“El gobierno de Bolsonaro no va a acabar con los campamentos del MST”
El Movimiento Sin Tierra de Brasil enfrenta nuevos ataques por parte del gobierno nacional, que encabeza una cruzada para privatizar los territorios.
Por Pedro Biondi para Brasil de Fato
“La agroecología depende de una base territorial. No se puede hacer agroecología en un vaso en un apartamento. Entonces, pensar en agroecología y pensar en la conservación ambiental es pensar en la cuestión agraria, en cómo la gente logra hacer un proceso de distribución de tierra masiva en nuestro país. Porque no estamos pensando en alimentar a la clase media, que puede comprar alimentos orgánicos. Quien tiene derecho a la alimentación sana es el pueblo brasileño como un todo”.
Bajo estos principios, Kelli Mafort, de la coordinación nacional del Movimiento Sin Tierra (MST), explica cómo la producción agroecológica y agroforestal pasó de la condición de experiencia al centro de la política del MST. Ella relaciona esa bandera a la urgencia de sustentabilidad ambiental, trabajo digno, salud e igualdad, en oposición a la escalda de la deforestación, los agrotóxicos, la comida ultraprocesada y la violencia contra la mujer.
Llevar esa opción económica y social a un nuevo nivel requeriría una política agraria y de fomento masivo, pero bajo nuevos parámetros. “Una reforma agraria que enfrenta la cuestión del latifundio, de la distribución de las tierras, pero para producir alimento sano y preservar el medio ambiente”, define la dirigente, que también integra los sectores de Formación y de Género del MST.
Mafort coloca la propuesta de enmienda a la Constitución (PEC 80), impulsada por el senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), como un agravante al contexto de las desigualdades sociales promovido por el gobierno Jair Bolsonaro y la creciente mercantilización de la tierra, que tiene en la Ley 13.465 otro marco reciente. La PEC busca cambiar la definición constitucional y la aplicación de la función social de la propiedad.
Con gobiernos cada vez más contrarios a los Sin Tierra, y el incentivo a la respuesta armada de los ruralistas, la vida en los campamentos es más dura, reconoce la militante, que también estudió la reestructuración productiva en el campo y los impactos en las relaciones de trabajo en su doctorado en la Universidad Estadual Paulista (Unesp). Sin embargo, constata que la crisis empuja a más familias a la lucha por la tierra y la vivienda, y concluye que el gobierno de Bolsonaro no conseguirá acabar con esa forma de reivindicación. “Vida larga a los movimientos populares, a los campamentos y asentamientos”, afirma.
—¿Cómo fue recibida la PEC 80, propuesta por el hijo mayor del presidente de la República?
—Esa propuesta de enmienda constitucional está dentro de un conjunto de medidas con las características fundamentales del gobierno Bolsonaro, que son esencialmente de ampliación de la desigualdad social. La defensa de la propiedad privada como un “bien sagrado” es un retroceso enorme, incluso en la historia reciente del país. La Constitución de 1988, a pesar del contradictorio resultado en el tratamiento de la tierra en Brasil, valora la cuestión de la función social de la tierra. No significa que la PEC vaya a pasar -depende de la correlación de fuerzas en el Congreso Nacional-, pero lo más grave es que se trata de otra medida de mediano plazo no coyuntural.
—¿Usted la ve como un proyecto articulado con otros intentos, medidas y cambios legales, como la Ley 13.465 sancionada en el gobierno Michel Temer (MDB) a partir de la Medida Provisional (MP) 759?
—La PEC del Flávio Bolsonaro y la Ley 13.465 están en consonancia con una necesidad del capital en nuestro país, que es el reordenamiento de la tierra en el campo y en la ciudad. Están en ese contexto de convertir nuestras tierras urbanas y rurales en subordinadas a los intereses del capital. Es una propuesta extremadamente regresiva para Brasil. No hacen una división entre urbano y rural, sino que las tratan conjuntamente.
Deberíamos llamar a la Ley 13.465, “Ley del Grilaje”. Se regulariza, en toda la Amazonia Legal -estamos hablando de prácticamente la mitad de Brasil- propiedades de hasta dos mil hectáreas. Las tierras públicas de la unión que deberían ser pasadas para la reforma agraria, como dice el texto constitucional, serían entregadas a grandes grupos de empresarios con un abatimiento que puede llegar hasta el 90 por ciento. El estímulo al pago directo en las expropiaciones, en lugar de títulos de la reforma agraria, coloca al INCRA (Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria) en el papel de operador del mercado de tierras, de mostrador de negocios.
Entre los criterios de selección de las familias, la 13.465 coloca el de la vulnerabilidad social, dando margen para que sea incluso de situación socioeconómica de una persona que viva en la ciudad. A pesar de que estas personas también tienen acceso a la tierra, este mecanismo tiende a afrontar la cuestión de la ocupación. Tenemos muchas investigaciones que evidencian que el 90% de los asentamientos existentes en Brasil son resultado de ocupaciones de tierra. Es decir, no tendríamos nada de reforma agraria si no fuera por la lucha de trabajadores y trabajadoras. Este aspecto tiende a inviabilizar esa herramienta, dando una apariencia de que sería posible que las personas se asentar sin luchar.
