San Francisco: “No queremos violentos que nos gobiernen”

San Francisco: “No queremos violentos que nos gobiernen”
16 marzo, 2020 por Redacción La tinta

Desde la Asamblea Mujeres Unidas de San Francisco, exigen la renuncia del concejal del Bloque Córdoba Cambia Angelo Cornaglia, denunciado por su ex pareja por amenazas y hostigamiento. Desde La tinta, conversamos con Ailén Cabrera, integrante del espacio Isadora Mujeres en Lucha y de Izquierda Socialista (FIT), sobre esta situación en el contexto actual.

Por Redacción La tinta

Mientras en el Concejo Deliberante de San Francisco debaten la adhesión y cumplimiento de la Ley Micaela, paradójicamente, las mujeres organizadas exigen la renuncia de Angelo Cornaglia, denunciado por su ex pareja por hostigamiento y amenazas.

Ailén Cabrera es integrante de Isadora Mujeres en Lucha y fue quien firmó el primer comunicado en el que expusieron los hechos ante los medios de comunicación. En conversación con La tinta, cuenta que, a fines de febrero, llegó a sus manos la denuncia y orden de restricción contra el concejal ya electo Angelo Cornaglia de Córdoba Cambia, realizada en septiembre de 2019 por su ex pareja en el marco de una separación de bienes, “por hostigamiento y amenaza hacia su persona y sus bienes”.


En ese momento, la denuncia fue archivada “porque ella no quiso seguir con una instancia legal, sino que quiso asentar la amenazas recibidas, por cualquier cosa que pudiera pasar, si en algún momento necesitaba reabrir la causa y seguir con el proceso judicial”, narra Ailén. Desde el espacio Isadora, entienden que, en ese momento, se intentó ocultar el hecho, difundiendo que la causa se había archivado por falta de pruebas, “pero no es cierto porque, a raíz de eso, se emite una orden de restricción, que no se da porque sí, sino porque era una situación de violencia”.


Desde la organización, emitieron entonces un comunicado público pidiendo la separación del funcionario del Concejo Deliberante de San Francisco hasta aclararse la situación, “porque no podemos permitir que alguien que va a discutir políticas públicas tenga una denuncia por violencia”. Explican que “si los representantes elegidos por escrutinio, no sólo en su ámbito privado, sino también en el accionar público, poseen actitudes y comportamientos violentos, ¿cómo, nosotras, mujeres, lesbianas, trans, travestis y no binaries, vamos a sentirnos seguras, sabiendo que estas personas deciden sobre nuestro bienestar y nuestros derechos?”.

Por su parte, Angelo Cornaglia difundió un curioso comunicado en el que expresa que su ex pareja “consideró respaldarse mediante una denuncia policial, la cual mencionaba medidas que había tomado respecto a la separación y, por lo tanto, ella tenía cierto temor a cómo podía seguir el caso y lo que pudiera pasar”. Argumentando que su miedo se debe a que “hoy en día, lamentablemente, es tan común los problemas de violencia”. Además, dice celebrar las leyes que amparan “a las mujeres cuando estas se sientan descuidadas o desprotegidas”, tanto como que su ex pareja “haya utilizado este recurso para sentirse más segura”. En el mismo escrito, repudia las acciones del movimiento de mujeres, señalando la existencia de una organización que incita a otras y que tratan de dañar su imagen pública, ejerciendo persecución a su persona, sus ideales y a “la defensa de los derechos de las mujeres”. Por último, expresa que es víctima de extorsión para que no se mediatice el caso, sin explicitar a quién se refiere específicamente, aunque dice haber radicado la denuncia correspondiente.

Desde la Asamblea Mujeres Unidas de San Francisco, espacio que agrupa a diversas organizaciones y colectivos feministas de la localidad, decidieron apoyar el reclamo y organizaron una intervención en el acto de apertura de sesiones del concejo, el 1° de marzo pasado, con el fin de visibilizar el tema. Llevaron carteles al acto público con las consignas “no queremos violentos que nos gobiernen” y para que se efectivice el cupo laboral trans. “Primero, entro yo”, cuenta Ailén, “me identificaron enseguida porque firmé con nombre y apellido el primer comunicado, llamaron a la policía para que nos saquen, nos preguntaron qué íbamos a hacer, nos dijeron que no podíamos llevar carteles, que les habían advertido de un posible escrache. Por suerte, éramos muchas y pudimos llevar a cabo la intervención, en silencio, respetuosamente. Muchas mujeres nos decían que nos quedemos y no bajemos los carteles, pero la policía luego nos pidió que nos retiremos. Repudiamos el hecho porque es un acto público y, como ciudadanas de San Francisco, teníamos derecho de llevar nuestro reclamo”.

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(Imagen: La Voz de San Justo)

La activista explica que, como respuesta, solo hubo silencio del Bloque Córdoba Cambia y que, desde el Concejo Deliberante, “fueron muchas palabras, pero nada concreto, hace años que se manifiestan contra la violencia de géneros, pero acá sigue todo igual, siguen pasando las mismas cosas”, situaciones que podrían haberse evitado con políticas públicas concretas y efectivas, como la situación de Marita Lanzetti que, aunque tenía medida cautelar, no se evitó que su ex pareja la matara en su lugar de trabajo. “Realmente, es algo terrible, no pueden resolver lo de adentro de su bloque, cuando hablaron, lo defendieron, ¿cómo van a hacer cuando tengan que llevar adelante discusiones que nos afectan a las mujeres sobre la violencia que vivimos día a día?”, se pregunta Ailén. “Esto era sabido por muchos concejales que se callaron, quisieron taparlo como que era una cuestión privada. Nosotras no nos vamos a quedar calladas, no van a tener más la comodidad de nuestro silencio”, advierte.

En los últimos días, y en el marco del 8M, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, desde el Bloque Córdoba Cambia, se acercaron al movimiento feminista para solicitar su apoyo en la presentación de la adhesión del Concejo a la Ley Micaela. Desde la Asamblea de Mujeres Unidas, escribieron un comunicado apoyando el real cumplimiento de esta ley, y de la 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Sin embargo, explicaron que no irían al llamado de este bloque porque consideran que encubren a violentos. “Hace varios años, escuchamos promesas y anuncios en tiempos electorales, pero la realidad es que nuestra ciudad carece de tratamientos y/o adhesiones a leyes ya vigentes”, denunciaron. “Tampoco se elaboran ni ejecutan políticas públicas con perspectiva de género que denoten compromiso con nuestros planteos”. Hacen énfasis en el reclamo de separación del funcionario Angelo Cornaglia del Concejo Deliberante, porque “no queremos violentos que nos gobiernen”. Por su parte, en el consejo, fue aprobada la adhesión a la Ley Micaela.

“Sacamos como conclusión que necesitamos estar organizadas, juntas y preparadas políticamente porque, si no somos nosotras las que levantamos la voz, no lo hace nadie”, concluye Ailén.

*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: El periódico.

Palabras claves: cordoba, Violencia de género

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