuentren en situación de violencia. Además, busca que los recursos del Estado lleguen a todas las mujeres que lo necesiten, preservando su integridad y la de sus hijas/os”, explican desde el Ministerio.

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(Imagen: Colectivo Manifiesto)

Por otro lado, la suspensión de programas como el PorMí, el Programa de Inserción Profesional (PIP) y Programa Primer Paso (PPP) en medio de la pandemia dejó a muchas mujeres y sus familias sin ese ingreso básico, y a profesionales sin renovación de contratos. Además de ir a contramano del Decreto de Necesidad y Urgencia que establece la prohibición de despidos, es un fuerte golpe a la realidad de las mujeres beneficiarias, que no no cuentan con estabilidad económica ni pueden buscar alternativas en cuarentena. Esas mujeres son quienes tienen dificultades para acceder a trabajos formales, en muchos casos, por estar abocadas al sostenimiento de la vida, con las tareas de reproducción y cuidado en sus hogares. 

Bastaría mirar los territorios un poquito, ver las respuestas colectivas que las organizaciones barriales, de la economía popular y feministas vienen poniendo en marcha en este momento de crisis, recuperar las prácticas de cuidado que trazan las mujeres en los comedores, con asistencia y relevamientos de lo que viven las familias en los barrios. Ese cuidado que despliegan las mujeres en los espacios comunitarios debería ser tenido en cuenta para diseñar una política pública realmente eficaz, que ponga en el centro a las personas en situación de violencia, pero también a las que cuidan.

*Por Redacción La tinta.

Palabras claves: Género, Ministerio de la Mujer, Polo Integral de la Mujer, precarización laboral, Violencia de género

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