Colombia: Pueblos indígenas del Cauca protegen sus derechos en las rutas
Los pueblos indígenas del Cauca se encuentran movilizados en demanda de sus derechos mientras el gobierno colombiano redobla la represión.
Por Redacción La tinta
Los pueblos nucleados en el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) afirmaron que el presidente colombiano, Iván Duque, no es serio en sus anuncios ante la crítica situación que se vive en esa región del país.
Según el CRIC, la comisión del Ejecutivo que envió este miércoles no llegó hasta la zona de concentración en El Pital, municipio de Caldono. El representante indígena Yovany Yule aseguró que, mientras no exista voluntad para dialogar, las comunidades mantendrán su protesta en las rutas, luego que la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, les notificara que no se desplazarían a dicho sector por condiciones de seguridad.
De esta manera, el segundo encuentro entre los delegados del gobierno y los dirigentes finalizó sin ninguna conclusión que permita solucionar la crisis que se vive en el suroccidente del país por el cierre de la vía Panamericana desde hace más de diez días.
Ayer, la ministra Gutiérrez, acompañada por el alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, se trasladó hasta el municipio de Santander de Quilichao, donde aseguró que seguirán esperando a las delegaciones de los indígenas para instalar la mesa de diálogos.
“Vinimos a organizar la guardia, todo el ejercicio de seguridad para que ingrese la comisión, pero nos dicen que no van a ir. Estamos pensando que el gobierno, el presidente, los ministros están obstaculizando la posibilidad de establecer esta conversación”, aseguró Yule.
Desde el 10 de marzo, al menos 15.000 indígenas se mantienen protestando en el Cauca, en la denominada Minga Social, para exigir al Ejecutivo que cumpla con los acuerdos alcanzados, como la adjudicación de tierras y su derecho a ser consultados respecto a proyectos mineros en sus territorios.
Voceros de los pueblos originarios denunciaron en reiteradas ocasiones que son sometidos a la violencia, al despojo de sus tierras y a persecuciones y asesinatos.
“Estos terrenos nos fueron entregados en los años 1500 y 1600, cuando hubo una ocupación de nuestros ancestros. Ahora, esos lugares se han convertido en globos de tierra y las comunidades están en estado de confinamiento. Incluso, hay nuevos resguardos que se encuentran en la pobreza extrema. Estamos hablando de una deuda histórica que aún no ha sido saldada”, dijo la vocera consejera de comunicaciones del Consejo Regional Indígena de Caldas (Cridec), Érika Giraldo.
Según la cadena Telesur, las autoridades indígenas, además, demandan al gobierno de Duque que se pacten acuerdos que respalden la actividad territorial de las comunidades para el impulso a sus propias economías.
El líder del CRIC, Feliciano Valencia, indicó que “dentro del capítulo indígena del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, fueron aprobados 10 billones de dólares para entregar a los pueblos indígenas del país, de los cuales solo recibieron el 30 por ciento; el otro 70 por ciento fue retirado por el gobierno meses después”.
A su vez, los pueblos del Cauca recordaron que la Corte Constitucional de Colombia estableció que los indígenas deben ser consultados previamente antes de tomar decisiones en espacios que afecten sus territorios y el medio ambiente. Al respecto, Yule señaló que, desde las comunidades, piensan “que el presidente está usurpando el poder de la alta Corte Constitucional y se está tomando poderes que no están planteados dentro del marco legal”.
“El Gobierno no está respetando nuestros derechos. Está entregando nuestras tierras a las multinacionales para que exploten el oro, el oxígeno, los bosques, la biodiversidad y la madre tierra. Para ellos, es una mercancía que intercambian por dinero que luego malgastan”, remarcó el vocero del CRIC.
Al mismo tiempo, los pueblos indígenas le exigen al gobierno de Duque que respete los acuerdos de paz firmados en La Habana entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el ex presidente Juan Manuel Santos.
Desde el CRIC, alertaron que “de los 527 líderes que fueron asesinados a nivel nacional, el 30 por ciento cayeron en el Cauca. De esos casos, por lo menos 44, según el proceso de investigación, fueron perpetrados por servidores públicos, es decir, por militares”.
Para la consejera de derechos humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Aída Quilicue, lo que ocurre en el Cauca va más allá de los asesinatos. “No solo se trata de los homicidios, también hay constantes amenazas, desplazamientos, confinamientos, y vuelven a aparecer factores y actores de la guerra en Colombia”, afirmó.
El miércoles pasado, la represión desatada por las fuerzas de seguridad colombianas dejó como saldo a seis comuneros heridos por armas de fuego. En tanto, el policía Boris Alexander Benítez fue herido de bala en el cuello y tórax en un hecho confuso, según los manifestantes. Posteriormente, Benítez falleció en la ciudad de Cali.
Desde ONIC, denunciaron que las fuerzas de seguridad dispararon ráfagas de fusil “directamente a los participantes en la minga por la defensa de la vida, los territorios, la democracia, la justicia y la paz”. En un comunicado, manifestaron que las fuerzas públicas tienen una actitud “criminal” frente a la protesta, “en abierta contravía a los derechos humanos y el derecho fundamental a la vida de los mingueros y migueras”.
En el texto, ONIC advirtió sobre los medios de comunicación que “relacionan los hechos que le propiciaron la muerte” a Benítez “de manera irresponsable con las protestas legítimas, pacíficas y de carácter civil”. También se alertó sobre “la presencia de civiles armados no identificados con fusiles de asalto en inmediaciones de las fuerzas del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios), la policía y el ejército colombiano, posicionados sobre la vía panamericana”.
Por su parte, la Asociación de Cabildo Indígenas del Valle del Cauca Región Pacifico (ACIVA-RP) denunció el sobrevuelo de drones de la fuerza pública en el resguardo Nasa Embera Chamí La Delfina, en la comunidad Nasa Kiwe. En un comunicado, aseveraron que es un “acto provocador y violatorio de nuestra autonomía territorial”, el cual pretende “intimidar y crear pretextos para justificar acciones de intervención al territorios del resguardo indígena”.
El lunes pasado, cientos de organizaciones sociales de Colombia respaldaron las protestas indígenas a través de una carta enviada al presidente Duque. Un total de 1.200 entidades y organizaciones sociales, de derechos humanos, congresistas y líderes políticos, calificaron de totalmente legítima la Minga Indígena que tiene como epicentro en el Cauca.
“Son muy conocidas por la sociedad colombiana las condiciones de injusticia y militarización que viven los pueblos indígenas”, señalaron en el texto. Además, rechazan la actuación presiva del ESMAD y el “el tratamiento militar que su gobierno le está dando a la protesta campesina, negra e indígena, con un alto saldo de personas heridas, golpeadas y retenidas”.
*Por Redacción La tinta
