Otra lideresa indígena asesinada en Guatemala. Mientras se alzan las voces de protesta, el gobierno se envuelve en un manto de impunidad.
Por Redacción La tinta
Juana Raimundo, una enfermera de 25 años y lideresa del pueblo Quiché de Guatemala, fue asesinada en la noche del pasado viernes y su cuerpo apareció el sábado con señales de tortura a orillas de un río, entre Nebaj y la comunidad Acambalam.
En declaraciones al portal Prensa Libre, Pedro Raimundo Corio, padre de la víctima, relató que su hija salió el viernes por la mañana de Bijolóm Uno, donde viven, hacia el Centro de Salud de Cotzol, donde trabajaba como enfermera, y que posteriormente debía viajar a Nebaj para entregar unos informes al área de Salud. Sin embargo, su familia se preocupó cuando al final de la tarde llamaron a su teléfono celular y éste estaba apagado.
Juana Raimundo fue electa recientemente como integrante del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), un comité que se convertiría en partido político. El MLP fue creado por las comunidades en resistencia con miras a la fundación del Estado plurinacional y la nacionalización de todos los bienes y servicios privatizados. La joven también era militante del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) y su muerte se suma a la de varios líderes campesinos, lo que ha causado protestas y ha elevado las alarmas a escala internacional.
Varias entidades, como la misma Codeca o la Asociación de Estudiantes Universitarios, así como organizaciones y comités campesinos, emitieron comunicados en los que exigen al gobierno que se investigue el crimen.
Desde Codeca exigieron al Ministerio Público que “se investigue y se sancione a los responsables de este asesinato. Hasta ahora, todos los asesinatos de nuestros defensores están en la impunidad”. Además, manifestaron que por más que intenten frenar su lucha mediante la represión y los asesinatos seguirán en pie. A su vez, instaron al gobierno y a los grupos económicos que cesen su discurso de odio contra Codeca y otros defensores de derechos humanos en el país.
El 18 de julio último, un grupo de 29 congresistas estadounidenses, entre ellos Norma Torres, de origen guatemalteco, envió una carta al embajador de los Estados Unidos en Guatemala, Luis Arreaga, en la que expresa preocupación por los reiterados ataques a defensores de derechos humanos y líderes campesinos.
Los representantes señalaron que monitorearán de cerca la actuación de la Fiscal General, María Consuelo Porras, mientras investiga quiénes son los responsables de la persecución ilegal en contra de los líderes campesinos.
En mayo último, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos también denunció la persecución contra activistas y exigió al gobierno el esclarecimiento de los crímenes contra ellos.
Victoria Tauli-Corpuz, relatora especial de las Naciones Unidas, visitó en mayo pasado Guatemala y denunció la criminalización contra líderes y activistas indígenas, quienes “son acusados penalmente de robo u otros cargos fabricados solo por encabezar protestas contra proyectos hidroeléctricos en sus tierras o contra la expansión de cultivos de aceite de palma que contaminan sus ríos”.
En lo que va del año, siete líderes campesinos o activistas, la mayoría militantes o dirigentes de Codeca, fueron asesinados.
Luego del asesinato de Raimundo, el diario La Hora afirmó en un editorial que “el hecho apunta a que estamos de vuelta en ese pasado nefasto de crímenes brutales cometidos como actos de represión que quedaban generalmente impunes”. “No puede Guatemala permitir que se produzca ese brutal retroceso y se tiene que exigir con toda firmeza la investigación del crimen no sólo para aplicar la justicia, sino para establecer su origen que, al momento, hace pensar en el retorno a esos crímenes en los que se reprimió brutalmente a toda clase de dirigentes y activistas en el país”, enfatizó el diario.
Por su parte, Ollantay Itzamná, defensor latinoamericano de los Derechos de la Madre Tierra y Derechos Humanos, publicó un artículo en el que alertó que los últimos meses, “por los cruentos asesinatos de defensores comunitarios de derechos en el país, Guatemala está recuperando su pérfida imagen histórica de país sanguinario con los suyos”.
“Los asesinatos contra defensores de Codeca –aseguró Itzamná- arreciaron a raíz de un discurso de odio y estigmatización contra este movimiento, emitido públicamente por el actual Presidente de la República, Jimmy Morales. Es decir, el propio Estado, lejos de proteger, coaccionó y coacciona contra sus defensores comunitarios de derechos”.
Itzamná enfatizó que el Estado “es el principal responsable del cumplimiento y garantía de derechos. Ante el incumplimiento de dicha función, las personas de manera individual o colectiva ejercen el derecho a defender derechos. Pero, el Estado, lejos de promover a dichos defensores (como establece el derecho internacional), los denigra, criminaliza y permite o promueve los asesinatos selectivos”. “Esto es una evidencia del fracaso o colapso del Estado de Derecho. Incluso es una muestra del debilitamiento del mismo Estado (porque no puede cumplir sus compromisos)”, expresó el defensor.
El entierro de Juana Raimundo se realizó el 30 de julio en la Aldea Vijolom I, en el municipio de Nebaj, Quiché, a más de 250 Kilómetros al noroeste de la ciudad de Guatemala, donde fue acompañada por una multitud.
*Por Redacción La tinta
