Desde la regional Córdoba de la Red Nacional de Medios Alternativos, ayer, convocaron a una actividad para visibilizar las políticas contra los medios populares, alternativos y comunitarios que lleva adelante el ENACOM. La acción, definida por el espacio Interredes que nuclea a distintos espacios de articulación y representación del sector, fue replicada en varias ciudades capitales.
Por Redacción La tinta
1000 millones de pesos
El Estado le debe 1000 millones de pesos a los medios que ayer presentaron un petitorio en el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), exigiendo que se regularice la situación. Desde hace meses, el Enacom no ejecuta el presupuesto del Fondo de Fomento Concursable de Comunicación Audiovisual (FOMECA) designado por ley. Se trata de una herramienta que permite redistribuir los recursos que provienen de los medios de comunicación audiovisuales (gravámenes y multas) para fomentar medios comunitarios, de frontera y de pueblos originarios.
Esto, teniendo en cuenta que “el fomento establecido por ley para medios comunitarios e indígenas de todo el país en 2018 es menor que la pauta oficial nacional recibida sólo por el grupo Clarín en el mismo lapso y, aun así, a los medios comunitarios apenas les pagaron el 20%”, según manifestaron desde Interredes, espacio que nuclea a distintas organizaciones y medios a nivel nacional.
Este fue uno de los cinco puntos presentados a la presidenta del Enacom, Silvana Giudici, junto a otros como el cese a la arbitrariedad en la ilegalización y decomiso de equipos de emisoras, incluir a los canales comunitarios con licencia a la grilla del cable, la no exclusión de emisoras empadronadas del proceso de normalización y la solicitud de que ninguna radio sea interferida o silenciada.
La censura sí existe, mi amor
Actos de discriminación y censura son los que se denuncian desde Interredes, ya que el gobierno nacional no sólo cercena la posibilidad de un trabajo digno para cientos de trabajadorxs de prensa, sino que “se ataca el derecho a la comunicación y la libertad de expresión de las comunidades y voces que nuestros medios expresan en todo el país”.
Es importante aclarar, también, que muchos proyectos de medios populares y comunitarios armados con presupuestos de hace años, al no recibir el dinero adeudado por el Estado, se devalúan y postergan indefinidamente.
Desde el Interredes, reclamaron, además, que se otorgue licencia para todos los medios comunitarios, lo que solucionaría la situación de cientos de radios que se encuentran legalmente empadronadas en varias ciudades de todo el país.
El derecho a la comunicación y libertad de expresión de las comunidades es vulnerado porque, en muchas ocasiones, los destinatarios de los Fomeca se ven obligados a cerrar por no poder afrontar servicios básicos, perdiéndose puestos de trabajo. El Estado todavía tiene deudas de concursos ganados en 2015 y 2014, y, hoy, están pendientes de resolución concursos convocados por el gobierno actual en 2017.
*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: Radio Comunitaria La Quinta Pata.
