La huelga en las apps de reparto en tiempos de coronavirus
La huelga internacional de repartidores deja al descubierto una forma de explotación que se encubre en las nuevas tecnologías.
Por Karol Morales, desde España, para La tinta
El miércoles 22 de abril, se desarrolló una huelga internacional de trabajadores/as de apps de reparto. Aunque también han tenido apoyo desde España, la convocatoria se concentró principalmente en Latinoamérica: repartidores de Argentina, Costa Rica, Guatemala o Perú se convocaron espontáneamente frente a la degradación de las condiciones de trabajo y el aumento del riesgo laboral, asociado a la pandemia de la Covid-19.
Como bien señalan en un comunicado del 21 de abril desde APP Sindical (el primer sindicato latinoamericano de trabajadores de plataformas digitales, creado en Argentina), en los países que han decretado cuarentena por la crisis sanitaria, se ha mantenido el funcionamiento de las plataformas de reparto. Incluso, en países como España e Italia, en que se restringió temporalmente la actividad económica sólo a aquellas con carácter de servicio esencial, éstas continuaron operando bajo la misma lógica que las define como modelo de negocio: la transferencia total de los riesgos sobre las espaldas de los trabajadores y las trabajadoras.
En efecto, en la mayoría de los países, las empresas han continuado sus operaciones sin ofrecer implementos de seguridad sanitaria imprescindibles para la prevención de los contagios, tales como mascarillas o gel desinfectante. Y en los casos que lo han hecho, como en Chile, estos son insuficientes para las necesidades derivadas de la constante exposición a diversas fuentes de contagio. Las medidas que las empresas han tomado están dirigidas a dar tranquilidad a los clientes. Entrega sin contacto o uso de guantes son elementos que, muchas veces, no se pueden cumplir y que, en palabras de los repartidores, sirven para dar confianza en el servicio, pero no para prevenir contagios.
Además, algunas plataformas han recortado las tarifas que cobran los repartidores por cada pedido en plena pandemia. Este es el caso de Glovo en España, que ha bajado las tarifas base en más del 50 por ciento, estableciendo un sistema de bonos por kilómetros que implica que los repartidores recorran distancias más largas para lograr el mismo ingreso, según se explica en un artículo publicado por El Salto Diario.
Como se observa, la manifestación fue necesaria y legítima. Y nos devuelve a las reflexiones que ya hemos desarrollado acerca de la acción colectiva frente al trabajo en plataformas de reparto, que pueden ser útiles en este nuevo conflicto.
Ante la acción colectiva de los repartidores, se observa un patrón:
—Recorte unilateral de tarifas o muertes como desencadenante: el recorte de tarifas/bonus, u otras decisiones unilaterales impuestas por las empresas, que merman directamente los ingresos, así como las muertes de repartidores en absoluta desprotección suelen ser el desencadenante de acciones espontáneas de protesta (manifestaciones frente a las oficinas, solicitudes de diálogo a la empresa, etc.).
En este caso, si bien sólo tenemos registro del recorte de tarifas en un caso, en el resto, la falta de elementos de seguridad sanitaria constituye también un aumento del riesgo al que ya se veían expuestos antes. Sin mencionar el riesgo que también constituyen para la población general.
—Huelga: como parte de una escalada del malestar, muchas veces, luego de esfuerzos infructuosos por ser escuchados por las empresas, los repartidores se autoconvocan a huelgas que consisten en no atender los pedidos que les ingresan o no conectarse. Muchas veces, ello ha implicado el aumento de las tarifas de pago por pedido como incentivo a trabajar durante la huelga. En el caso de la huelga de APP sindical del 22 de abril, lograron que este aumento de las tarifas fuera permanente a partir de una alta adhesión a la huelga y una amplia cobertura mediática y difusión en redes sociales.
