Silenciar el bosque
Después del escrache en la Rural por el que fue denunciado penalmente, Greenpeace dio a conocer un informe que revela el avance del desmonte en el Gran Chaco argentino y cómo la segunda región forestal de Latinoamérica está en peligro debido a la ganadería intensiva y supermercados extranjeros. Mientras tanto, en Córdoba, en el marco de un encuentro contra el Cambio Climático cuestionado por organizaciones ambientales, funcionarios debaten cómo avanzar con el desarrollo urbano en zonas protegidas de monte nativo.
Por Lucía Maina para La tinta
Las noticias sobre el avance del desmonte en nuestro país se repiten año a año desde hace ya un buen tiempo. Mientras discursos oficiales insisten en la necesidad de proteger nuestros bosques, cada día se los hace desaparecer en nombre de la producción. Algunos números: Según datos del gobierno nacional, el país perdió 7,7 millones de hectáreas de bosques entre 1990 y 2017, una superficie similar a Bélgica y Holanda juntas. El 80% de esos montes se ubicaban en la región chaqueña, en las provincias de Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ubicó a Argentina, Paraguay y Bolivia entre los diez países que más deforestaron entre 2010 y 2015.
Después de irrumpir con un escrache en la Rural, justo ahí donde se encuentra la raíz del problema y ante un equipo de gobierno conformado en parte por funcionarios denunciados por desmontes ilegales, la organización Greenpeace publicó un informe que advierte estos datos para alertar sobre la destrucción del Gran Chaco, el segundo ecosistema forestal de Sudamérica, después del Amazonas, y también para señalar culpables.
“Tras una investigación de más de un año, Greenpeace revela a algunos de los responsables detrás de este brutal negocio que están destruyendo a los bosques chaqueños: grandes frigoríficos de Argentina (Carnes Pampeanas, Bermejo) que exportan carne vacuna a grandes supermercados y mayoristas de Europa e Israel (Albert Heijn, Metro, Lidl, Shufersal, Zandbergen, Global Fleisch, Intervlees)”, expresa el informe.
Mientras tanto, lo que está ocurriendo por estos días en la Precop Córdoba 2019, reunión organizada por la Secretaría de Ambiente de la Provincia como instancia previa a la Conferencia de las Partes sobre cambio climático de las Naciones Unidas (COP25) que se realizará en Chile en diciembre, saca a la luz otras responsabilidades.
En ese encuentro, funcionarios de distintas provincias encargados de buscar soluciones a una problemática ambiental de escala local, nacional y mundial, iniciaron el debate de la mesa sobre bosques nativos “con la problemática que plantea la ley de bosques nativos para el desarrollo urbano”, según indica una nota del diario La Voz del Interior, ya que “la norma no permite deforestar para este fin en zonas de categorías amarilla y roja”.
“Desde algunas provincias, señalaron que muchas localidades están rodeadas por bosques protegidos. En Córdoba, los ejemplos son lo que ocurre en Sierras Chicas y Traslasierra. Una alternativa planteada sería permitir deforestar, a cambio de una compensación mayor con reforestación en otro sector”, expresa la nota de La Voz sobre las “soluciones” que algunos gobernantes ofrecen a la crisis ambiental en una provincia que es récord mundial en desmonte, con menos del 3% de su bosque aún en pie.
La reunión ya había sido cuestionada esta semana por la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo y el Foro Ambiental Córdoba por la falta de interés y de políticas públicas de los gobiernos locales en relación a los desmontes y el cambio climático.
La exportación de ecosistemas
“Hay 10 millones de hectáreas de bosques en riesgo por el avance de la ganadería industrial. La actual crisis climática y la pérdida de biodiversidad exige un freno urgente de la deforestación”, explicó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace Andino.
En su informe, la ONG pone el foco en el Gran Chaco, región que se extiende a lo largo de Argentina, Paraguay, Bolivia y una pequeña parte de Brasil, y que en nuestro país abarca principalmente a las provincias de Chaco, Salta, Formosa y Santiago del Estero. Allí conviven 3.400 especies de plantas, 500 especies de aves, 150 mamíferos, 120 reptiles, 100 anfibios y más de 4 millones de personas, de las cuales, cerca del 8% son indígenas, quienes dependen del bosque para obtener alimentos, agua, maderas y medicamentos.
