La justicia de la mano con las fuerzas represivas
Este miércoles, es la última audiencia y la lectura de sentencia del juicio contra el policía sargento ayudante, Armando Martin Murúa, por el fusilamiento del niño de 13 años, Lucas Rudzicz. El asesinato sucedió el 22 de diciembre de 2016 en un descampado de barrio Müller, ubicado detrás de la Parroquia que dirige el mediático cura Mariano Oberlin.
Aquel día, Lucas se encontraba con David Luna y, aparentemente, habrían intentado robarle una bordeadora y un celular al cura Mariano Oberlin. Recibió un balazo en la nuca mientras ambos se daban a la fuga. Lucas no tenía arma y la que apareció en el lugar estaba sin balas.
La imputación inicial contra el sargento Martín Murúa -que fuera designado custodio del cura por el Secretario de Seguridad del Gobierno provincial, Diego Hak, para proteger al cura por sus denuncias contra narcotraficantes- fue la de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por su condición de policía, pero, luego, el Estado la atenuó por la figura de “exceso en el ejercicio legítimo de su cargo”.
Durante las audiencias que comenzaron este lunes, el abogado de la familia Rudzicz, Carlos Orzaocoa, intentó demostrar que el policía Murúa fue autor de una de la prácticas más nefastas y comunes entre la fuerza: el desprecio por el valor vida. Esto es la desaprehensión en la intervención ofensiva para repeler acciones delictivas que terminan con la muerte de jóvenes y niños.
Los familiares piden que Murúa pague por lo que hizo, piden honestidad y un juicio justo, algo que aquel policía decidió privarle a Lucas. “Martin Murúa se convirtió en juez y dios de mi hermano, lo que hizo fue matarlo a quemarropa”, sostuvo Vanesa, la hermana de Lucas.
En la misma línea del planteo en los medios de comunicación, el abogado defensor Carlos Hairabedian utilizó la estrategia de mostrar que Murúa no estaba en función de policía al momento del hecho y que, más que un custodio privado, es un amigo y colaborador de la obra de Oberlin, olvidando que los policías son policías siempre, en lo que a sus funciones respecta. Además, lo presentó como un ser bondadoso, que disparó en un descampado lleno de malezas y desniveles, y que, por un hecho fortuito -a pesar de tener una experiencia de 18 años en el uso de armas de fuego-, le atinó justo detrás de la cabeza. Para al abogado defensor, lo mató casi por casualidad. Por otra parte, los testimonios del cura Oberlin sobre la participación de Murúa fueron contradictorios.
No se explica por qué, si Lucas ya se encontraba en plena retirada y el cura fuera de toda línea de fuego, el efectivo policial interviene en la escena sin realizar todos los disparos al aire correspondientes. Nunca hubiera podido acertar al cuerpo sin necesariamente apuntar a Lucas.
Lo cierto es que Murúa, al momento del hecho, era sargento ayudante y, uniformado o no, usó el arma, violó todos los protocolos que regulan su uso y era plenamente consciente de sus actos, y, al disparar, despreció la vida, pudiendo prever y, por supuesto, evitar un resultado fatídico, que terminó con la vida de un niño de 13 años.
El abogado Hairabedian dijo en los medios que, en realidad, aquel día, hubo tres muertos: Lucas, el cura Oberlin y el policía, en relación al trauma que les quedó a estos últimos luego del hecho. El único que falta acá, porque le arrebataron la vida temprana, es Lucas.
Como pasa siempre, el informe de la policía fue suficiente “verdad” para no dictarle la prisión preventiva. Lxs vecinxs, que fueron quienes señalaron a Murúa, hoy tienen miedo y no quieren dar su testimonio en el juicio. Los medios hegemónicos de Córdoba, que reciben cuantiosas sumas por pauta estatal y cuyos corresponsales cuentan chistes en la sala frente a lxs familiares, muestran sólo una parte del relato, siendo funcionales a un show que pretende invisibilizar el fracaso en las políticas de inclusión.
La posibilidad de “redimirse” para quien se equivoca nunca puede ser coartada por una bala y, aún desde el punto de vista más legalista, cualquier persona del derecho sabe que “lxs niñxs siempre son recuperables”.
La Resolución A/RES/61/146 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño alienta a los Estados a «promover acciones para lograr la reintegración social de los niños en situaciones difíciles, considerando, entre otras, las opiniones, aptitudes y capacidades que esos niños hayan desarrollado en las condiciones en que les tocó vivir y, cuando proceda, su participación significativa». Lucas tenía apenas 13 años y su asesinato por parte de un policía armado con balas de plomo es lo que se está juzgando, aunque las defensa y el accionar judicial parecen demostrar lo contrario.
El juicio concluye este miércoles. Familiares, amigxs, organizaciones territoriales y sociales, convocan a acompañar la sentencia desde las 9 hs, pidiendo justicia frente a los Tribunales Penales de Córdoba (Fructuoso Rivera 720).
«Entendemos que estos casos deben empezar a ser sentenciados con prisión efectiva para los acusados. Es necesaria la organización y unidad de todos los sectores del campo popular para denunciar el caso de Lucas como podría haber sido el de cualquier pibe de las barriadas populares que, cotidianamente, reciben abusos y prepotencia policial», expresaron desde el entorno de Lucas.
* Por Mucho Palo Noticias / Imágenes: Colectivo Manifiesto
