Bulgheroni, Rocca, Pérez Companc: los apellidos a salvo de la crisis
Pese al regreso de las retenciones, los milmillonarios argentinos que acaparan un tercio de la economía nacional saldrán indemnes del ajuste. La concentración de recursos divide mundos y ensancha la desigualdad. La recesión no será igualitaria.
Por Federico Dalponte para Notas
Los dueños de la Argentina fue el primer éxito editorial de Luis Majul. La historia estaba centrada en cinco apellidos: Bulgheroni, Rocca, Fortabat, Born y Macri.
Era el año 1992, pero no pierde vigencia. Paolo Rocca es hoy el empresario más acaudalado del país. Lo sigue de cerca Alejandro Bulgheroni, con una fortuna que circunda los siete mil millones de dólares. Amalia Fortabat falleció en 2012, aunque la sobrevive Loma Negra, el mayor productor de cemento de la región. El grupo Bunge & Born se desarmó, pero le dejó buena parte de su negocio a Gregorio Pérez Companc, el milmillonario que produce alimento para venderle a los argentinos que comen a diario.
El último de la lista, Franco Macri, le regaló a la Argentina un presidente, que hoy en día –quién diría– se sorprende de la especulación financiera y la avidez empresarial.
Hoy son ellos, entre tantos más, los grandes beneficiarios del modelo Cambiemos; los que ganan con la devaluación, con la baja de contribuciones patronales, con la liberalización de los mercados. Los que están y seguirán estando.
Los otros que hacen su negocio con igual desapego son los que apostaron a la deuda argentina: bancos y fondos comunes de inversión; los que ganaron con las Lebacs sin invertir un solo peso en la actividad productiva. El sector se inunda también de apellidos resonantes. Braun, Brito, Eskenazi, Chirino, Supervielle, los grandes dueños de la banca nacional, que se suman a la foránea con vínculos locales, como el JP Morgan y el Deutsche Bank.
Aunque el esfuerzo, dice el gobierno, hay que hacerlo entre todos. La receta les funcionó bien mientras sólo hubo que despedir estatales, reprimir la protesta social y recurrir al FMI ante la falta de dólares. Hasta allí, una derecha de manual. Pero la necesidad tiene cara de hereje: las retenciones volvieron a ser noticia diez años después de la resolución 125.
En la Argentina, según datos oficiales, menos de diez empresas manejan más del 80% de la producción aceitera. Muchas, de hecho, con profusa trayectoria empresarial: Cargill, Bunge, Dreyfus, Pérez Companc.
La pregunta entonces es si alcanza con un mínimo impuesto a la exportación para morigerar las injusticias contributivas del sistema. La estatal INVAP, por caso, tendrá el triste privilegio de ser alcanzada por el mismo gravamen que las grandes corporaciones multinacionales.
Ana Castellani, socióloga e investigadora del CONICET, afirma que las elites argentinas no tienen vocación de liderar un proyecto de desarrollo: sigue siendo más rentable para ellos lucrar con la inestabilidad macroeconómica de la Argentina. La misma lógica que aplican los buitres extranjeros.
Lo cierto es que todo apunta a describir un problema sistémico. El acceso a los recursos es poco democrático y la concentración económica es palmaria. Casi el 40% de la población no cuenta con un pedazo de tierra propia para producción o vivienda.
En el otro extremo, según el registro de tierras rurales, el 35% del territorio nacional está en manos de 1.250 propietarios privados. Ello incluye a las casi dos millones de hectáreas apropiadas por firmas radicadas en paraísos fiscales, tal como apunta Maia Jastreblansky para La Nación.
En igual sentido, Argentina cuenta con un estimado de 700 mil empresas chicas y medianas, y unas cinco mil grandes. Pero según la revista especializada Forbes, son apenas cien las que representan un tercio del PBI: bebidas, telecomunicaciones, soja, bancos, aluminio, cemento, crudo.
Cada una de esas cien tiene un promedio de ingresos de casi dos mil millones de dólares anuales, siete veces el presupuesto total del CONICET. De nuevo: cada una, en promedio, factura una cifra equivalente a siete veces el presupuesto del CONICET, cinco veces el de la UBA, once veces el de La Matanza.
Las crisis, de tanto en tanto, deberían servir también para discutir los asuntos importantes, además de los urgentes: si realmente ésta es la forma más justa de organizarnos, si no hay otras, si no vale la pena imaginarse otras. El gobierno anunció esta semana que los beneficiarios de la asignación universal por hijo tendrán una bonificación extra de 2.700 pesos. Apenas por encima de lo que las principales empresas del país facturan por segundo.
*Por Federico Dalponte para Notas
