Este año, se cumplen 30 años de la sanción de la Ley de Estupefacientes. En la 17º Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas, organizada por la Asociación Intercambios, se habló de propuestas antiprohibicionistas y reivindicaciones sobre la soberanía de los propios cuerpos, así como de la necesidad de incorporar una perspectiva de género al debate.
Por Cosecha Roja
Hablar de drogas incomoda. El consumo genera prejuicios y esos prejuicios llevan al consumo en la oscuridad. Las políticas estatales no hacen más que criminalizar y las más afectadas son las mujeres pobres y disidencias.
Estos fueron algunos de los temas que se desarrollaron en la 17ª Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas organizada por la Asociación Intercambios en el Salón Auditorio de la Cámara de Diputados de la Nación. Este año, el marco de la conferencia fue la Ley de Estupefacientes 23.737: se cumplen 30 años de su sanción.
El eje del debate giró en torno a la necesidad de despenalizar la tenencia de estupefacientes y el cultivo para consumo personal, de revisar las penas por delitos vinculados con drogas y de incorporar una perspectiva de género que tenga en cuenta la vulnerabilidad de las mujeres e identidades disidentes. En general, las mujeres más pobres son las más afectadas por la persecución penal.
El caso del sobreseimiento de cinco mujeres trans procesadas por comercialización de estupefacientes fue puesto como ejemplo por Franco Picardi, Fiscal Federal ante los Juzgados Federales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. “Se logró probar el extremo estado de vulnerabilidad en el que se encontraban estas personas, haciendo un análisis de la vulnerabilidad estructural y, luego, de cada una de estas mujeres sometidas al proceso. Nos encontramos con la utilización de estas mujeres por parte de una organización que se valía de su vulnerabilidad”, afirmó.
“El 88% de las mujeres alojadas en el servicio penitenciario federal están detenidas por delitos de drogas. Si consideramos las mujeres extranjeras, asciende al 91%”, dijo Daniela Montenegro, integrante de Reset – Políticas de Drogas y DDHH, durante el panel sobre “Perspectivas antiprohibicionistas. Los cuerpos como territorios de disputa: del control a la autonomía”.
La penalización de la tenencia de drogas lleva a lxs usuarixs al “consumo en el clóset”. Durante el panel, Georgina Orellano, secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina en acción por nuestros derechos (AMMAR), lo explicó: “Terminamos condenadxs y ejercemos nuestra soberanía en lugares ocultos en los que se reprime la soberanía y la autonomía. Si te vas a drogar por medicina, está bien, pero si lo vas a hacer por placer, está mal visto, al igual que decidir ejercer el trabajo sexual”.
El consumo genera prejuicios y esos prejuicios llevan al consumo en la oscuridad. Los discursos desde el desconocimiento son culpabilizantes y estigmatizantes. Tanto Orellano como Florencia Alcaraz, periodista, integrante del colectivo Ni Una Menos y expositora del panel, coincidieron en que “hay que sacar el tema del clóset”.
Alcaraz contó la historia de “Almita desconocida”, una nena -de la que se desconoce su identidad- asesinada cruelmente por narcotraficantes en Yacuiba, Bolivia, en 2002. “Las mujeres, en estas situaciones, son como almitas desconocidas. Estamos limitadas al momento de contar sus historias, no logramos ponerle cara, trayectoria vital, deseos, autonomía. Debemos sacar del clóset este tema para que dejen de ser almitas desconocidas”.
Las expositoras plantearon que es una necesidad urgente incorporar una perspectiva de derechos humanos y género al tratamiento del tema. “Hay que pensar un pacto feminista con perspectiva de derechos humanos y desarrollar estrategias transnacionales, dada la cantidad de historias atravesadas por la condición migrante”, dijo Florencia Alcaraz.
*Por Cosecha Roja.