—Los investigadores señalan una “carrera por titulación” en el IBCRA durante el gobierno Temer, con el estímulo para que los trabajadores rurales se vean pequeños propietarios, lo que acabaría empujando esas tierras al mercado. ¿Es un desafío adicional?
—Hoy, un asentamiento de reforma agraria, una asentada, tiene derecho a un contrato de concesión de uso. Que es provisional, tiene tres, cinco años de existencia, para crear condiciones para una titulación definitiva. Esta titulación definitiva, históricamente, puede ser un título de dominio, que hace de la persona propietaria su titular -incluso puede negociar y hasta llegar a vender la tierra-, o puede ser un CDRU, que es un título también definitivo, pero es un título derecho real de uso, en el que la unión sigue teniendo la responsabilidad en ese asentamiento.
Nosotros defendemos el título definitivo. Las familias asentadas tienen derecho a ser tituladas. Pero defendemos que ese título sea un CDRU, porque la unión debe tener responsabilidad sobre el asentamiento y porque esa tierra nunca puede convertirse en una mercancía, nunca debe ser vendida. El gobierno Bolsonaro quiere, con el apoyo de la Ley 13.465, privatizar los asentamientos. Nosotros somos contrarios a la venta de tierras y estamos luchando contra eso.
—La profesora Leonilde Medeiros, de la UFRRJ, evalúa que la agroecología y la producción orgánica fueron a parar al centro de la agenda del MST y de los sindicatos rurales. Añade que, aunque estas prácticas no son compatibles con propiedades muy extensas, habría que dar otra escala a ese tipo de producción.
—Hoy podemos afirmar que la cuestión de la agroecología -no sólo de la agroecología y de la agroforestación, que combina la producción de alimentos con la producción de bosques y la convivencia con los bosques-, está en el centro de la agenda no sólo de los Sin Tierra o de los trabajadores asentados, sino también de la masa de los trabajadores urbanos. Son muchos temas sensibles, como el aumento del uso de los agrotóxicos, de las intoxicaciones, la explosión de casos de cáncer, muertes por contaminación por agrotóxicos. Es un tema que está en la centralidad de esas necesidades cuando uno piensa hoy salud, trabajo, tierra y alimentación.
La agroecología depende de una base territorial. No se puede hacer agroecología en un vaso en un departamento. Entonces, pensar en agroecología y pensar en la conservación ambiental es pensar en la cuestión agraria, en cómo la gente logra hacer un proceso de distribución de tierra masiva en nuestro país. Porque no estamos pensando en alimentar a la clase media, que puede comprar alimentos orgánicos. Quien tiene derecho a la alimentación sana es el pueblo brasileño como un todo. Alimento diverso, no esa comida ultraprocesada, esa comida intoxicante que tenemos hoy. Entonces, como existe ese gran desafío de alimentar al pueblo brasileño, la gente necesita mucha tierra. Aún es necesario pensar una reforma agraria, pero en bases completamente diferentes de cómo fue en la década de 1980. Una reforma agraria que no puede ser sólo distributiva. Que enfrenta la cuestión del latifundio, de la distribución de las tierras, pero para producir alimento sano y preservar el medio ambiente.
—Hace un tiempo, el movimiento resolvió adherirse, en cierta medida, a la producción de los agrocombustibles. Sé que hubo una larga discusión interna, pero muchos asentamientos acabaron adhiriendo no sólo a la producción de piñón-manso, ricino o girasol, sino también de soja. Esto se cruza con la promoción de la idea de pequeño emprendedor rural, en oposición a la de trabajador rural. Y, además, con el ritmo cada vez más lento de la reforma agraria. ¿Cómo tratar con los trabajadores sujetos estos tres factores de presión y de oferta?
—Desde la década de 1990, durante todo el 2000, hasta llegar a la década actual, Brasil vivió un enorme cambio en el campo, que podríamos calificar de reestructuración productiva, que trajo mucho impacto. Hemos tenido la emergencia de lo que hoy llamamos agronegocio, lo que podemos ubicar en nuestra historia, a finales de la década de 1990 y principios de 2000, como una directiva del Banco Mundial, que colocó esas tierras, hasta entonces productivas en Brasil, en su gran mayoría, en una base de actividad retomando lo que fue allí, en las décadas de 1960 y 1970, la “revolución verde”, aún durante la dictadura militar. Y que al mismo tiempo desarrolló un programa de encuadrar asentados de reforma agraria, pequeños productores e incluso parcelas de comunidades tradicionales, en la llamada “agricultura familiar”.
