El 28 de septiembre es el Día por la Despenalización del Aborto. Organizaciones de todo el mundo se manifiestan, sobre todo, en los países que aún no cuentan con legislación o que poseen contextos restrictivos.
Por Redacción La tinta
Un poco de historia
En 1990, se realizó el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe en Argentina. Allí, teniendo en cuenta que las complicaciones por el aborto inseguro y clandestino constituyen la primera causa de mortalidad de las mujeres en muchos de los países de la región, se decidió declarar al 28 de septiembre como el Día por la Despenalización del Aborto.
Desde entonces, más organizaciones feministas y sociales se han sumado a la campaña de presión para demandar la despenalización del aborto en la región latinoamericana y caribeña, en la que más del 97% de las personas con capacidad de gestar conviven con leyes restrictivas.
Sólo cuatro países de la región (Cuba, Puerto Rico, Uruguay y Guyana) y un distrito (Ciudad de México) cuentan con legislación y políticas públicas que tienden a garantizar y reconocen en la interrupción voluntaria del embarazo el derecho a la salud integral de las mujeres. Sin embargo, en el resto de los países siguen persiguiendo, condenando y siendo responsables de que sea la principal causa por la que mueren las personas gestantes.
Asombran las cifras de lo que implica negar un aborto seguro y de calidad. En el mundo: 22 millones de personas interrumpen sus embarazos cada año en condiciones de riesgos y, en su mayoría, son mujeres pobres y jóvenes. Esto conlleva consecuencias tremendas: 5 millones de personas sufren lesiones graves por la penalización del aborto y 47 mil mueren.
En la Argentina, se calcula que abortan entre 460 y 500 mil personas al año. Esto nos hace llegar a una conclusión rápida, la penalización resulta inútil. Lo que está en cuestión son las condiciones en las cuales se realizan. No hay una política de estado respecto a dar atención de calidad y acompañamiento a las personas que deciden interrumpir sus embarazos. Buscar alternativas, muchas veces, expone nuestra salud y vida. Por ende, la legalización del aborto resulta fundamental y urgente, por ser el aborto clandestino un problema de salud pública, de justicia social y de derechos humanos de las personas con capacidad de gestar.
Asimismo, no todas vivimos igual las condiciones de restricción. Quienes pagan las peores consecuencias, generalmente, son las personas pobres, como siempre. Nos enfrentamos a una situación de crisis económica, social y política que genera ajuste en los servicios de salud. Esto se traduce en peores condiciones de atención en general y, sobre todo, en lo que a nosotras respecta. Falta de insumos como métodos anticonceptivos y achicamiento en la compra de medicaciones necesarias. Por otro lado, incide en contar con menores ingresos, por lo cual la práctica del aborto se realiza en peores condiciones.
Gracias a la aparición del misoprostol, las complicaciones por abortos inseguros se habían disminuido. Sin embargo, las mujeres muertas este año por abortos fueron en condiciones paupérrimas. Algunas usaron sondas y otras tallos de perejil. Es decir que se vuelve a condiciones de alta precariedad.
Esto se suma al maltrato que se recibe en los centros hospitalarios y a las amenazas de denuncias o la efectivización de las mismas que amedrenta consultar ante situaciones de hemorragias o infecciones. Esto es otro de los motivos de muerte de las personas que interrumpen sus embarazos, consultan cuando ya es tarde y no queda mucho por hacer.
Evidentemente, el cambio debe ser muy profundo. Desde la legislación, la decisión política de llevarlo a cabo en las mejores condiciones, hasta el trato de los equipos de salud.
Mientras algunas condiciones se van garantizando gracias a la lucha ardua del día a día, podés contar con acompañamientos desde el amor, a conciencia, con profesionalismo. Podés comunicarte con las compañeras Socorristas en Red, feministas que abortamos, que realizan una ingeniería mujeril que permite, con información, acompañar procesos de abortos seguros y de calidad. Hay mas de 50 líneas en todo el país, que atienden al menos 5 mil mujeres por año que se contactan con ellas.
También contás con la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, que surgió en 2015 como una organización que pretender desclandestinizar la práctica del aborto y acompañar a las personas con embarazos no planificados con la firme convicción de que el sistema de salud no puede ser parte del problema, sino de la solución.
La Campaña por el Aborto legal, seguro y gratuito manifiesta en su comunicado: “Logramos que, por primera vez, se trate este reclamo en el Congreso de la Nación. Tras meses de debate federal, popular, interdisciplinario, transversal, científico y democrático, conquistamos la media sanción en la Cámara de Diputados del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Las senadoras, senadores, diputados y diputadas que se abstuvieron o votaron en contra del derecho al aborto, fomentando prácticas clandestinas e inseguras, son responsables políticos de las muertes de mujeres y personas con capacidad de gestar, y deberán asumir el costo de pretender relegarnos a una ciudadanía de segunda”.
Seguiremos luchando, día a día, para defender lo conquistado y lo que nos pertenece. No dejaremos de responsabilizar al estado por la precariedad a la que nos somete. ¡Aborto legal ya!
*Por Redacción La tinta.
