Duele Colombia
Habían pasado sólo siete días del cambio de año, y en Colombia ya se contaban seis asesinatos de referentes de luchas sociales. A dos años y medio de firmarse el acuerdo de paz, este país atraviesa una matanza récord de defensores de derechos humanos. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), desde el 2016 el 20 % de las más de 500 víctimas son mujeres luchadoras, que viven una participación recortada y una violencia específica sobre sus cuerpos. Maritza Isabel Quiroz y Maritza Ramirez Chaverra son las lideresas asesinadas en este enero sangriento.
Por Redacción La tinta
La matanza de referentes sociales en Colombia es de trascendencia mundial. Las cifras son escalofriantes. En lo que va del 2019, el Indepaz ya registró 14 amenazas contra líderes sociales, además del asesinato de 18 personas, en ocho departamentos que realizaban trabajos desde diferentes frentes por su comunidad.
Maritza Isabel Quiroz
Maritza tenía 59 años y cuatro hijos, era suplente de la Mesa de víctimas de Santa Marta y líder de las mujeres afro desplazadas en la zona rural. Hacía 14 años había tenido que dejar su tierra para vivir en la vereda de Bajo Camagual, en el municipio de Ciénaga, cuando su esposo fue asesinado por narco paramilitares. Era parte de la Autoridad Nacional de Afrocolombianos (ANAFRO), reconocida por su liderazgo con mujeres afro, víctimas del conflicto. Fue delegada de su comunidad en la construcción del Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR) en la zona de la Sierra Nevada.
Previo al 5 de enero, había sido blanco de atentados. Ese día llegaron hombres armados a su vivienda en Santa Marta y le dispararon, en esa misma finca que le fue otorgada a ella y nueve mujeres más.
Era activista social defensora del campesinado de las zonas rurales del departamento del Magdalena, y es la sexta víctima de las estadísticas de asesinatos a líderes sociales ocurridos en lo que va de 2019.
El Caribe colombiano es foco de ensañamiento violento contra quienes lideran diversos procesos sociales por la defensa de los derechos humanos y el territorio. Desde el 24 de noviembre del 2016, fecha en que se firmó el acuerdo de Paz, y julio del 2018, según Federico Giraldo, miembro del Centro de Investigación y Educación –Cinep-, han asesinado a 31 líderes y lideresas en la región Caribe.
Maritza Ramirez Chaverra
La segunda mujer referente asesinada este enero en Colombia también se llama Maritza. Tenía 42 años y era presidenta de la Junta de Acción Comunal del corregimiento Aguas Claras, en la zona rural de Tumaco. Llevaba adelante procesos con la comunidad relacionados con el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito (PNIS) y por la defensa de Derechos Humanos. Además, era presidenta de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Aguas Blancas.
Un informe presentado por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA), advirtió que en las zonas rurales de Tumaco existen unas 263 personas que sufrieron las dinámicas de violencia al punto de tener que abandonar forzosamente sus territorios. Además explicó que las comunidades están confinadas por el accionar de los grupos armados ilegales que operan en la región.
Los asesinatos de estas mujeres se suman a la cifra que desde 2016 va en aumento. De acuerdo a un informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), desde el 1 de enero de 2016 hasta el 10 de enero de 2019 fueron asesinados en Colombia 566 líderes y lideresas sociales. En 2016 fueron asesinados 116 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos en el país; para 2017, aumentó a 191, y el año pasado la cifra se ubicó en 252 homicidios.
Según el sociólogo José Antonio Gutiérrez Dantón, hay quienes plantean que es demasiado complejo el conflicto para saber de dónde vienen los tiros. Sin embargo la Universidad del Rosario publicó una sistemática investigación en la cual demuestran, por un lado, que la mayoría de las víctimas son por disputas de tierra, y por otro lado que la mayoría de los asesinos son bandas paramilitares, milicias privadas de ganaderos y terratenientes. Así, la desaparición de la guerrilla de las FARC-EP no significó el fin de la matanza a manos de la oligarquía. Al contrario, en las zonas donde existía esta organización, se concentra la mayor parte de los crímenes recientes. Ante este panorama, se cuestiona al Gobierno de Iván Duque y a su deliberada indiferencia, por no atender estructuralmente esta situación, agravada después de la firma de los Acuerdos de Paz en 2016.
Mujeres referentes
Un informe de julio de 2018 elaborado por la fundación Paz & Reconciliación (Pares), evidencia que el 76 % de los líderes son hombres y el 24 % mujeres, ya que “las mujeres tienen menos oportunidades de representar a sus comunidades, pues su trascendencia en la esfera pública aún es limitada».
El informe indica que, cuando lo hacen, corren el riesgo de sufrir homicidios, amenazas, violaciones sexuales y desplazamientos. En la mayoría de los casos son amenazadas de muerte y se les agrede sexualmente a ellas o a sus hijes. Así se complejiza el reclamo de protección para las referentes colombianas, ya que no pueden ser iguales para varones o mujeres. Tal es así que la fundación PARES propone que «debe haber diferentes mecanismos de protección y priorización en investigación de los casos que tiene que ver con mujeres».
Como sucede en todas las situaciones de conflicto, si bien el despliegue de la crueldad sobre todas las víctimas es brutal, la mirada patriarcal también impone allí formas de ensañamiento y de violencias específicas sobre los cuerpos femeneizados. Es y será tarea diaria reconocerlas y denunciarlas, mientras construimos el tejido de la memoria para todas las Maritzas de nuetramérica y el mundo.
*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: Pacifista.