Estas dos acciones acabaron siendo complementarias, desde el punto de vista de que la agricultura familiar está subordinada a esos dictámenes del propio capital y del agronegocio. En ese entonces, esa presión sobre los asentados de la reforma agraria, los trabajadores rurales, también aumentó mucho, para que allí también fuera un espacio de consumo de insumos: del veneno del agronegocio, de la semilla transgénica, que todo fuera buscado (importado), consumir pesticida. Esta presión también la vivimos en los asentamientos. Y una parte de los asentamientos, de los asentados y de las asentadas, acabó por ese camino, cayendo en ese engaño del espíritu emprendedor.
—Pero, ¿cuál es el elemento de la crisis? Usted coloca para competir dos polos que son extremadamente desiguales.
—El Movimiento Sin Tierra defiende, por lo tanto, en su línea política, que la agroecología no es una cuestión de experiencia focal, en determinados asentamientos. Ella debe ser una necesidad humana para que la gente pueda tener una relación duradera con los bienes naturales. Son recursos finitos, ¿no? El suelo, el agua, cómo la gente interfiere en el clima, los bosques… Entonces la agroecología avanzó, en el entendimiento del MST, de una experiencia, de algo focal, a su línea política. Y la gente está pensando en una gran producción. La gente toma el ejemplo del arroz agroecológico del sur del país, de Rio Grande do Sul. Somos el mayor productor de arroz agroecológico de América Latina. Allí es un trabajo mecanizado y tiene el mismo valor de una huerta en un quintal productivo en Ceará, una crianza de pequeños animales. Esto es posible que conviva, es posible pensar en una producción que atienda no sólo a los trabajadores y trabajadoras del campo, a los asentados, sino también a la ciudad.
—En ese contexto, ¿cómo queda la vida en los campamentos?
—Todavía tenemos cerca de 100 mil familias acampadas en Brasil, lo que es una cuestión social muy fuerte. La crisis está apretando mucho, entonces la gente está siendo buscada por esas familias. En el caso de las mujeres, no tienen acceso a la vivienda, una tasa de desempleo altísima, una tasa de desalentados también muy grande. Ahora la conquista se ha arrastrado cada vez más y eso no es de hoy; la gente empezó a sentir eso en el gobierno de Dilma, en el gobierno de Temer fue un desastre, cero asentamiento, y ahora convivimos con un acto criminal por parte del presidente del INCRA, el general Jesús Corrêa, de la suspensión total de la reforma agraria.
Para la familia acampada es muy duro y genera mucha falta de perspectiva de conquista. A pesar de eso, las personas se mantienen en el campamento. ¿Por qué? Porque el campamento es un lugar de vivienda, es un lugar de garantía de alimentación y, muchas veces, es un lugar de alguna siembra, porque en algunos lugares es posible desarrollar una producción. Y es un lugar donde las personas pueden tener un mínimo de convivencia comunitaria, que es bastante importante en tiempos tan duros. Por eso, el gobierno de Bolsonaro no va a acabar con los campamentos y no va a conseguir que todas las familias asentadas sean tituladas y vendan sus tierras. Es una ilusión. Hay una vida larga al MST y a los movimientos populares, afortunadamente, porque eso forma parte de la democracia de nuestro país, y también habrá una larga vida de los campamentos y asentamientos.
—En el gobierno Temer hubo una especie de freno en la política de compras de los productos rurales, en especial en el Programa de Adquisición de Alimentos (PAA). ¿Cuál fue el impacto para las familias en el campo?
—Cuando usted corta drásticamente políticas sociales, obviamente impacta en la renta directa de las familias. En el campo, tuvimos prácticamente un corte total en el PAA. Esto tiene una influencia en el PNAE, porque el PNAE, a pesar de ser ley, depende de una implicación de los gestores, en el sentido de construir un edicto que pueda respetar la producción local, pueda incentivar a productores ubicaciones. El clima político en el país, los propios recortes en las políticas públicas, hacen que los gestores municipales no cumplan la ley de la alimentación orientada a los municipios.
Además, la asistencia técnica ha sufrido un corte muy grande. Hoy la gente no tiene la política de asistencia técnica, y el derecho a determinados créditos por parte de las familias asentadas demanda técnicos que formulen proyectos para que sean encaminados. Créditos que están vinculados a la propia institución del INCRA como, por ejemplo, el Fomento Mujer. La violencia contra las mujeres está explotando de forma muy trágica en el país y parte del enfrentamiento es el empoderamiento económico de las mujeres. Entonces, cortar esto es también abrir caminos hacia una situación de subordinación y de violencia contra las mujeres. Y toda la política del Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar) fue desmontada. Se acaba de reprimir una demanda a través de la falta de asistencia técnica. Entonces es una tragedia.
En el gobierno Temer hubo una congelación muy grande, y ahora el gobierno Bolsonaro, además de la continuidad en el recorte de las políticas públicas, intenta enfrentar los movimientos populares creando un clima de terror en los campamentos y asentamientos, y esa posibilidad de privatización de los asentamientos de la reforma agraria. El escenario es bastante desfavorable y plantea nuevos desafíos para la lucha de los movimientos populares.
*Por Pedro Biondi para Brasil de Fato
