Reclamaban por la grave situación social que se vive en muchos barrios de la provincia. Según el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi) de Santiago (según datos del primer semestre de 2019) el 43,31% de niños, niñas y adolescentes de entre 2 a 19 años de diferentes barrios están malnutridos.
Por Nicolás Adet Larcher para Agencia Paco Urondo
El 22 de octubre pasado, organizaciones sociales y políticas cortaron un tramo de la autopista que une la ciudad capital de Santiago del Estero con la ciudad de La Banda, reclamando por la situación crítica “que atraviesan las barriadas, como consecuencia de las fuertes políticas de ajuste” aplicadas.
Una semana después, la fiscal Alejandra Holgado decidió imputar a cuatro personas por haber participado de esa manifestación. La fiscal actuó de oficio y decidió imputar a Álvaro, Nicolás, Emiliano y Tatiana del Partido Obrero y la organización Aníbal Verón por “impedir el libre tránsito de los civiles”, afirmando que la protesta obstaculizó el paso de autos y colectivos por la autopista durante ese día, generando problemas en el tráfico. Desde esas organizaciones denuncian un intento de criminalizar la protesta de parte del Estado provincial y que no hay pruebas para ningún procesamiento.
El artículo 194 del Código Penal, según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) es un artículo que es prácticamente un clásico a nivel judicial para criminalizar protestas sociales. Dice el CELS que este punto “habilita a la policía a clasificar cualquier protesta que corte una vía de circulación como un delito” de manera contraria a “otras decisiones judiciales que han sido protectoras del derecho a la protesta”. Al establecer un “orden público” y otras cuestiones como “la libre circulación”, se pretende sostener “valores superiores al respeto y la protección de la integridad física de las personas, el derecho a la libertad de expresión, de reunión o el ejercicio a la libertad de prensa” lo que es incompatible con la Constitución Nacional y los tratados internacionales.
“Nos criminalizan por una protesta contra el hambre y la desocupación. No hemos ido a pedir cosas insólitas, pedíamos cosas urgentes”, contó Álvaro Reynoso, militante del Partido Obrero a AGENCIA PACO URONDO. Según el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi) de Santiago (según datos del primer semestre de 2019) el 43,31% de niños, niñas y adolescentes de entre 2 a 19 años de diferentes barrios están malnutridos, ya que padecen de sobrepeso, obesidad o bajo peso.
Ese día de la movilización la temperatura estaba por arriba de los 35 grados, lo que dificultaba la permanencia de los manifestantes en la calle por un tiempo prolongado. Cuando otras personas intentaron acercarles agua, un cordón policial evitó que pasaran, sin explicar motivos. Tampoco dejaban que fueran al baño.
Reynoso sostuvo que en este caso “la justicia actuó más rápido de lo habitual” y que “si esto prospera por parte del Estado, vamos a llegar a instancias nacionales porque lo que está en juego es la criminalización de un derecho elemental”.
Durante la mañana del martes, las organizaciones del Polo Obrero realizaron una conferencia de prensa para repudiar la criminalización de la protesta social. Recibieron adhesiones de otras organizaciones como Barrios de Pie, Izquierda Socialista y militantes de organizaciones en Chile.
*Por Nicolás Adet Larcher para Agencia Paco Urondo.
