Bolivia: informe de una masacre
El gobierno de facto de Janine Áñez continúa con la represión masiva contra las miles de personas que se movilizanen rechazo al golpe de Estado que derrocó a Evo Morales.
Por Redacción La tinta
El asesinato como máxima forma de represión estatal, el ataque continuo contra las mujeres, el desprecio visceral contra el pueblo indígena y campesino, la ilegalidad como forma de justificar un gobierno nacido en las sombras más oscuras del golpismo, la censura abierta de medios de comunicación nacionales y extranjeros, y un blindaje internacional –donde destaca la Organización de Estados Americanos (OEA)- son las principales características que mostró la autoproclamada presidente de Bolivia, Jeanine Áñez, y su gabinete, conformado por la ultraderecha más racista del país.
En apenas unos días, Áñez ordenó una cacería total contra las cientos de miles de personas que se movilizan en rechazo al golpe de Estado que derrocó al mandatario Evo Morales, ahora exiliado junto a su vicepresidente Álvaro García Linera en México. Las Fuerzas Armadas y la policía bolivianas ya cuentan en su haber la responsabilidad por la muerte de más de 20 ciudadanos, 542 heridos y casi 630 detenidos.
Como si la represión desatada por Áñez fuera poca, ayer, la mandataria de facto destinó cinco millones de dólares a las Fuerzas Armadas, al autorizar al ministro de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación, a realizar una asignación presupuestaria de recursos adicionales. Un día antes, Áñez firmó el decreto 4078 que exime de responsabilidad penal a los militares responsables de los crímenes cometidos durante las crecientes protestas.
Mientras Áñez daba esta orden, las marchas y movilizaciones se multiplicaban por todo el país, con epicentro en La Paz, donde los pobladores y las pobladoras de El Alto volvieron a bajar a la capital del país para demandar la renuncia del gobierno ilegítimo. Medios internacionales reseñaron que, en la localidad de Oruro, soldados pertenecientes a la División de Infantería del ejército se unieron a la marcha que comenzó hacia La Paz.
La Central Obrera Boliviana (COB) demandó la nulidad del decreto que brinda impunidad a los uniformados. “Si de verdad quieren pacificar el país, abroguen el decreto”, afirmó el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi. El titular de la central obrera también recordó que la Constitución Política del Estado (CPE) reconoce el derecho de los ciudadanos y las ciudadanas a marchar, hacer huelgas y protestar. “Si esto es hablar de democracia, reprimiendo al pueblo boliviano con las Fuerzas Armadas, este es un país que no está viviendo en democracia”, sintetizó Huarachi.
Quienes se sumaron a esta denuncia fueron los legisladores y las legisladoras del Movimiento Al Socialismo (MAS), y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El organismo continental alertó que el decreto de responsabilidades penales a los uniformados “desconoce los estándares internacionales de DDHH y, por su estilo, estimula la represión violenta”. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por medio de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, también llamó la atención sobre la represión desatada con los manifestantes y advirtió sobre el “uso innecesario o desproporcionado de la fuerza por parte de personal policial o militar”.
En medio de las polémicas por las medidas gubernamentales, la defensora del Pueblo de Bolivia, Cruz Tarifa, presentó un pedido de inconstitucionalidad del decreto 4078. “Hay que recordarles a los policías y militares que consideren que este decreto les da un margen de protección que no es así”, advirtió la defensora del pueblo. La funcionaria exigió no “olvidar las muertes” ocurridas en Cochabamaba el viernes pasado. En declaraciones a la prensa, Tarifa precisó que, del total de muertes, al menos 14 de ellas ocurrieron por impactos de bala a manos de policías y militares. La defensora desmintió “absolutamente” la versión oficial sobre que las muertes de Sacaba, en el departamento de Cochabamba, fueron provocadas por armas de fuego en manos de los cocaleros. “No existe un solo policía ni un solo militar que haya perdido la vida”, resaltó la Tarifa, que agregó que, en los hospitales, tampoco había registrados heridos de gravedad entre los agentes de las fuerzas.
La política represiva ordenada por el gobierno de facto además se hizo eco en la voz del ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, que denunció, sin prueba alguna, que grupos criminales ligados al narcotráfico amenazaron la vida de Áñez. Sin ruborizarse, Murillo declaró que esos supuestos grupos “quieren hacer una Venezuela, pero Bolivia les dijo no”. El ministro impuesto es el mismo que el jueves pasado, consumado el golpe de Estado, convocó a cazar a dirigentes del MAS y de “gente de las FARC, cubanos, venezolanos que han estado viviendo aquí”.
“Los militares no pueden venir con balas, vengan con la Constitución, a hacerla cumplir”, aseveró durante una de las masivas movilizaciones hacia La Paz el parlamentario boliviano Rubén Chambi, del MAS, partido político de Evo Morales, al cual los golpistas buscan prohibir. El diputado masista explicó que, si bien Morales presentó su renuncia, esta no fue admitida por la Asamblea Legislativa Plurinacional y que tampoco se siguió el procedimiento constitucional para que Áñez asuma el mando del país. Chambi afirmó que lo que sucede en Bolivia es “un verdadero golpe de Estado” y que “lo único que va a calmar a este pueblo movilizado son las nuevas convocatorias a elecciones, de manera irrestricta”, lo que implica que Morales se encuentre habilitado para participar en nuevos comicios.
El propio Morales denunció el lunes que el gobierno golpista intenta instaurar el Estado de sitio en todo el país. “Después de masacrar a 24 indígenas, ahora preparan un Estado de Sitio. Sería la confirmación de que, pidiendo democracia, instalaron una dictadura”, aseveró en su cuenta en Twitter. El mandatario en el exilio desmintió que Áñez y sus ministros busquen la pacificación del país y manifestó que lo único que pretenden es la “difamación y represión” de quienes exigen democracia.
A su vez, el titular de la Cámara de Diputados, el legislador masista Sergio Choque, expresó que, para encaminar un diálogo con el gobierno de facto, es necesario que las Fuerzas Armadas se replieguen y dejen de reprimir a la población. Choque además explicó que la cámara que preside trabaja en una agenda electoral, con el objetivo de llamar a nuevos comicios. Para esto, el diputado detalló que se deben anular las pasadas elecciones que le dieron la victoria a Morales y modificar la ley de partidos políticos. Choque puntualizó que el cronograma prevé la elección de las nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Al cierre de esta edición, no era claro si la sesión legislativa se podría realizar como consecuencia a la falta de acuerdos con los representantes de los partidos que apoyaron el golpe de Estado.
*Por Redacción La tinta
