Denuncian a los médicos que salvaron a la nena de 11 años violada
Un grupo antiderechos denunció a Cecilia Ousset y José Alberto Gigena por “homicidio calificado” por la muerte del feto. Organizaciones sociales firman un documento para que la fiscal Adriana Giannoni desestime las acusaciones contra lxs profesionalxs.
Por Cosecha Roja
Pocos días después de que le practicaran una cesárea a Lucía, la nena tucumana de 11 años que fue violada por la pareja de su abuela, un grupo de abogados antiderechos denunció a los médicos Cecilia Ousset y José Alberto Gigena por “homicidio calificado” por la muerte del feto. “La convirtieron a una incubadora humana sabiendo que una nena de 11 años tiene muchas más posibilidades de morir”, dijo hoy José Gigena en una entrevista con El Destape Radio.
En una provincia en la que la mayoría de los profesionales de la salud se oponen a garantizar el derecho al aborto legal, Gigena y Ousset fueron los únicos que se animaron a intervenir. Le practicaron la cesárea sin ningún tipo de ayuda: todos los médicos y personal del Hospital “Eva Perón” se habían declarado objetores de conciencia.
La denuncia, presentada ante la Fiscalía Especializada en Homicidio 1 de San Miguel de Tucumán lleva la firma de la abogada María Teresa Mockevich, ex apoderada del Partido Demócrata Cristiano en la provincia y ex candidata a diputada nacional.
La persecución de los grupos antiderechos a los médicos y activistas que defienden el derecho la interrupción legal del embarazo se intensificó en las últimas semanas. La Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito denunció el despido discriminatorio de Fernanda Fernandez, integrante de la Campaña de Tucumán, del Ministerio de Desarrollo de Tucumán. “Una clara represalia por su activismo a favor de los derechos humanos”, publicaron en el comunicado.
“Denunciamos por persecución política y discriminación laboral a la máxima autoridad provincial, gobernador Juan Manzur por este acto de disciplinamiento a una compañera defensora de los derechos humanos, quien, además recibió amenazas por cuestionar acciones de lxs funcionarixs y agentes del estado que impiden el acceso a las interrupciones legales de embarazos”, escribieron en el comunicado donde también pidieron su inmediata reincorporación a su puesto de trabajo.
Repudio a la persecución contra les profesionales que garantizaron la ILE en el caso de Lucia
Cladem Argentina, Andhes y diferentes organizaciones de mujeres, feministas, sociales, políticas, profesionales y de derechos humanos firmaron un documento para repudiar la denuncia maliciosa por homicidio calificado, impulsada por un grupo de abogadxs de sectores antiderechos, contra las doctoras Cecilia Ousset, Romero y el doctor José Gigena quienes realizaron la Interrupción Legal del Embarazo, a través una microcesárea a Lucía, la niña de 11 años embarazada producto de una violación.
«En primer lugar, advertimos que en la práctica realizada por los médicos NO HAY DELITO. La interrupción legal del embarazo está establecida por el artículo 86 del Código Penal y garantizada del fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En dicha resolución, la Corte determinó que cualquier aborto de un embarazo producto de una violación no es punible, tanto para la mujer como para la persona que cause la interrupción del embarazo», afirman.
Las organizaciones firmantes subrayan que «la denuncia, además de no tener asidero legal, constituye un serio amedrentamiento hacia profesionales que lo único que hicieron es cumplir con el derecho al aborto no punible de Lucia, donde se cumplimentaron los requisitos por la causal de la violación». Además, remarcan que el retraso de dicha intervención se produjo por las dilaciones de los propios funcionarios y equipo de Salud de Tucumán: «Estos obstáculos afectan gravemente la salud de Lucia y constituyen tortura».
Por lo tanto, señalan que la denuncia es improcedente y la fiscal Adriana Giannoni, a cargo de la Fiscalía Especializada en Homicidios No 1, debe desestimarla y no darle curso. Se trata de la misma fiscal que fue denunciada recientemente por los delitos de coacción y abuso de autoridad por su accionar en el caso Lucía, por haber amenazado a las autoridades del Hospital del Este en el marco del pedido de ILE.
«Es innegable que la intención de la denuncia tiene como objetivo, además, lanzar un mensaje disciplinador para que los médicos y médicas se nieguen a garantizar derechos que ya existen. El Estado argentino ya recibió el apercibimiento de dos organismos internacionales por las violaciones de los derechos humanos de Lucía. Desde Naciones Unidos consideraron que las restricciones en el acceso a la interrupción legal del embarazo pueden constituir tortura y malos tratos, mientras que el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará condenó la violencia institucional a la que fue sometida la niña», concluyeron.
Para firmar el documento que comparten las organizaciones aquí.
* Fuente: Cosecha Roja. Imágenes: Colectivo Manifiesto
