Auxiliares, una historia de precariedad y explotación
En la ciudad de Río Cuarto hay 332 auxiliares escolares, y en la provincia suman 3332. Son en su gran mayoría mujeres que realizan tareas de limpieza, cuidado de niñxs y de atención al personal. Reciben un salario inferior al que está regulado por ley para estas actividades y no pueden acceder a derechos laborales básicos. Ahora, según relatan las trabajadoras, dependerán de una empresa privada, con salarios que rondarían los $6.000 y contratos de tres meses.
Por Carina Ambrogi para La Marea
Azucena Brun tiene 57 años, hace 18 que se desempeña como auxiliar escolar en una institución pública de Río Cuarto. En junio del año pasado sufrió dos infartos masivos de miocardio y dos paros cardíacos, por lo que tuvieron que colocarle 4 stents. Desde ese momento está de licencia por enfermedad, y esperaba que fuera el médico quien le indicara si podría volver a trabajar. El viernes 28 fue al médico a una visita de rutina y le negaron la atención: la mutual Apross que tiene por su trabajo no funcionaba. Con la certeza de que se trataba de un error llegó a la sede de la mutual a ver qué pasaba y le dijeron que ya no estaba en la lista de asociados. Llamó a la directora del colegio a donde trabaja para consultar. “En la mutual estás dada de baja porque te dejaron sin trabajo. No te avisé porque no sabía cómo decírtelo, nosotros sabemos que no podés recibir malas noticias”, le dijo la directora al teléfono. “Lloré todo el fin de semana, yo sin la mutual no vivo”, dice con los ojos húmedos de impotencia.
Patricia Corti tiene 59, trabajaba hasta hace una semana como auxiliar en el jardín Eduardo Racedo, también de la ciudad de Río Cuarto. En todos sus años de trabajo no logró si quiera contar con la obra social estatal. “Lo único que tenía para demostrar que trabajo para el Estado era el ticket que me da el cajero Bancor, cuando retiro el dinero de mi sueldo”, relata a La Marea. A fines de 2018 la muerte de su hermana y otros hechos personales le provocaron un pico de tensión que le impidieron trabajar durante una semana. Según explica, la directora del establecimiento educativo le dijo que, si no podía volver renunciara, porque tenían que llamar a otra persona. Patricia renunció, se quedó sin el único sueldo con el que contaba para vivir, con la esperanza de ser nuevamente convocada en unos meses. En febrero la directora pidió que la reincorporen porque la necesitaban, y desde Planeamiento Educativo le dijeron que vuelva ese mes. “El jardín había estado en obra, ahora es 5 veces más grande de lo que era el año anterior. Lo que laburé no lo puedo explicar, yo cumplí”, afirma.
El viernes le dicen que vendrán de la empresa Mediterránea a tomarle los datos porque desde ahora esa empresa privada se hará cargo de todas las auxiliares de la provincia. Le hicieron llevar todos los papeles y según cuenta la rechazaron por la edad, pronto cumple 60 años y los contratos son por tres meses.
“Les pedí que me dejen trabajar hasta julio que es cuando cumplo los 60, pero que no me dejen sin trabajo porque yo lo necesito para comer”. El puesto le fue negado, y tampoco recibió el sueldo de lo que trabajó en febrero. Cuando se iba escuchó el caso de Georgina, y ahí pensó que esto se trataba de “discriminación pura”.
Georgina Rodríguez se enteró en el mismo momento que la directora del colegio que una empresa privada sería la responsable de las auxiliares desde ahora. “Una empleada de la empresa que trabaja en el colegio empezó a pedirnos el teléfono de todas las auxiliares, la directora le preguntó cómo no le avisaron a ella que es la responsable máxima de la institución, ahí le dice que todas las auxiliares pasan a esta empresa”, recuerda Georgina.
“En mi caso tengo un problema de obesidad por lo que me iba a hacer una cirugía Bariatica que finalmente suspendí porque la mutual la cortan todo el tiempo. Le comenté a la chica que me pedía los papeles de mi situación y me dijo que con problemas ellos no tomaban”. Georgina presentó todo lo que le requirieron y un certificado de salud del hospital, pero su puesto fue rechazado. “Si les sirvió por 18 años así como está porqué no les sirve ahora”, la defiende Azucena. Y agrega: “Estamos cerca del 8M, se habla de la mujer, a nosotras el Doctor Schiaretti nos usó y ahora nos tiran, si esto no es machismo puro entonces que es”.
Una historia de precariedad
En la ciudad de Río Cuarto hay 332 auxiliares escolares, y en la provincia suman 3332. Son en su mayoría mujeres, sólo 2 de las 332 de esta ciudad son varones. Reciben un pago de $5300 por 4 horas de trabajo diario de lunes a viernes. Realizan tareas de limpieza, de cuidado de niños y de atención al personal de la institución, como poner la pava o atender otros mandados.
Reciben un salario inferior al que está regulado por ley para todas estas actividades, que actualmente dependiendo si se trata de la categoría de cuidado de personas o de mantenimiento ronda entre los $96 a $102 la hora, a lo que se debe sumar los aportes para la jubilación, obra social, vacaciones y aguinaldo.
En 2002 cuando empezó el plan de las “porteras” de escuela la tarea era abrir la puerta, controlar a les niñes y poner la pava. Cuando estas trabajadoras comenzaron a jubilarse entraron las auxiliares, cuyas tareas se extendieron a las actuales. Azucena recuerda que entró hace 18 años con estas becas de “emergencia” que durarían sólo dos años, pero que finalmente se extendieron hasta la actualidad. Hace 5 años les otorgaron la mutual Apross, la mutual estatal de la provincia, pero nunca recibieron aguinaldo, vacaciones, aportes jubilatorios ni seguro de trabajo.
Terminan de trabajar en diciembre y en enero no cobran porque no pueden ir a trabajar, las reincorporan cuando las directoras reciben un correo que les avisa que ya pueden reincorporarlas, aproximadamente entre el 12 y el 15 de febrero. Ahora, según relatan las trabajadoras auxiliares dependerán de una empresa privada, con salarios que se estiman rondarán los $6.000 y estarán en blanco pero con contratos de 3 meses. Allí es a donde parece no haber lugar para quienes tienen algún problema de salud o se acercan a la edad del fin de la vida “útil”.
“Exijo que me jubilen porque son 18 años de trabajo, me dijeron que eran unos años de beca pero fueron todos los años de beca, tenía que fichar todos los días el horario de ingreso y salida y trabajar por $5300. Se sacaron el lazo de encima, de las enfermas o las mujeres con problemas, es una discriminación espantosa, aberrante” reclama enérgica Azucena, con la convicción de que en ese reclamo se le va la vida.
Por Carina Ambrogi para La Marea. Imagen de portada: Colectivo Manifiesto.
