Democracia en venta: se aprobó el financiamiento empresarial a las campañas electorales
La Cámara de Diputados aprobó ayer la ley que posibilita los aportes de empresas para financiar campañas electorales. La sesión se desarrolló en medio de fuertes críticas que señalaron la incompatibilidad de los intereses empresariales con el bienestar del sistema democrático. La votación obtuvo 148 votos a favor y 69 en contra.
Por ANRed
El pasado 16 de abril, la Cámara alta había dado media sanción a la reforma de la ley 26.215 de financiamiento de los partidos políticos. El proyecto incluyó modificaciones al régimen vigente, entre las que se destaca la modificación del artículo 44 bis.
Hace diez años atrás el Congreso había prohibido legalizar que los empresarios puedan aportar a las campañas electorales. Si bien la corrupción fue moneda corrientes, pues hay numerosos casos en que las corporaciones otorgaron dinero a los principales partidos políticos para que una vez llegados al poder cumplan con los negocios acordados. El caso mas reciente y resonante es el de Odebrecht, que repartió sobornos y prebendas no solo en Argentina sino que en casi todos los gobiernos del continente. Según consta en documentos oficiales, Odebrecht desembolsó unos 500 mil dolares, a través de Braskem SA, para respaldar la candidatura de Mauricio Macri en de 2015.
Ayer, con 148 votos a favor y 69 en contra la alianza Cambiemos logró la mitad más uno de la cámara con el voto del Bloque Justicialista y del Frente Renovador. Los que se opusieron fueron el kirchnerismo, el interbloque que preside Felipe Solá y el Frente de Izquierda (FIT).
En tanto la legisladora Camaño, exclamo desde el púlpito: «No vengamos acá a hacer un discurso de la locura, a decir que ponemos en juego la democracia, simplemente porque cambiamos el método de financiamiento. Salvo los muchachos que se sientan atrás -dijo, en referencia a los diputados del FIT-, todos los demás, en algún momento tuvieron aportes de empresas, a pesar de que la ley lo prohíbe».
Una ley a medida de las elites
En un comunicado, varias organizaciones civiles y personalidades -Acción Colectiva Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Centro de Estudios Metropolitanos (CEM), Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), entre otras- expresaron su oposición a la media.
El financiamiento empresario de las campañas electorales profundiza la desigualdad y favorece a las elites económicas, ya que debilita la representatividad y legitimidad de los órganos democráticos y genera incentivos para que los representantes políticos busquen beneficiar a las empresas que financian sus campañas, por encima del bienestar general. El fin de las empresas es el lucro y la razón por la cual deciden aportar a las campañas electorales es la posibilidad de recuperar esa “inversión” a través de la obtención de contratos públicos o de regulaciones que redunden en beneficios económicos para sí o para su sector.
A pesar de la prohibición actual, las empresas financian de manera ilegal a los partidos políticos a través de maniobras como el ocultamiento de aportes, el apoyo a actividades permanentes de los partidos que en realidad son utilizadas con fines electorales o la utilización de aportantes fachada. Causas judiciales recientes demuestran que es posible descubrir e investigar dichas maniobras. Lo que habitualmente no sucede es que las violaciones a la ley resulten en sanciones adecuadas que efectivamente desincentiven las prácticas delictivas por parte de partidos políticos y empresas.
Es claro que nuestro sistema electoral demanda mayor transparencia, pero el cumplimiento de este objetivo es independiente de legalizar una práctica que desiguala la competencia electoral, favorece la captura del Estado por parte de grupos económicos y estimula la corrupción. Por el contrario, necesitamos una ley que mejore sustancialmente el control de los aportes de campaña, con un sistema moderno que asegure la publicidad de estos aportes y que, sancione de manera rápida y eficaz a las empresas, partidos y candidatos/as que violan la norma.
Asimismo, la decisión de modificar este régimen a tan poco tiempo del comienzo de un nuevo período de elecciones pone en riesgo la previsibilidad de las reglas de juego y la igualdad en la competencia electoral.
Una reforma de estas características sobre el régimen de financiamiento electoral afecta un aspecto central de nuestra democracia, el bien más preciado que tenemos para vivir en una sociedad justa e igualitaria. Es necesario asumir que los costos de la política deben ser sostenidos por toda la sociedad o enfrentar el riesgo de que las decisiones públicas respondan a los intereses de quienes puedan comprarlas. Debe contemplarse una distribución de recursos públicos suficiente para garantizar la pluralidad de voces, sobre todo en lo relativo a los espacios necesarios para la difusión de propuestas e ideas.
* Por ANRed
