Ley Micaela: hay un solo municipio capacitando en género en la Provincia

Ley Micaela: hay un solo municipio capacitando en género en la Provincia
24 mayo, 2019 por Redacción La tinta

Sólo en el municipio de Colonia Caroya su personal y funcionarios públicos de los tres poderes de Estado, son capacitados en temas de género. En una provincia con más de 400 municipios y comunas, es aún una inmensa minoría. Recién este mes, los concejos deliberantes de Córdoba y Mendiolaza se apegaron a la ley nacional y el miércoles último, la Legislatura provincial aprobó por unanimidad un proyecto de adhesión.

Por Magdalena Bagliardelli para Enredacción

La ley 27499 debe su nombre a Micaela García, militante feminista de 21 años que fue asesinada en 2017 en Gualeguay, provincia de Entre Ríos, por un hombre que tenía antecedentes penales por violación. La norma prevé capacitación de todas las personas que trabajan en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

Pioneras fueron las concejalas Melisa Díaz Heredia y Cecilia Migotti del espacio político Proyecto Caroya (oficialismo) en Colonia Caroya, quienes el 6 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, presentaron un proyecto de adhesión a la norma nacional que consiguió el apoyo de todos los integrantes del cuerpo legislativo. El 3 de mayo comenzó a aplicarse la iniciativa que ha capacitado ya a 25 personas.

Cuando se contactaron con el Instituto Nacional de las Mujeres, quien es la autoridad de aplicación a nivel nacional, “no tenían implementado cómo hacerlo, por eso decidimos avanzar en un plan local”, explicó Migotti a ENREDACCIÓN.

“Establecimos una autoridad de aplicación propia, a nivel local, que es la Subsecretaría de Desarrollo Social, que contiene a la Oficina de Género y un plazo para la implementación de la misma que comenzó en mayo y no tiene fecha de cierre, ya que cada vez que ingrese alguien al municipio deberá recibir la formación”, añadió.


A principios de mayo, el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba adhirió también a la Ley 27499 (con un plazo de implementación de 15 días) y Mendiolaza hizo lo propio 14 días después. Hasta el momento son tres los municipios que avanzaron en esta materia en la Provincia.


Fuentes del Instituto Nacional de las Mujeres confirmaron que aún no tiene un relevamiento de cuántas localidades han adherido a la norma dada su reciente sanción.

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Un taller para todos los rangos

El plan de formación en perspectiva de género que está implementado Colonia Caroya para los integrantes de los tres poderes se presentó el 2 de mayo en Bochas Sport Club. Ese día, participó como invitada Gabriela Romanutti, especialista en temáticas de género y políticas y coordinadora el Fondo de Mujeres del Sur en Uruguay. Durante la actividad, el intendente Gustavo Brandán anunció la creación de una Escuela Popular de Género dentro de Universidad Popular de la Municipalidad.

Al día siguiente, el viernes 3, comenzó la primera capacitación destinada al Gabinete, integrantes del Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Se esperaba la asistencia de 50 personas, pero sólo participaron 25. Incluso el intendente faltó, lo que generó la reacción de armar una jornada de recuperación en horarios de tarde-noche para que nadie se quede afuera.

Los jueves, cada quince días, será el taller de formación y sensibilización en género. Se conformaron seis grupos con 50 personas cada uno, que deberán asistir a dos encuentros. Los próximos en recibir la formación serán los integrantes de la secretaría de Finanzas, Control y Fiscalización, y Desarrollo Productivo, por un lado; y de la secretaría de Obras Públicas y Vivienda y Centros Vecinales, por otro. El área de prensa, el personal de secretaría de Gobierno y de Servicios Públicos, componen tres grupos diferentes.

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El primer encuentro incluye contenidos orientados al sistema sexo-género y sus características. “Ahí develamos la faceta social, histórica y cultural de género como construcción de sobre lo que es ser varón y ser mujer”, indica Florencia Strasorier, quien coordina la implementación de la Ley Micaela en Colonia Caroya.

“La primera parte es más teórica: abordamos la división sexual del trabajo, y como de ahí devienen roles y estereotipos. Después vemos videos con publicidades bastantes conocidas donde se ve el rol de una masculinidad muy marcada, muy exigente y cuál es el ámbito de las mujeres para las mismas publicidades”, describe Strasorier.


Luego se realiza una parte práctica donde se abordan mitos y realidades sobre distintos temas como pueden ser la maternidad, el ámbito educativo, los puestos de decisiones que ocupan unos y otras. Los integrantes tienen que decidir si se trata de un mito o realidad y porqué.


En tanto, la segunda capacitación se llama “De lo privado a lo público. Cambio de paradigmas”. “Abordamos las noticias que salen en los medios de comunicación y nos metemos de lleno en la ley 26485 de violencia contra la mujer donde se define la violencia de género. Vemos el concepto de micro machismo y hacemos discusión en grupo sobre los tipos de violencia que describe la ley”, precisa la capacitadora.

—¿Cómo resultaron las dos primeras jornadas de capacitación?, le preguntó Enredacción a Strasorier.

