Desde el Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad (OTES), presentaron un informe especial para analizar las condiciones de las viviendas en las cuales las personas se ven obligadas a permanecer.
Por Débora Cerutti para La tinta
En Gran Córdoba, según los últimos datos disponibles, 465.000 habitantes del aglomerado residen en hogares con deficiencias fundamentales. Esto representa al 31% de la población, equivalente a 3 de cada 10 habitantes del Gran Córdoba.
Dentro del 10% de los hogares con menores ingresos, se observa que el 17% de las personas no poseen acceso a los servicios mínimos, que el 25% de las viviendas no cumplen las condiciones edilicias básicas y el 49% de las personas están en situación de hacinamiento. De quienes no tienen acceso a una vivienda digna, 6 de cada 10 personas (61%) viven en hogares del primer decil, es decir, los de menores ingresos.
El informe arroja que, en el 30% de hogares con menores ingresos, el 79% de las personas no tienen acceso a algún servicio básico, el 75% no poseen las condiciones edilicias mínimas y el 75% de personas están en situación de hacinamiento.
Por su parte, los Programas de Vivienda sufrieron un recorte del 38% entre 2013 y 2020 por parte del Gobierno Provincial. En 2019, se utilizaron tan sólo $49 por cada $100 que estaban destinados a mejorar las condiciones de vivienda de la población, y en términos agregados, solo para ese año, quedaron sin ser utilizados $1.692 millones para dicho fin, debido a la sub-ejecución del presupuesto provincial en programas de vivienda.
“Lo que queríamos destacar era no sólo que hay una problemática evidente en términos habitacionales en Gran Córdoba, que, no por nada, aparecen reclamos de distintas organizaciones hace tiempo y que, además, esa problemática habitacional es aún más fuerte en los hogares de menos ingresos”, afirma Pablo Díaz Almada, uno de los realizadores del informe e integrante de Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad (OTES).
Esa situación de precariedad para las personas de menores ingresos se potencia en el contexto de aislamiento donde aparecen y se refuerzan situaciones de violencias patriarcales, institucionales y socioeconómicas: “Nosotrxs nos centramos que, ante esta situación, el Estado debe salir como la institución que debiera responder ante este tipo de deficiencias. El Estado tiene programas, planes, una serie de instrumentos que son presupuestados anualmente por el gobierno de la provincia. Hay otros fondos que vienen de Nación, pero son ejecutados por provincia”, dice Pablo.
El informe se realizó en base a los presupuestos desde el 2013 al 2020. Una de las observaciones es que hubo una caída en cuanto a participación del presupuesto general. El ítem “vivienda” se vio reducido en el porcentaje general del presupuesto de la provincia: “Cuando miramos ese gasto real ejecutado, vemos que ha sufrido una pérdida importante en términos reales, sobre todo, de 2017 a 2019, y nos preguntamos qué va a pasar en 2020”.
La situación actual en cuanto a la problemática habitacional es parte de una cuestión estructural de la cual el Estado es responsable, por omisión o bien por falta de políticas efectivas para cambiar la situación: “Esto sucede en una provincia y una ciudad donde el negocio inmobiliario desarrollista crece y crece, y arrasa con lo que sea, geografías, territorios, comunidades”, sentencia Pablo.
Desde el grupo que realizó el informe, afirman que el contexto de pandemia y aislamiento preventivo lo único que hace es exaltar estas desigualdades y poner en evidencia las consecuencias del sistema que históricamente vienen reclamando distintas organizaciones en materia de acceso y condiciones dignas de vivienda.
“El Estado no está dando la discusión del problema estructural habitacional, sino que se realizan acciones coyunturales para paliar la situación, pero pateando el problema de fondo para adelante”, afirman desde el Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad.
Leé el informe completo de OTES
*Por Débora Cerutti para La tinta.
