Guatemala: asesinaron a otra lideresa indígena
Guatemala continúa en un espiral de violencia contra los pueblos indígenas y defensores y defensoras de los derechos humanos.
El viernes pasado, Juana Ramírez Santiago, de 57 años, originaria de Xonalay, Nebaj, fue asesinada a balazos cuando caminaba sobre un puente de la región en donde vivía. Samuel Molina, oficial de los bomberos, informó que, al llegar al lugar, encontraron a la mujer tirada en el suelo con varios impactos de bala en su cuerpo y sin signos vitales.
Ramírez trabajaba como comadrona y fue una de las fundadoras de la organización civil Red de Mujeres Ixiles de Nebaj, de Guatemala, dedicada a la defensa de los derechos de la mujer indígena en la región.
Según el portal Prensa Libre, los vecinos de la zona escucharon cuatro disparos y, al salir a la calle, observaron el cuerpo de Ramírez Santiago.
Pedro Chel Bernal, esposo de la dirigente, relató que él trabaja como bodeguero en una ferretería y todas las noches su esposa, a eso de las 19 horas, le llevaba la cena. El viernes, relató Chel Bernal, se comunicó con Ramírez, quien le indicó que ya se dirigía a dejarle la cena, pero pasaron dos horas y no llegó. “Al llamarla el teléfono, daba tono de apagado”, señaló su esposo.
Chel Bernal declaró que su esposa no estaba amenazada y no tenía enemigos. “Era una mujer que apoyaba a la comunidad con su trabajo de comadrona. Según me dijeron, fueron dos adolescentes que se le acercaron y le dispararon”, indicó.
Por su parte, Juana Bacá, directora de la Red de Mujeres Ixiles, manifestó que Ramírez “fue una mujer que se dedicaba a traer vida al mundo y fue fundadora de la organización, siempre buscando el bienestar de las mujeres Ixiles”.
Bacá también alertó que esta muerte se suma al de otra dirigente, del Comité de Desarrollo Campesino, asesinada hace varias semanas. “Exigimos a las autoridades investigar y esclarecer este homicidio que enluta a otra familia en Nebaj. Tienen que detener al o los responsables, este hecho no puede quedar impune”, manifestó.
En tanto, Miguel de León, alcalde indígena de la Región Ixil, exigió una investigación con resultados rápidos, ya que Ramírez es la segunda lideresa social asesinada en el municipio. “Nebaj se ha tornado violento, especialmente para dirigentes civiles, la muerte de esta lideresa lo demuestra”, advirtió.
Luego de conocerse el asesinato de Ramírez, el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, exigió al Ministerio Público y al Ministerio de Gobernación que se efectúen las investigaciones para dar con los responsables del hecho. En un comunicado, demandó al Estado de Guatemala a implementar acciones para proteger la vida de los defensores de los derechos humanos en el país.
A su vez, la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas (FGER) repudió el asesinato, en tanto la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua) expresó que “como integrantes de la Red de Defensores, nos indignamos por este hecho de violencia que enluta a la comunidad de personas defensoras”.
En un artículo publicado en el portal Prensa Comunitaria, la periodista Quimy De León describió a Ramírez como una persona que “no hacía más que traer vida y luchar contra la violencia hacia las mujeres, por esta razón, vivía una condición de amenaza”. Además, “se conoce que había puesto denuncias ante el Ministerio Público por la situación que estaba viviendo”.
En el transcurso del año, en Guatemala fueron asesinados 21 líderes comunitarios y defensores de derechos humanos. A finales de julio, fue asesinada Juana Raimundo, una enfermera de 25 años y lideresa del pueblo Quiché. El portal Publinews informó que el sábado también fue atacada Dévora Ramos, en Chiquimula.
Los departamentos donde más ataques se registraron son Alta Verapaz, Chiquimula, Escuintla, Guatemala, Jalapa, Jutiapa y Quetzaltenango.
A principios de septiembre, el Procurador Rodas reclamó al Estado guatemalteco garantizar a las mujeres el pleno ejercicio de sus derechos humanos, entre los cuales destacan la autodeterminación, los derechos políticos colectivos e individuales, la libre expresión del pensamiento, la participación política, el acceso a la educación y a la salud integral con calidad, sin restricciones jurídicas y discriminatorias. Rodas explicó que cumplir con estas demandas es necesario para reducir las brechas de desigualdad que aún existen en Guatemala.
El 18 de julio último, un grupo de 29 congresistas estadounidenses, entre ellos Norma Torres, de origen guatemalteco, envió una carta al embajador de los Estados Unidos en Guatemala, Luis Arreaga, en la que expresó preocupación por los reiterados ataques a defensores de derechos humanos y líderes campesinos. Los representantes señalaron que monitorearán de cerca la actuación de la Fiscal General, María Consuelo Porras, mientras investiga quiénes son los responsables de la persecución ilegal en contra de los líderes campesinos.
En mayo de este año, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos también denunció la persecución contra activistas y exigió al gobierno el esclarecimiento de los crímenes contra ellos. Victoria Tauli-Corpuz, relatora especial de las Naciones Unidas, visitó en mayo pasado Guatemala y denunció la criminalización contra líderes y activistas indígenas, quienes “son acusados penalmente de robo u otros cargos fabricados solo por encabezar protestas contra proyectos hidroeléctricos en sus tierras o contra la expansión de cultivos de aceite de palma que contaminan sus ríos”.
*Por Redacción La tinta