Allí, señalan, en los últimos cinco años, “la deforestación por ganadería intensiva fue más del doble que la provocada por agricultura”.
“La industria ganadera pone a funcionar sus grandes topadoras, que arrasan impunemente con todo a su paso, haciendo desaparecer a los bosques chaqueños y casi todas sus especies. En ese suelo, ahora raso, instalan sus vacas luego de plantar pasturas para el engorde de un producto que luego será exportado y terminará en la góndola de un supermercado».
«De esta manera, el famoso bife argentino llega a la mesa de los consumidores del mundo. Pero está ahí a costa de la destrucción de los bosques del Gran Chaco y de la extinción de su rey: el yaguareté”, advierte el documento y destaca que esta situación afecta las posibilidades de supervivencia de los últimos 20 yaguaretés que quedan en la región chaqueña. Por eso, hace algunas semanas, la organización ecologista se presentó ante la Corte Suprema de Justicia argentina para reclamar por el reconocimiento de derechos de esta especie.
Greenpeace agrega que, de implementarse el acuerdo MERCOSUR – Unión Europea, será más rentable el negocio exportador de los grandes frigoríficos y aumentará la presión sobre los bosques.
De representantes y representadxs
Esta situación se hizo escuchar el sábado pasado en una nueva edición de la Exposición Rural en el predio de Palermo. Allí, mientras el titular de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, pronunciaba su discurso, y antes de que hiciera uso de la palabra el presidente Mauricio Macri, dos banderas dijeron lo que el poder busca silenciar: “Ganaderos: basta de desmonte”, “Destruir bosques es un crimen”.
El escrache no sólo expresó una alerta por la situación ambiental en el país, sino también la necesidad de buscar maneras de defender el territorio ante un gobierno que desoye los intereses de la mayoría de la población y de las futuras generaciones en nombre de los propios. La respuesta fue una denuncia penal de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a Greenpeace por el delito de «intimidación pública».
Una respuesta que se complementó, sin planificarlo, con la medida anunciada en la misma Rural por el presidente de volver a darle al campo rango de ministerio, y volver al lugar de ministro, ahora de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a Luis Miguel Etchevehere, productor agropecuario y ex presidente de la Sociedad Rural –imputado tiempo atrás por recibir un bono de esa entidad-. Otros funcionarios macristas también explican el silencio que Greenpeace intentó romper. Tal es el caso de Nicolás Laharrague, empresario vinculado a la actividad forestal que fue designado como subsecretario de Desarrollo Foresto-industrial de la Nación y cuya empresa familiar acumula denuncias en Misiones por desmontes ilegales en zonas protegidas y atropellos a comunidades indígenas y campesinas. O de Alejandro Braun Peña, primo del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, también responsable de destruir bosques de manera ilegal, en la provincia de Salta.
El silencio también se impone en Córdoba, donde hoy termina la reunión gubernamental PreCOP 2019 que, según informan desde la Provincia, busca negociar acuerdos para enfrentar el cambio climático, en un evento cerrado al público. Ante ello, desde la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo (CODEBONA) y el Foro Ambiental Córdoba, cuestionaron el encuentro y denunciaron la inexistencia de políticas públicas a nivel provincial y municipal sobre el cambio climático y “más aún, la existencia de políticas públicas que van en el sentido contrario”.
En un comunicado, las organizaciones cordobesas mencionan, por ejemplo, la reglamentación de la ley Agroforestal N° 10467, ya que en el listado de especies recomendadas existen varias especies exóticas invasoras, y señalaron que “paradójicamente, la primera mesa de trabajo de la Pre COP 25 será el de especies exóticas invasoras”.
Además, reclamaron que la Provincia aún debe realizar el proceso participativo requerido para actualizar el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), luego del fallido intento de reducir drásticamente la cobertura en máxima categoría de conservación (Rojo) en 2017.
Por último, advierten que la selección de actores que integran las mesas de debate se llevó a cabo “de manera sesgada entre quienes responden a la línea política del Gobierno convocante” y cuestionan “que el evento se centre en generar una resolución con un portafolio acotado de proyectos con la cual pretenden seducir para obtener fondos internacionales, sin haber resuelto, desde hace décadas, los problemas que nos afectan de fondo”.
*Por Lucía Maina para La tinta
