Al neoliberalismo eugenésico no volvemos más
Por Mesa de Trabajo en Discapacidad y DDHH para La tinta
Se abre una nueva etapa en las políticas públicas en discapacidad
El 10 de diciembre marcó el final de uno de los peores períodos políticos y sociales para el colectivo de las personas con discapacidad en nuestro país. Como en muchos otros ámbitos, la situación que el gobierno anterior dejó en el campo de la discapacidad fue de “tierra arrasada”. Al cumplirse el primer mes de gestión, el gobierno del presidente Alberto Fernández designó al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad a Claudio Espósito, quien viene hace años trabajando por los derechos de las personas con discapacidad y con las organizaciones de personas con discapacidad. Espósito tendrá que enfrentar grandes desafíos, en una nueva etapa esperanzadora que visualiza como una oportunidad histórica.
Las políticas neoliberales del macrismo dejaron a millones de personas y sus familias en una situación de vulnerabilidad extrema. Las miles de personas sin pensiones y sin cobertura en salud, educación y otras prestaciones esenciales constituyen la punta del iceberg de los efectos de una política basada en la violencia, el ajuste y la hipocresía. Se han violado los derechos humanos básicos de las personas con discapacidad; particularmente, de aquellas que pertenecen a sectores que mal sobreviven debajo de los índices de pobreza e indigencia.
La creación de la Agencia Nacional de Discapacidad, que concentra también ex organismos dispersos como el Servicio Nacional de Rehabilitación, la Comisión Nacional de Pensiones y el Programa Incluir Salud, y goza de mayor jerarquía que su antecesora CONADIS (tal como lo demandaba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad), fue quizás la única medida de envergadura acertada por el gobierno anterior en el desolador panorama en discapacidad, más allá de que la intencionalidad original (y felizmente no cumplida) fuera que el carácter de “agencia” le permitiera la búsqueda de fondos privados para sostener sus programas, desvirtuando el concepto mismo de política pública.
A partir de enero, este organismo, encargado de desarrollar políticas públicas transversales que garanticen los derechos de un colectivo que supera cinco millones de personas en nuestro país, cuenta con un director designado. Claudio Espósito es abogado, familiar de una persona con discapacidad y, desde hace años, viene trabajando defendiendo los derechos de las personas con discapacidad. Particularmente, ha sido reconocido su trabajo en el campo del reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, incidiendo en las prácticas de los operadores de justicia en la provincia de Buenos Aires.
En relación a la lucha por la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPCD), también ha participado en la coalición de organizaciones que trabajamos en la producción de información y redacción de informes alternativos para las sesiones de revisión de nuestro país, entre otros organismos ante el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.
A fines de octubre del año pasado, circuló por algunas listas de correos un documento firmado por el propio Espósito, con el título “Propuesta de Programa de Gobierno, período 2020-2024 en materia de discapacidad en la República Argentina”. Este documento, producido por el “Grupo de Trabajo Belgrano” que se presentaba como un equipo de profesionales vinculados a discapacidad y derechos humanos que realizaban aportes al Instituto Cafiero y el Frente de Todos, sintetizaba un diagnóstico de la situación de los derechos de las personas con discapacidad (basado en los informes alternativos que hemos realizado ante los Comités de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos de la ONU) y de las medidas urgentes y estructurales que se proponía para la Agencia Nacional de Discapacidad. Más allá de los antecedentes de Espósito, este documento permite observar los caminos que se pretendería tomar desde la nueva gestión.
Las medidas urgentes mencionadas en ese documento, agrupadas en el “Plan Apoyarte”, apuntaban particularmente a la grave situación heredada respecto de las Pensiones no Contributivas y el vaciamiento al Programa Federal Incluir Salud. Y, sobre las medidas estructurales, resalta un ambicioso plan de modificación y adecuación de normativas, leyes, decretos, resoluciones que transformen el marco jurídico y las políticas de gobierno en discapacidad, armonizando con el modelo social y la CDPCD, tal como ha sido recomendado por el organismo de la ONU a nuestro país.
Quizás la más trascendente sea la promulgación de una nueva normativa de garantía de los derechos de las personas con discapacidad, derogando la Ley 22431, sancionada en tiempos de la última dictadura militar, que, con sus actualizaciones posteriores, sigue estando vigente en nuestros días. Resulta una vergüenza que aún hoy esta ley siga vigente.
También resalta la propuesta de una ley de apoyos, medidas transversales para que el Estado cumpla con el cupo laboral, la prohibición a los organismos del Estado a pedir la curatela para trámites de personas con discapacidad y una política federal para la vida independiente de las personas con discapacidad. La creación de mesas de trabajo intersectoriales, federales, con organizaciones de personas con discapacidad, con organizadoras prestadoras de servicios, etc., es una constante que atraviesa toda la propuesta del programa de gobierno.
La nueva gestión deberá enfrentar enormes desafíos. Más allá de las primeras medidas que han sido tomadas en el primer mes del gobierno nacional y que podrán empezar a traer alivio también a las personas con discapacidad (como los aumentos en jubilaciones y pensiones no contributivas, el Plan Argentina contra el hambre, etc.), y las urgencias específicas del colectivo, que se deben resolver en las próximas semanas, estamos ante una oportunidad histórica para los millones de argentinos y argentinas con discapacidad, que podrían contar con un organismo nacional que avance realmente en una política integral y transversal al Estado, desde una perspectiva de derechos, de construcción de una sociedad inclusiva y accesible, y desde la Participación y Protagonismo de las propias personas con discapacidad y las organizaciones de personas con discapacidad, con una Perspectiva Federal.
Desde la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos de Córdoba, saludamos la designación del Dr. Claudio Espósito al frente de la ANDIS y planteamos que esta etapa debe ser del colectivo de personas con discapacidad. A nivel global, este movimiento levanta la consigna “Nada sobre nosotros/as, sin nosotros/as”, destacando la demanda de que las personas con discapacidad participen plenamente en las decisiones políticas que afecten a sus vidas. Además, desde aquí y para este nuevo tiempo, sumamos, como verdad histórica, que al neoliberalismo eugenésico no volvemos más.
* Por Mesa de Trabajo en Discapacidad y DDHH para La tinta
