En protesta por la denegación de derechos, sobrepoblación, condiciones indignas de encierro y falta de agua, presos de varios pabellones de la cárcel de Bouwer iniciaron una huelga de hambre y de trabajo. Reclaman la constitución de una mesa de diálogo con representantes de los los tres poderes del Estado provincial, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la Procuración Penitenciaria de la Nación y la Justicia federal.
Por Desafíos Urbanos
Un grupo de internos comenzó el lunes la medida de fuerza que luego se generalizó con la participación de unos dos mil internos. La huelga y sus motivos coinciden con las protestas que desde los primeros días de diciembre se registran en varios penales de la provincia de Buenos Aires, y pone en evidencia la crisis del Servicio Penitenciario de Córdoba en un año con numerosos conflictos y 19 muertes de internxs en distintas cárceles de la provincia.
Uno de los participantes del reclamo contó vía telefónica a Desafíos Urbanos que “se niegan (a los internos) derechos constitucionales, como el acceso a la libertad anticipada”. El motivo es un colapso burocrático donde “se acumulan cuestiones administrativas y judiciales, no se respetan los tiempos de los trámites, se demoran las pericias psiquátricas y los informes no se envían a Tribunales”. Se trata de “un incumplimiento que termina pagando el interno, pero que es de la institución”.
“También nos afecta la situación de crisis –relató el interno–. Acá no se cumple con la remuneración del trabajo y nuestras familias no están en condiciones de garantizarnos la alimentación, además de que muchas veces se restringen las visitas. Algunos van a la cocina a laburar para rescatar un pedazo de carne o un poco de azúcar o aceite. Los que estamos aquí encerrados terminamos naturalizando este tipo de trato, pero no es justo”.
Amparo por derechos constitucionales
En paralelo con el reclamo, los internos del módulo MDII de Bouwer enviaron a la Fiscalía General de la Provincia un recurso de amparo manuscrito fundado en “el agravamiento de las formas y condiciones administrativas en que se cumple la privación legítima de la libertad” en el penal. Luego de citar la normativa constitucional y legal en torno a la progresividad del tratamiento de reinserción social, plantean que su no cumplimiento los obliga a tomar “la drástica decisión de iniciar un ayuno voluntario y la no concurrencia a las áreas laborales correspondientes”.
En el escrito, solicitan: el amparo de sus derechos constitucionales; acceso a los beneficios de estímulo educativo, salidas transitorias, libertad asistida y libertad condicional; que las pericias psicológicas se realicen el tiempo y forma; el cumplimiento del artículo 120 de la ley de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad 24660, que indica que el trabajo en las cárceles debe ser remunerado y el salario “no será inferior a las tres cuartas partes del salario mínimo vital móvil”; la constitución de una mesa de diálogo con funcionarios de los tres poderes del Estado provincial, el Observatorio de Derechos Humanos de la UNC, de la Procuración Penitenciaria de la Nación y de la Justicia federal.
Desde el Ministerio de Justicia, informaron a este medio que por estas horas “la situación está tranquila” en Bouwer y por el momento “no se han sumado más internos” a la medida de fuerza.
Contexto
Este fue un año especialmente crítico en el sistema penal de Córdoba. Entre febrero y marzo, las muertes de las internas Elsa Medina, Janet López y Elisa Vanesa Castaño en la cárcel de mujeres de Bouwer y de Luis Alberto Guevara en la de varones desataron una ola de protestas que derivó en la intervención del penal de mujeres. La decisión del Ministerio de Justicia tenía el propósito de “revertir las situaciones de conflicto”, según informaron desde la cartera. Al contrario, los conflictos se acrecentaron y las muertes dudosas y supuestos suicidios en esa y otras cárceles terminaron sumando 19 víctimas entre lxs internxs del SPC.
En provincia de Buenos Aires, nueve mil presos que representan el veinte por ciento de su población carcelaria se mantienen en huelga de hambre desde el 5 de diciembre por causas similares a las que motivaron la protesta en Córdoba.
*Por Desafíos Urbanos.
