Por Nicolás Castelli para Notas
La reciente resolución firmada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para crear un “Servicio Cívico Voluntario en Valores” a cargo de la Gendarmería y destinado a jóvenes de 16 a 20 años, tuvo como uno de sus argumentos principales la necesidad de brindar contención “para chicos que hoy no están haciendo nada, o sea están en la calle, no están estudiando, no están trabajando”, tal como señaló el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, en la presentación de la medida.
“El objetivo es ofrecer una salida a quienes necesitan una posibilidad de salir de la idea de que no van a hacer nada, de que no tienen nada para hacer y de que el futuro será un vacío”, explicó la ministra Bullrich.
Y precisó: “Si bien está abierto a todos los jóvenes; vamos a ir a la búsqueda de aquellos que, por distintas razones, no están estudiando ni están trabajando o están yendo al colegio y, luego, no tienen una idea o un horizonte de lo que quieren hacer”.
Más allá de la polémica y los repudios que la medida tuvo en las redes sociales, en representantes de los organismos de derechos humanos y en el arco político opositor, uno de los fundamentos de quienes avalan este servicio es buscar una ocupación para los llamados jóvenes “ni-ni”, es decir, que ni tienen trabajo y ni estudian.
Sin embargo, de acuerdo a un informe titulado Jóvenes que cuidan: impactos en su inclusión social del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), “de los 1.080.682 jóvenes que están catalogados como ni-ni, el 67% son madres adolescentes que cuidan de sus hijos, hermanos o adultos mayores”.
“Dado que la mayoría de los jóvenes que no estudian ni trabajan son mujeres que se dedican al cuidado, no parecería una política muy efectiva para intervenir en ese grupo”, señaló Gala Diaz Langou, directora de Protección Social de CIPPEC, consultada por Chequeado.
La construcción de una categoría estigmatizante
Desde hace un tiempo que se escucha hablar en los medios de los “jóvenes ni-ni”, una etiqueta que intenta definir a un sector de la población de 16 a 24 años que no trabaja, no estudia y no busca trabajo. Pero la instalación de este rótulo tiene varios problemas.
El principal de ellos es no poner el foco del debate en los derechos a los que estas personas no tienen acceso, es decir, se los define más por sus proyectos de vida o por lo que no hacen antes que por la exclusión del mundo del trabajo, la educación, la vivienda, etc.
En este sentido, para la socióloga María del Carmen Feijoó, “la categoría ‘ni-ni’ es otra forma amenazante de presentar a los jóvenes. La apropiación del término por el sentido común sirve para construir un grupo emisario en el que la sociedad deposita sus fantasmas”.
Y explica que así se va “construyendo una visión social de la juventud desvalorizada y peligrosa: chicas y muchachos que, si son pobres, pasan su tiempo en la barra de la esquina y, si son menos pobres, frente a sus computadoras y sus previas alcohólicas. A esa inactividad, se le atribuye delincuencia, violencia social, drogadicción y alcoholismo”.
Por otra parte, la etiqueta “ni-ni” pareciera suponer una condición estable que se mantiene en el tiempo, pero que no tiene en cuenta actividades como las tareas domésticas a las que, como revela el trabajo del CIPPEC, la mayoría de las jóvenes rotuladas en esta categoría realizan en sus hogares.
De esta manera, se reproduce la invisibilización y desvalorización del trabajo doméstico que impone la división sexual y patriarcal. Además, si estas tareas hogareñas y maternales fueran reconocidas y remuneradas, la cifra del 1.080.682 de jóvenes “ni-ni” descendería a 320.000.
Asimismo, Feijoo señala que “los y las jóvenes de la región que no trabajan ni estudian, lejos de estar mirando todo el día el techo o la televisión, son piezas fundamentales en las estrategias de los arreglos domésticos de sus hogares, donde despliegan gran número de actividades que van desde el cuidado de menores y ancianos, y la atención de las tareas domésticas que los adultos no pueden realizar”.
Según el informe del CIPPEC, del total que realizan tareas en el hogar, el 95% son mujeres y el 5% varones. Y en nuestro país, una de cada seis mujeres tiene su hijo antes de los 19 años. Además, la maternidad adolescente se da mayormente en contextos de mayor desigualdad social: 7 de cada 10 madres jóvenes pertenecen a hogares de bajos ingresos.
El poder comunicacional que poseen los grandes medios es el de moldear conciencias y generar efectos de verdad en función de determinados intereses que se hacen pasar como si fueran los de todos y todas.
En ese proceso, también se construyen estereotipos que generan sentidos comunes o refuerzan miedos y prejuicios existentes en la sociedad. La demonización de la juventud de los barrios populares es un ejemplo, como también lo son el abordaje punitivista sobre determinadas problemáticas sociales y el uso de categorías cuestionables.
Por eso, deberíamos preguntarnos sobre cuáles son las políticas públicas (jardines, guarderías, subsidios) que brinda el Estado para ese 67% de jóvenes madres solteras por si quisieran estudiar o trabajar en relación de dependencia. Antes de resoluciones con olor a demagogia electoral que refuerzan sentidos comunes retrógrados, hace falta más debate, más Estado y menos trollscenters.
*Por Nicolás Castelli para Notas.