—En la primera de las capacitaciones vimos que había una necesidad enorme de charla, debate y reflexión, por ende reducimos el tiempo de Power Point y ampliamos el trabajo en grupo. Hubo 23 participantes. En el segundo encuentro, del jueves 16, se generó un intercambio muy horizontal y participativo. Estaban las principales autoridades de cada área, las concejales, el abogado que se desempeña en el Tribunal de Faltas, todas y todos compartiendo alguna anécdota en el ámbito laboral. En total, fueron 25.

—La capacitación es de carácter obligatorio, ¿qué va a pasar con quienes no participen?


—Flexibilizamos las instancias de recuperación porque la idea es que todos atraviesen la capacitación. Nos interesa que todos vayan y quienes no cumplan, tendrán su sanción. Esto es obligatorio y nos tenemos que plantar. Por el contrario, quienes asistan a los dos encuentros van a recibir un certificado que lo acredite.


—¿Cuántas consultas reciben en la oficina de género?

En 2015 hubo 31; en 2016, 34; en 2017, 37; en 2018, 80 y de enero a abril, 59. Son situaciones de violencia que han vivido mujeres desde los 16 a los 80, de distintos niveles de escolaridad, y de zona rural y urbana; y de todos los sectores socioeconómicos. También mujeres migrantes.

Respecto al aumento casi del 100% en el último año, Strasorier indicó que el caso de Thelma Fardín también tuvo su correlato local y motivó a muchas mujeres a acercarse a consultar.

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Foto: Colectivo Manifiesto

La ley a nivel provincial


Luego de varios intentos por parte de los legisladores cordobeses desde el año pasado, el miércoles la Unicameral aprobó por unanimidad un proyecto de resolución para adherir a la “Ley Micaela”. La norma había sido sancionada en diciembre de 2018 y promulgada en enero de este año.


El Ministerio de Justicia Provincial será el órgano de aplicación que tendrá a cargo la tarea de capacitar y sensibilizar a todos los funcionarios públicos que integran los diferentes niveles del Estado. Además, invita a comunas y municipios a adherir.

La secretaria de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas, Claudia Martínez, confió a este medio que la aprobación “visibiliza el compromiso de un Estado en apoyar estos procesos de transformación dentro de sus propias estructuras y de empujar a través de una ley que obliga a los agentes públicos a capacitarse, que puedan mirar desde cada una de las áreas con esa perspectiva de género que es la que salva vidas”.

En cuanto a la aplicación, Martínez señaló que “cada área de gobierno tendrá su propia especificidad. Queremos aprovechar la experiencia en capacitación que tenemos con los equipos de las universidades y distintas ONG. La modalidad va a ser semi presencial, con módulos virtuales, y otros vivenciales”, comentó a este medio.

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Foto: Colectivo Manifiesto

Por último, anticipó que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Farfán “seguramente va a convocar a una comisión de expertos de violencia de género para hacer un diagnóstico y distintas etapas y niveles de capacitación”.

En tanto, la legisladora Adriana Oviedo (Unión por Córdoba) y presidenta de la Comisión de Género explicó a ENREDACCIÓN que “esta ley es muy bienvenida porque emplaza a trabajar fuertemente contra la violencia de género. Hace tiempo se estaba pidiendo la adhesión”.


Además, consideró que “la capacitación del personal del Estado es fundamental” y coincidió en que “la Justicia es un ámbito en que las mujeres no se sienten comprendidas. Por eso es importante la formación de personas que están al frente de distintas áreas. Se trata de erradicar todos las conductas erróneas y que las denunciantes encuentren un ámbito ameno”.


Finalmente sostuvo que “en el mundo, la violencia es flagelo y sólo se va a revertir si somos capaces de entender que la violencia excede a la mujer, a su condición social, racial y de credo”.

El caso Micaela

Micaela García fue vista por última vez el 1° de abril de 2017, cuando salía de un local bailable de Gualeguay. Tras su desaparición, se inició una amplia búsqueda que tuvo repercusión nacional y durante la cual su familia y amigos realizaron varias marchas para reclamar por el esclarecimiento del caso. El cuerpo sin vida fue hallado el 8 de ese mismo mes, en un descampado lindero a la ciudad de Gualeguay.

El tribunal de esa ciudad entrerriana condenó a Sebastián Wagner a la pena de prisión perpetua y accesorias legales, al declararlo autor material y penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con homicidio agravado por ser con alevosía, criminis causa y violencia de género; mientras que Néstor Pavón fue condenado a la pena de cinco años de prisión por encubrimiento agravado, ya que consideró sólo actuó como encubridor de Wagner, a quién ayudó a eludir a la Policía y fugarse a la provincia de Buenos Aires, donde finalmente fue capturado. Gabriel Ignacio Otero, el tercer implicado, fue absuelto de culpa y cargo.

En tanto, el martes pasado, Jorge Impini, en representación de la familia García, y el fiscal Gamal Taleb, por el Ministerio Público Fiscal le solicitaron a la Cámara de Casación Penal que se le revoque la condena de cinco años a Pavón y que reciba la misma pena que Wagner, que cumple prisión perpetua en la unidad penal de Federal, considerando que actuó como coautor de la violación y posterior muerte de la joven entrerriana.

*Por Magdalena Bagliardelli para Enredacción

Palabras claves: Colonia Caroya, educación, femicidios, Género

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