Organizaciones LGTBI exigen que las obras sociales y las prepagas cubran por completo los tratamientos hormonales y cirugías, y que el Estado se haga cargo de la producción pública de medicamentos que requiere este colectivo.
Por Cecilia González para Agencia Presentes
Más de 50 organizaciones LGTBI reclamaron el viernes a la Secretaría de Salud de la Nación (que el año pasado dejó de ser un ministerio) acciones concretas para cumplir con el derecho a la salud de las personas trans. Exigen que las obras sociales y las prepagas cubran por completo los tratamientos hormonales y cirugías, y que el Estado se haga cargo de la producción pública de medicamentos que requiere este colectivo.
Las organizaciones decidieron presentar este reclamo porque siete años después de la sanción de la Ley de Identidad de Género, las obras sociales y prepagas todavía no cubren los tratamientos hormonales de manera integral. En los hospitales y centros de salud públicos suele haber faltantes de determinadas hormonas o hay discontinuidad en la entrega, además de que algunos tipos de hormonas nunca fueron compradas.
Estas son las principales demandas de las dos notas dirigidas este viernes al secretario de Salud Adolfo Rubinstein. Las firman organizaciones de todo el país, entre ellas la Red 100% Diversidad y Derechos y la Agrupación Nacional Putos Peronistas, y sindicatos, ya que en esta problemática están involucradas las obras sociales.
“La situación en general del acceso a la salud de la población trans sigue siendo una deuda en este país. Hay muchos obstáculos para acceder a un trato digno, hay lugares en los que se siguen pidiendo consultas sicológicas o siquiátricas sin motivo o en los que se les patologiza. A veces hasta les piden exámenes de VIH aunque la consulta no tiene que ver con eso. El sistema de salud todavía no está formado con protocolos para respetar a la población trans”, explicó a Presentes Florencia Feldman, presidenta de 100% Diversidad y Derechos.
El fallo que obliga a cubrir cirugía de feminización
La activista se refirió, por ejemplo, al caso de la mujer trans que esta semana logró que la justicia, en un fallo inusual, le ordenara a la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires que en un plazo de 10 días le otorgue la cobertura integral de la cirugía de feminización facial completa y de sus exámenes prequirúrgicos.
“Es un acto de justicia. Nos alegra porque la justicia es bastante refractaria a adoptar perspectiva de identidades de género, pero si tuvo que actuar, es porque antes falló el derecho que esa persona tenía a ser atendida”, señaló Feldman. Y subrayó las contradicciones de un sistema en el que la Ley de Identidad de Género no es suficiente para garantizar la atención de las personas trans.
Si se cumpliera la Ley, añadió, estos casos no llegarían hasta tribunales, sino que se resolverían mucho antes. Por eso, uno de los principales fines de las notas entregadas en la Secretaría de Salud es precisamente evitar la judicialización en materia de salud. Aseguró que hace falta que el Estado se haga cargo de la producción de hormonas para feminización o masculinización. Sólo así las y los pacientes dejarán de depender de laboratorios o distribuidores privados.
La Ley de Identidad de Género, recordó, tiene un decreto reglamentario que obliga a los agentes de la salud a garantizar los tratamientos de las personas trans de manera integral. Pero las obras sociales o las prepagas se niegan y ofrecen coberturas de entre el 40% y el 70%, o reintegros, lo que no les sirve a las personas que requieren cirugías de reasignación de sexo o readecuación genital.
Diana Aravena, secretaria general de la organización Putos Peronistas, explicó que la población trans padece dificultades de acceso a la salud desde la atención primaria hasta tratamientos más complejos, por lo que hay una situación de emergencia.
“Sabemos que esto forma parte de las políticas de ajuste salvaje que está aplicando este gobierno. Estamos defendiendo derechos que con tanto esfuerzo y lucha habíamos obtenido durante el gobierno anterior, sólo estamos pidiendo que se cumpla con la Ley de Identidad de Género y se garantice la atención en salud de las personas trans”, dijo.
Contrario a muchos prejuicios que todavía existen, Aravena aclaró que los tratamientos no se deben a cuestiones cosméticas, sino de salud. Eso se refleja, además, en que las personas trans tienen una expectativa de vida de menos de la mitad de la que tiene el resto de la población.
“Nuestro compromiso tiene que ver con darle visibilidad a este problema, de juntarnos para exigir que se cumpla con la ley, pero no porque tengamos particularmente fe en el gobierno, es más bien para impulsar luchas”, señaló Aravena.
“El acceso a hormonas es un derecho”
Marcela Tobaldi, integrante de la Asociación Civil La Rosa Naranja (a su vez parte de la Red Nacional 100% Diversidad y Derechos) expresó: “El acceso gratuito a las hormonas es un derecho de las personas travestis y trans, y una obligación legal para quienes son responsables de la cobertura. En el caso del Estado, también de su adquisición, o, como proponemos ante las dificultades reiteradas en sus procesos de compra, de su producción a través de los laboratorios públicos”.
En las dos notas entregadas hoy a la Secretaría de Salud, se solicitó que se dicte una Resolución para ordenar a obras sociales y prepagas el cumplimiento de la Ley incorporada al Plan Médico Obligatorio (PMO) y se cubran las hormonas al 100%, así como su producción pública para hospitales y centros públicos de salud.
*Por Cecilia González para Agencia Presentes. Foto: Ariel Gutraich/Archivo Presentes y 100% Diversidad y Derechos.