—Sanciones y represalias: la respuesta inmediata de las plataformas ha sido, sistemáticamente, el establecimiento de sanciones para quienes se movilizan. En las apps en que los trabajadores preseleccionan turnos de trabajo (como Pedidos Ya y Glovo), los propios sistemas de calificación de las plataformas -que están directamente relacionados con la posibilidad de tomar más y mejores horarios de trabajo- sancionan a los trabajadores por los criterios de “disponibilidad en horas de alta demanda” o “cumplimiento/incumplimiento de turnos”. Así, la baja en los rankings internos de preselección de horarios suele ser una de las primeras sanciones, que disminuye sus posibilidades de acceder a trabajo. No obstante, al igual que en otras plataformas (como Rappi y UberEats), también pueden proceder a la desactivación temporal o definitiva de las cuentas. No hay criterios explícitos para eso. La empresa desactiva y activa con total arbitrariedad. Su criterio, a partir de la experiencia de los colectivos y sindicatos, suele ser directamente antisindical: se despide (desactiva, en el lenguaje de las apps) especialmente a quienes aparecen como voceros o representantes del malestar general.
—Sindicalización: tal como ha mostrado la experiencia de RxD en España, la sindicalización previa a la huelga es importante por varias razones: 1) permite disponer de los recursos de un sindicato (esto se da con variaciones de acuerdo con el modelo sindical de cada país) preconstituido, o constituido para las apps, y avanzar a mayores niveles de organización entre los repartidores; 2) permite articular la solidaridad y las redes de apoyo imprescindibles para la confrontación con la empresa; 3) más relevante en este caso, permite que, ante los tribunales de trabajo, la desactivación de las cuentas sea entendida como práctica antisindical, lo que, en el caso español, implicó la nulidad del despido y la obligación de la empresa de reintegrar a los repartidores.
Ya se trate de enfrentar un proceso de negociación con la empresa post huelga o asumir las represalias, el sindicato ha sido una herramienta imprescindible para sortear la enorme debilidad de los trabajadores no reconocidos como empleados de estas empresas.
—Judicialización: a partir de este patrón de acción antisindical, que resulta facilitado por la organización del trabajo en plataformas (simplemente, seleccionan una opción en una pantalla y desvinculan a trabajadores que son formalmente independientes o no están registrados), es que la judicialización suele ser un frente de batalla que se abre tras las movilizaciones. Y es un frente relevante. Gracias a la suma de sentencias que establecen la laboralidad de la relación entre repartidor y plataforma, se está avanzando a generar jurisprudencia a favor de los trabajadores (caso español), se puede incidir en el debate público y se obliga a los Estados a legislar en la materia (caso francés). Dada la lentitud de ese proceso, el apoyo sindical y colectivo es imprescindible para resistir el desgaste y buscar alternativas de ingresos, así como el establecimiento de amplias alianzas que logren obligar a legislar a favor de los trabajadores.
—Plataformas cooperativas como alternativa: en Europa, en muchos casos, los trabajadores han conformado sus propias plataformas cooperativas de reparto para enfrentar el despido como consecuencia de la acción colectiva. Mensakas, la Pájara y CoopCycle son algunas de ellas.
El resultado del proceso de movilización no está predefinido y responde a las relaciones de fuerza entre los actores. No obstante, a partir de la experiencia previa, es posible suponer que, de estas movilizaciones, tengamos que esperar sanciones, desactivaciones temporales y definitivas, como modos de disciplinamiento de los demás repartidores, obligados a aceptar las condiciones impuestas por las apps en un escenario de crisis sanitaria que ha precarizado todavía más la vida de amplios sectores de la población y dejado a cientos de miles sin empleo.
La lucha de los repartidores es necesaria y legítima. Pero se realiza desde una condición de debilidad y desprotección radical frente a la parte empresaria. Por ello, aprender de la experiencia reciente es una necesidad y la articulación y organización más allá de la espontaneidad es imprescindible.
Los colectivos y sindicatos previos de repartidores ya han puesto a disposición de los manifestantes el apoyo jurídico frente a multas o represalias, anticipando estas consecuencias. Y en adelante, la profundización de la coordinación y la organización, la incidencia en el debate público y la búsqueda de alianzas con otros sectores de trabajadores, académicos y políticos se vuelve, nuevamente, una condición para lograr cambios de fondo que otorguen un piso mínimo de certezas y protección a quienes, en los hechos, están actuando como servicios esenciales para la reproducción de la vida en el marco de la crisis sanitaria global.
*Por Karol Morales para La tinta / Foto de portada: Página/12
